Jorge Chavarría, Fiscal General, explicó que la resolución que otorgó la concesión al proyecto minero Crucitas a Industrias Infinito era ilegal, según se desprende de la investigación que realizó el Ministerio Público y por eso acusaron al exministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), Roberto Dobles, y a seis funcionarios más de la Secretería Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Roberto Dobles fue acusado por el Ministerio Público de prevaricato en el caso Crucitas.
Se intentó conocer la posición de Dobles pero no respondió a los mensajes dejados en su celular. De la misma forma se trató de obtener una versión de su abogado, Laureano Castro, pero tampoco devolvió los mensajes. Sin embargo, el abogado del exministro le dijo crhoy.com el pasado 14 de marzo, que estaban ”presentando todas las pruebas y documentos que (según dicen ellos) eximen al exministro de toda responsabilidad del caso Crucitas”.
Además de Dobles, el Ministerio Público acusó a seis funcionarios más de SETENA: Sonia Espinoza, exdirectora de la institución y Cinthia Cavallini, exdirectora de registro minero, así como a Eduardo Lezama, Jorge Boza, Carmen Cruz, José Corrales.
El Fiscal General dijo que consideran que la resolución administrativa que otorgó la concesión a la empresa minera así como los dictámenes y la resolución del consejo pleno de SETENA son contrarias a la ley.
“El exministro Dobles, a pesar de que la Sala Constitucional había declarado nula la concesión, en un acto extraño de la correcta administración pública, plantea un recurso, además de manera extemporánea, solicitando la revocatoria de la resolución de la Sala”, comentó Chavarría.
En este contexto, dijo el Fiscal General, “cuando está resolviéndose la solicitud del ministro, la empresa presenta una nueva solicitud de concesión, pidiendo ampliación del área a explorar, lo que tornaba más grave la petición y a pesar del impacto serio contra el ambiente y el manto acuífero, los funcionarios de SETENA -sin mucho cuestionamiento- dictaminaron a favor de esta nueva solicitud y luego el Consejo Pleno de SETENA toma una resolución fundándose en este criterio y aprobando desde el punto de vista técnico los extremos de la concesión”, manifestó Chavarría.
“En base a estos dos actos administrativos, el exministro concede la nueva concesión. Obviamente, el trámite que se siguió que es totalmente al margen de la correcta administración pública, es un acto doloso y constituye el delito de prevaricato, por las dos acciones y en diferentes grados de participación”, indicó Chavarría.
El Fiscal General señaló que la investigación contra el expresidente Óscar Arias sigue abierta, y lo que hicieron fue dividir las causas para poder acusar a Dobles y los funcionarios del SETENA.
“En el caso del expresidente Arias estamos esperando un prueba de una fundación canadiense”, dijo.
La investigación se realizó por recomendación del Tribunal Contencioso Administrativo que, en noviembre del 2010, anuló la concesión de Industrias Infinito y la declaratoria de interés público del proyecto minero. El fallo quedó en firme un año después.
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