El 2012 se perfila como un año decisivo en la defensa de los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares en Costa Rica, pues la administración Chinchilla -en contubernio con el Partido Acción Ciudadana-, apostará por aprobar su proyecto de reforma fiscal, y además, implementar una serie de recortes presupuestarios en las instituciones estatales. Más claramente, durante los meses venideros se determinará ¿quién pagará las consecuencias de la crisis capitalista en Costa Rica en los próximos años?

Frente al ajuste fiscal del gobierno, es precisa la unidad del movimiento sindical alrededor de una agenda de lucha y movilización social.

El 2012 se perfila como un año decisivo en la defensa de los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares en Costa Rica, pues la administración Chinchilla -en contubernio con el Partido Acción Ciudadana-, apostará por aprobar su proyecto de reforma fiscal, y además, implementar una serie de recortes presupuestarios en las instituciones estatales. Más claramente, durante los meses venideros se determinará ¿quién pagará las consecuencias de la crisis capitalista en Costa Rica en los próximos años?

Un ajuste fiscal a dos bandas: recortes presupuestarios y reforma tributaria

Desde luego que el gobierno de Laura Chinchilla, como representante de los intereses generales de los capitalistas en el país, tiene como política que sea la clase trabajadora, asalariados estatales y los sectores populares, quienes costeen el elevado déficit fiscal, que para el 2011 representó un 4,4% del PIB (equivalente a 900 millones de colones).Y en esta dirección ya implementó una serie de medidas ejecutivas, centralmente orientadas a desfinanciar las instituciones estatales.

Esto se comprende mejor al comparar la disminución relativa del presupuesto nacional en los últimos años: “El plan de gastos [se refiere al del 2012] se incrementará un 8% respecto al del 2011, lo cual será menor al 13,7% del presupuesto del 2011 comparado con el 2010 y al 20% del 2010 en relación con el del 2009 (1)”.

Lo anterior explica el constante deterioro en los servicios brindados por instituciones estatales, las cuales están siendo asfixiadas financieramente por el gobierno de Chinchilla. Uno de los casos más relevantes es la CCSS, institución que aparte de contar con elevados índices de morosidad patronal –incluido el Estado-, para el 2012 está sufriendo altos recortes que ponen en jaque el funcionamiento de importantes centros hospitalarios.

De acuerdo a un comunicado del Colegio de Médicos y Cirujanos, debido a estos recortes “no se garantiza una cobertura adecuada” de los servicios hospitalarios; algo patente en hospitales como el de Alajuela, que sufrió un recorte de 1.000 millones de colones, por lo que disminuyó un 30% el rubro destinado para guardias y un 10% el dedicado a la disponibilidad médica (2).

Otra faceta del ajuste fiscal del gobierno consiste en pauperizar las condiciones de trabajo en el sector estatal. Un ejemplo reciente lo constituye el ridículo “aumento” salarial de cinco mil colones, decretado unilateralmente por el gobierno y, que tan siquiera, alcanza para cubrir la inflación acumulada en el semestre anterior (mucho menos la inflación proyectada para este primer semestre) (3). Además, poco antes de cerrar esta edición, se hicieron públicas las intenciones del gobierno por reintroducir en las sesiones extraordinarias del parlamento la Ley de Empleo Público, a través de la cual se homologarían hacia abajo las condiciones laborales y salariales en todas las instituciones estatales, suprimiendo pluses, anualidades y otras conquistas del sector.

Como correlato de esto, vale señalar que los capitalistas también vienen aplicando “ajustes” en sus respectivas empresas, ya sea mediante el despido de trabajadores y trabajadoras (el desempleo aumentó del 7,3% al 7,7%); o bien, a través de un incremento en la “productividad” en sus negocios, lo que en realidad significa un incremento en los niveles de explotación durante la jornada de trabajo. Al respecto de esto último, fue muy significativa la histórica huelga bananera de noviembre del 2011, realizada por los obreros y obreras de las fincas pertenecientes a Del Monte en Sixaola, quienes libraron una lucha de 21 días en repudio a la implementación de un “combo”, que reducía en un 60% sus salarios (4). 

Por último, pero no menos importante, está el proyecto de reforma fiscal del gobierno –negociado con el PAC-, el cual se sustenta en el cobro de un impuesto indirecto del 14% sobre el valor agregado (IVA), que viene a perpetuar la desigual estructura tributaria del país, donde el 66,1% de los ingresos fiscales corresponden a impuestos sobre el consumo, mientras que las entradas por tributos directos (es decir, sobre la renta capitalista) representan el 33,9% restante.  En otras palabras, en Costa Rica 2/3 partes de los ingresos fiscales recaen principalmente sobre las personas provenientes de la clase trabajadora, los asalariados estatales y los sectores populares, mientras que los grandes consorcios capitalistas nacionales y/o transnacionales, tan sólo aportan 1/3 parte de los ingresos anuales de la hacienda nacional.

Las tareas para el movimiento sindical y popular

Desde el Partido Socialista de las y los Trabajadores (PST), caracterizamos que la tarea central para el conjunto del movimiento sindical, estudiantil y popular para el 2012, se sintetiza en la necesidad de derrotar el plan de ajuste fiscal del gobierno, tanto en su faceta de recortes presupuestarios, así como en las intenciones de aprobar su regresivo proyecto de reforma tributaria.

Asumir plenamente esta tarea implica que las organizaciones sindicales y populares replanteen sus métodos de lucha y organización. En primer lugar, porque torna indispensable articular un espacio unitario para el conjunto de organizaciones, desde el cual coordinar, centralizar e impulsar las actividades de movilización social. Aunque en los últimos meses se han gestado algunas reuniones de diferentes espacios, en términos generales se caracterizan por tener un carácter muy coyuntural y poco sistemático (5).

En segundo lugar, es preciso que se trace una estrategia real de lucha que, efectivamente, persiga derrotar –y no renegociar o pactar- el plan de ajuste fiscal del gobierno y la burguesía. Para esto, las organizaciones sindicales deben avanzar hacia una perspectiva más política de sus luchas particulares, abandonando todo posicionamiento gremialista y cortoplacista.

Desde el PST encontramos progresivo realizar movilizaciones por mejores condiciones salariales y/o reivindicaciones sectoriales, pero dentro de la coyuntura actual hacerlo desligado de un plan de lucha contra el ajuste fiscal es equivocado, pues tiende hacia el desgaste de la fuerzas sociales con capacidad de movilización. Al respecto, vale recordar la experiencia de lucha contra el TLC, donde hubo infinidad de movilizaciones contra el tratado comercial, pero sin ninguna perspectiva de desencadenar un proceso de lucha para derrotarlo en las calles (por eso mismo el referéndum resultó idóneo para la mayoría de dirigencias sindicales que apostaron desde un inicio a una salida institucional).

Los recientes procesos de lucha a nivel internacional demuestran que ante la profundización de la crisis económica mundial, las burguesías tienen como política descargar los costos de la misma sobre las espaldas de la clase trabajadora y los sectores populares. Y no dudamos de que Costa Rica tenderá a  sincronizarse cada vez más con esta situación mundial, pues no basta con ser declarado el “país más feliz del mundo” (sic) para escapar del alcance universal de la lucha de clases. Asumir esta premisa política es un elemento central para comprender las tareas actuales que tenemos por delante.