En Crucitas de San Carlos, provincia de Alajuela, la empresa pretendía construir una mina de oro a cielo abierto, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
La última oportunidad de la transnacional, en la vía judicial, para defender su proyecto fue agotada ante la Sala Primera, el más alto tribunal en materia legal administrativa.
El fallo del Alto Tribunal ratifica la eliminación de permisos, otorgados ilegalmente, así como un decreto del ex presidente Oscar Arias Sánchez, que declaraba de interés público y conveniencia nacional dicho proyecto.
La última sentencia en el caso se da tras centenares de movilizaciones y protestas de organizaciones ambientalistas y sociales, y con el repudio de más del 90 por ciento de la población costarricense.
La siguiente es la comunicación oficial del Poder Judicial:
En los procesos de conocimiento acumulados establecidos por Asociación Preservacionista de Flora y Fauna y Jorge Lobo Segura contra Industrias Infinito S.A. (IISA), el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar parcialmente las demandas, de manera que
A) declaró nulo:
1) La resolución 3638-2005-SETENA (otorgó viabilidad ambiental)
2) El acto 170-2008-SETENA (aprobó modificación al proyecto minero)
3) La resolución R-217-2008-MINAE (otorgó la concesión)
4) El Decreto Ejecutivo 34801-MINAET (declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto)
5) El acto 244-2008-SCH (autorizó el cambio de uso de suelo)
B) Ordenó al Registro Nacional Minero cancelar la concesión a favor de IISA
C) Ordenó comunicar el fallo a:
1) Ministerio de Hacienda, al Área de Servicios Públicos Generales y Ambientales de la Contraloría General de la República, al Área de derecho Agrario-Ambiental de la Procuraduría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes para lo de sus cargos
2) El Minaet para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes en contra de Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz y Cynthia Cavallini Chinchilla
3) Al Ministerio Público a fin de que inicie investigación para que determine si es procedente o no seguir causa penal contra Óscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias
4) A la fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a fin de investigar el comportamiento del agremiado Sergio Artavia Barrantes durante el proceso
D) Condenó a la parte demandada al reconocimiento de las costas del proceso.
Contra ese fallo presentaron recursos de casación IISA, el Sinac, el Estado, la coadyuvante pasiva Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito S.A., así como el Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y Paz Social S.A. y los señores Sonia Espinoza Valverde y Eduardo Murillo Marchena; José Francisco Castro Muñoz y Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias, impugnando distintos pronunciamientos.
En sentencia n.° 1469 de las 9 horas del 30 de noviembre de 2011, la Sala Primera declaró sin lugar los recursos de casación.
Lo anterior significa que el fallo del Tribunal se mantiene firme.
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