El Papa y los principales cardenales del Vaticano han sido acusados de crímenes contra la humanidad por esconder sacerdotes católicos culpables, en denuncias formales ante la Corte Penal Internacional.
El Vaticano dice que no tiene comentarios inmediatos sobre la denuncia.
El Centro para los Derechos Constitucionales, una sede en Nueva York de un grupo legal sin fines de lucro, pidió una investigación de la Corte de crimen internacional en nombre de la Red de Sobrevivientes, argumentando que esta organización mundial ha mantenido un “sistema antiguo y generalizado de violencia sexual” a pesar de las promesas de expulsar los depredadores sexuales.
El Vaticano dice que no tiene comentarios inmediatos sobre la denuncia.
La queja menciona formalmente al Papa Benedicto XVI, en parte por su antiguo papel como jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en 2001 explícitamente adquirido la responsabilidad de supervisar los casos de abusos, el cardenal William Levada, quien ahora lleva dicha oficina, el cardenal Angelo Sodano, el secretario de Estado del Vaticano, bajo el papado de Juan Pablo II, y el cardenal Tarcisio Bertone, quien ahora ocupa ese cargo.
Los abogados de las víctimas dicen que la violencia, la violación, y tortura sexual se consideran crímenes de lesa humanidad tal como se describe en el tratado internacional que explica en detalle el mandato de la corte.
La demanda también acusa a funcionarios del Vaticano de crear políticas que perpetúan el daño, que constituyen un ataque contra una población civil.
Barbara Blaine, presidenta de la Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes de EE.UU., dijo que ir a la corte era el último recurso.
“Hemos intentado todo lo que podíamos pensar para conseguir que se detuvieran y no lo hicieron”, dijo.“Si el Papa quisiera, podría tomar medidas drásticas en cualquier momento que ayudarían a proteger a los niños hoy y en el futuro, y se niega a tomar la acción.”
Las probabilidades en contra de la apertura de una investigación judicial son enormes. El fiscal ha recibido casi 9.000 propuestas independientes de investigaciones desde 2002, cuando el tribunal fue creado como único en el mundo para los crímenes de guerra. Nunca se ha abierto una investigación formal basado únicamente en este tipo de solicitudes. En cambio, el fiscal Luis Moreno-Ocampo ha investigado delitos como el genocidio, el asesinato, la violación y reclutamiento de niños soldados en los conflictos de Darfur a la violencia en Libia.
En esos casos la Corte se ha remitido a los países donde las atrocidades fueron cometidas o a través del Consejo de Seguridad de la ONU.
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Por otra parte, el Vaticano no es un Estado miembro de la corte, los fiscales no tienen ninguna jurisdicción automática allí, aunque la denuncia abarca abusos en países de todo el mundo, muchos de los cuales no reconocen la competencia del tribunal.
La oficina del fiscal dijo en un comunicado que la prueba sería estudiada. “Primero tenemos que analizar si los presuntos crímenes caen bajo la jurisdicción de la Corte”, dijo.
Miles de personas se han presentado en Irlanda, Alemania y otros países con reportes de sacerdotes pederastas, obispos que los encubrieron y funcionarios del Vaticano que se movían tan lentamente en responder que los abusadores se quedaban a menudo en el trabajo durante décadas.
Funcionarios del Vaticano y líderes de parroquias se han disculpado repetidamente, sólo en los EE.UU., el romanismo pagó cerca de US$ 3 BILLONES salidos de los bolsillos de los creyentes para indemnizar a las víctimas y en el pago de las jubilaciones de los sacerdotes retirados.
El Vaticano está luchando en varios frentes legales en los EE.UU. contra demandas por responsabilidad directa de sus sacerdotes abusivos.
Esos procesos también podrían formar un impedimento a la Corte de Crimen Internacional de tomar el caso. El tribunal es un tribunal de última instancia, lo que significa que sólo se llevarán a los casos en que las autoridades legales en otros lugares no están dispuestos o sean incapaces de procesar.
Asimismo, el tribunal no investiga los crímenes que ocurrieron antes de su creación en 2002 . Un estudio encargado por los obispos de Estados Unidos del Colegio John Jay de Justicia Criminal en Nueva York encontró acusaciones cuyo abuso alcanzó su valor máximo en la década de 1970, y luego comenzó a declinar en 1985 cuando se comenzaron a hacer públicos los abusos.
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