Elizabeth Fonseca, Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Política
En sendos editoriales, Deuda Política del PAC (26-9-2012) y Ética y Legalidad (28-9-2012), el periódico LaNación acusa a la dirigencia del Partido Acción Ciudadana (PAC) de faltar a su “rigurosidad ética”, por suscribir contratos por servicios especiales con nuestros partidarios y colaboradores durante la última campaña electoral, respaldar su pago con certificados de cesión de derecho a la contribución estatal tipo B, e incluirlos dentro de la liquidación de gastos presentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El Partido Acción Ciudadana ha participado en tres ciclos electorales y siempre hemos utilizado los recursos de la denominada deuda política de forma honesta y transparente. Por eso para nosotros no son de recibo los argumentos que construye LaNación para descalificar nuestra trayectoria partidaria.
A conciencia, celebramos que el TSE examine a fondo los mecanismos empleados por cada partido para acceder a la deuda política, administrar los recursos y liquidar sus gastos. Asimismo, somos los primeros en aplaudir las investigaciones abiertas sobre el financiamiento de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. También nos complace el interés de los medios de comunicación por este asunto; pero lamentamos que, en el caso de LaNación, se ignoren los esfuerzos de la dirección del partido por rendir explicaciones claras al TSE y cuentas a la ciudadanía. Las declaraciones ofrecidas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAC, en conferencia de prensa convocada al efecto, fueron ignoradas por LaNación, mostrando una actitud de arbitrariedad sistemática contra el PAC.
Generalizaciones abusivas. Los editoriales de La Nación que son objeto de este comentario pueden tener el efecto, en un sector de la ciudadanía, de inducir la falsa idea de que en todos los partidos sus dirigentes nos comportamos indecorosamente. Tales generalizaciones son graves no solo para los partidos políticos, sino, en general, para la vida en democracia.
El editorialista no se equivoca al reconocer que la contratación de servicios especiales durante los ciclos electorales es un mecanismo legal, regulado por la normativa electoral vigente. Basados en el Código Electoral y su reglamento, hicimos uso del mecanismo de los servicios especiales. Contratamos dirigentes, partidarios y colaboradores para desempeñar diversas labores concernientes al proceso electoral. Cada persona efectivamente realizó el trabajo para el cual se la contrató, y en su momento presentamos la documentación respectiva ante el TSE. El PAC ha presentado todos los documentos solicitados por los auditores del TSE, quienes hicieron una minuciosa revisión y validación de estos.
No comprendemos la reticencia de LaNación a reconocer la legalidad de un mecanismo de contratación utilizado con transparencia y rigurosidad por el PAC. El PAC es un partido democrático que ha financiado todas las campañas en que ha participado de forma lícita, utilizando recursos públicos y pequeñas donaciones. Nunca hemos buscado ampararnos en el financiamiento ilegal ni hemos manejado cuentas paralelas, como sí ha ocurrido en otros partidos, ni menos hemos buscado aportes de grupos económicos poderosos, que permiten ganar campañas, pero luego plantean demandas que impiden gobernar para el bien común. En consecuencia, para el PAC la contribución estatal es de vital importancia. Por respeto a la ciudadanía, de manera puntual aclaramos:
1.El trabajo voluntario es un patrimonio del PAC; es la columna vertebral de nuestras campañas. Durante el último proceso, decidimos dar valor económico al aporte de algunos de nuestros partidarios y partidarias. Cada uno de los colaboradores ofreció sus servicios y trabajó arduamente, aun cuando solo generamos una expectativa de pago. No engañamos a nadie.
2.Darle un valor al trabajo de nuestros colaboradores reforzó y multiplicó la participación. Nuestros militantes, aspirantes o no a puestos de elección popular, siempre desplazaron sus agendas personales para atender las necesidades de organización partidarias. Entonces, ¿por qué renunciar a un mecanismo legal como la contratación y remuneración de servicios especiales? Censurar nuestra decisión, es decir, la valorización del trabajo voluntario, es perverso.
3.Cada una de las personas que suscribió contratos con el PAC por servicios especiales recibió toda la información de manera oportuna. Donar o no su remuneración al partido era una decisión personal, que valoramos y respetamos.
4.Ante dudas maliciosas, hemos propuesto al TSE que ordene estudios grafoscópicos para determinar la autenticidad de las firmas en los documentos que respaldan nuestra liquidación de gastos. Por cada contratación, el PAC presentó cuatro documentos al órgano electoral, que solicitaba solo uno. De su puño y letra, cada persona estipuló en la fotocopia de su cédula que su firma era auténtica. ¿Ignora el editorialista que los contratos son machotes que se completan con la información personal del colaborador, donde se consignan clara- mente todas las condiciones contractuales?
5.Quienes hoy se rasgan las vestiduras por un mecanismo lícito de financiamiento partidario, han sacado clavos de oro con los procesos electorales. Para algunos, la deuda política es un lucrativo negocio. La Nación, por ejemplo, no escatima esfuerzos por cobrar a los partidos políticos en campaña (como es su derecho, ciertamente), hasta el último centavo por concepto de publicidad. La Nación ni siquiera recibe certificados de cesión: exige depósitos o transferencias de pago por adelantado. ¡Y, encima, cuestiona el instrumento, legal y ético, que decidimos utilizar para remunerar a quienes trabajaron a conciencia y de buena fe durante el proceso!
El PAC surgió a la vida política como alternativa real de poder frente a la política tradicional, levantando la bandera de la ética en la función pública. La ciudadanía puede tener seguridad de que hemos actuado apegados a la ética y a la legalidad.
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