PARTIDO ACCION CIUDADANA CONCESION DE LA CARRETERA SAN JOSE-SAN RAMÓN Considerando que:

COMISION POLITICA

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE JUVENTUD

PARTIDO ACCION CIUDADANA

CONCESION DE LA CARRETERA SAN JOSE-SAN RAMÓN

Considerando que:

1)      La  incapacidad de las autoridades gubernamentales, en especial del Concejo Nacional de Concesiones (CNC) para realizar negociaciones justas  y transparentes de  los contratos de concesiones que reflejen una distribución adecuada y razonable de los riesgos  del proyecto  entre el concesionario y la administración concedente.

2)      La incapacidad de las autoridades competentes  y  los órganos de fiscalización superior para  gestionar y fiscalizar la ejecución de este tipo de contratos de forma  tal que se garantice no solo la disponibilidad de las obras a tiempo y al menor costo posible, sino fundamentalmente, la protección de los derechos de los usuarios, quienes deben disponer de infraestructura pública de calidad, sin  barreras de acceso por su costo excesivo.

3)      La falta de transparencia que ha caracterizado este tipo de contrataciones en términos de acceso a la información, denuncias y cuestionamientos y hasta conflictos de interés evidentes,  como en el caso del Sr. Ministro Pedro Castro, quien admite haber realizado consultorías recientemente  a solicitud de la empresa OAS S.A., para definir aspectos técnicos directamente relacionados con el contrato de concesión,  comprometiendo así  su imparcialidad con relación a este tema  y poniendo en duda su probidad y ética en el ejercicio de su cargo.

4)      El evidente impacto para los usuarios de la carretera derivados no solo de los costos  directos del proyecto, sino principalmente,  por costos indirectos de tipo financiero y los costos de cesión del contrato, en este caso más de 34 millones de dólares, que ganó Autopistas del Valle S.A. quién no sólo no logró ejecutar las obras  durante más de 8 años con el evidente perjuicio para el Estado y los usuarios, sino además lucró con el contrato, sin hacer nada, costos que ahora tenemos que pagar todos los costarricenses.

5)      Que el proyecto sufre una disminución en el alcance de las obras a pesar del costo excesivo de la concesión lo cual favorece al concesionario en detrimento de los intereses de los usuarios, llevando esta concesión casi al extremo de poder considerarse un contrato de mantenimiento “por concesión”.

6)      Que el gobierno no ha demostrado que este fuera el único mecanismo y el más económico para realizar esta importante obra pública.

7)      Que las comunidades de Occidente y la comunidad nacional en general merecen que sus demandas e inquietudes sean atendidas con prontitud y la mayor seriedad por parte del gobierno y los órganos de control correspondientes.

Por lo tanto,  acuerdan:

a)      Respaldar las acciones emprendidas por las comunidades afectadas directa e indirectamente por este proyecto.

b)      Realizar el control político correspondiente  para garantizar el apego a la legalidad y la protección del patrimonio público y los intereses de los usuarios. Si hubiese dolo en las actuaciones y  actos de  corrupción asociados en la concesión de esta obra, el PAC actuará con firmeza en la defensa de los intereses nacionales.

c)      Instamos a la Contraloría General de la Republica y la Procuraduría General a cumplir con el papel que les corresponde en cuanto a la vigilancia de la Hacienda Pública y  la salvaguarda de los intereses del Estado.

d)      Instamos a la militancia PAC, a sus comités ejecutivos distritales, cantonales y provinciales, a la ciudadanía en general a iniciar una campaña de concientización fundamentada en sus comunidades y a participar en las manifestaciones del 11 de abril de manera pacífica y responsable.

San Pedro de Montes de Oca 10 de abril, 2013