Solo un 41% del terreno era apto
Los diputados del PUSC, ML Y PAC entregaron hoy el informe de la Comisión de Gasto Público el informe sobre las irregularidades en la compra del terreno “finca Boschini” para la construcción de proyectos de vivienda de interés social en Alajuelita, realizada por el INVU
El informe que fue firmado por los diputados Walter Céspedes del PUSC, Marielos Alfaro del PML y Víctor Hernández del PAC señalan puntualmente en sus recomendaciones, las acciones que deberían tomar: El Consejo de Gobierno, La Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, y el Ministerio Público.
Las recomendaciones se basan luego de una investigación respecto de la compra irregular de un terreno efectuado por el INVU, por el que se pagó más de 512 millones de colones, con condiciones irregulares y riesgosas y que además supuestamente se pagó un sobreprecio de más de 98 millones de colones. El terreno que adquirió el INVU, no contaba con las características necesarias para un proyecto de vivienda y solo se pudo utilizar un 41% del total.
Además, en el amplio informe que emitió la Comisión de Ingreso y Gasto Público, los diputados señalan que la compra se tramitó sin un avalúo y sin contar con el refrendo de la Contraloría General de la República y al parecer irrespetando las condiciones y requerimientos técnicas establecidas en el Cartel de Licitación, en la Ley y Reglamento de la Contratación Administrativa y en las disposiciones normativas reglamentarias internas del INVU.
El diputado Walter Céspedes hizo hoy un llamado al gobierno para que en forma drástica y con la inmediatez del caso acoja las recomendaciones de esta Comisión Legislativa y proceda a efectuar los castigos y acciones correspondientes”
“El gobierno liberacionista , así como no le tiembla el pulso para imponer la carga de impuestos sobre los sectores de menores recursos , no le debe temblar el pulso para proceder a acatar las recomendaciones de despidos, investigaciones y respaldar las acciones de la Comisión de Ingreso y Gasto Público”
“No podemos aceptar que mientras miles de costarricenses padecen las angustias de vivir en condiciones de pobreza extrema, miles de ciudadanos año a año pasan de su condición de pobres al rango de vivir en pobreza extrema. Mientras miles de costarricenses no tienen como solventar sus necesidades básicas de alimentación mínima, por otro lado, los tagarotes, los vividores, los funcionarios incompetentes, dilapidan los escasos recursos del Estado creyendo que jamás serán sancionados”, dijo el diputado limonense.
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