martes, 16 de octubre de 2012

Con la palabra extorsión califican los ingenieros y profesionales del ICE, agrupados en el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (SIICE), en ACOTEL y otras entidades de la institución, el condicionamiento que le hace la SUTEL a la entidad para que pueda comprar la empresa Cablevisión. Asimismo, llaman a las autoridades del ICE a rechazar la compra de la cablera porque sería un pésimo negocio para la entidad.



Con indignación y malestar en varios sectores de la población, que defienden al Instituto Costarricense de Electricidad, así como de sus funcionarios, se ha recibido la noticia de que la SUTEL exige a la institución de electricidad y telecomunicaciones del Estado que entregue un conjunto de bandas de frecuencia por un total de 350 MHz. 
"Esta situación es totalmente inaudita, y es difícil entender como un ente regulador puede llegar a este tipo de EXTORSIONES, especialmente porque no es su incumbencia solicitar devoluciones de espectro radioeléctrico y mucho menos sujetar esa autorización a una obligación vedada al ICE para "renunciar" a espectro radioeléctrico", expresa SIICE en un comunicado enviado a sus afiliados y medios este día.
Igualmente se manifestó ACOTEL. "Mientras TIGO compró recientemente AMNET sin condicionantes, en cambio al ICE le exigen liberar frecuencias", expresa un comunicado de repudio de esta otra entidad. Para ellos es claro que los funcionarios de la SUTEL actúa faltando a principio de la probidad.
El SIICE ha repudiado y denunciado el proceder de la entidad reguladora por lo que consideran evidente compromiso con las transnacionales de telecomunicaciones, y solicitan al ICE declinar la compra de Cablevisión ante tal "extorsión" reguladora, por los daños y perjuicios que recibiría la entidad y ellos explican.
El SIICE solicitó formalmente a Teófilo de la Torre que no acepte el condicionamiento y desista de comprar Cablevisión, en una carta que legó a este medio.
Según el sindicato, el condicionamiento de la SUTEL es absurdo e improcedente, "porque en medio de una solicitud de autorización que por mucho tiempo ha venido negociando el ICE, el regulador se atreve a pedirle al ICE que renuncie voluntariamente de bandas del espectro radioeléctrico que son de plena concesión del ICE, con un valor altísimo de mercado no menor a $350 millones de dólares, supuestamente para obtener, tardíamente, la autorización para adquirir la cablera, que por su participación relativa de mercado podría tener un valor de negocio para el ICE tal vez de unos $10 millones de dólares".
La estrategia de la SUTEL ha sido vista como una maniobra descarada en perjuicio del ICE y favor de las empresas transnacionales de tecnología. Según informa SIICE, lo peor es que "para hacer más severa la afectación al ICE, el espectro que le están exigiendo "devolver", es el que estaría necesitando para implementar tecnologías LTE y LTE Advanced, que son las que van a permitir un ancho de banda de hasta 1 Gbps a los clientes de su red móvil y hacia las cuales se dirige el mercado nacional en competencia, privando al ICE de poder desarrollar sus redes como tiene planeado. ¿Alguien puede comprender semejante disparate de un regulador?"
La actitud y posición reiterada de la SUTEL por poner trabas al funcionamiento del ICE, así como intentar despojarlo de sus ventajas, ha sido denunciada de manera reiterada por grupos sociales, sindicatos y políticos costarricenses, comprometidos con la defensa del ICE como patrimonio del país.
"También existen costos ocultos detrás de esta potencial entrega, y tiene que ver con la "limpieza" que tendría que hacer el ICE de dichas bandas, donde hoy tiene otros servicios en operación, esto obligaría al ICE a desechar millones de dólares en infraestructura que todos los costarricenses hemos pagado. Con la experiencia del anterior acuerdo de devolución del espectro que suscribió el ICE para permitir la competencia, sabemos que es un malísimo "negocio" para el ICE, buenísimo para los competidores y los pocos dólares que le reconocerían al ICE se le entregarían tal vez a dos años plazo", agregan.

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