Comisión legislativa pide detener contrato con APM Terminals

Comisión legislativa pide detener contrato con APM Terminals
El cartel de licitación fue redactado para que solo una empresa, APM Terminals, pudiera concursar, aseguró la comisión investigadora.Los diputados de oposición en la comisión legislativa especial de concesiones pidieron este miércoles a la Contraloría General que no refrende el contrato suscrito por el gobierno con la transnacional holandesa APM Terminals para la construcción de un nuevo puerto en Limón.
El contrato, que fue suscrito el pasado 30 de agosto entre las máximas autoridades del gobierno y los representantes de APM, "está plagado de incongruencias, vicios de procedimiento, adendas y privilegios excesivos", declararon los diputados en una conferencia de prensa.
"El Poder Ejecutivo adelantó la firma del contrato de concesión sin contar con estudios técnicos, de impacto social y ambiental", declararon los diputados firmantes del informe: Manrique Oviedo (PAC), Walter Céspedes (PUSC) y Víctor Granados (PASE).
Los representantes del Partido Liberación Nacional en la comisión legislativa se apartaron de las consideraciones hechas por la oposición, pero no habían emitido aún su punto de vista.
Además de pedir a la Contraloría que niegue el refrendo, los legisladores anunciaron que pedirán al Ministerio de Público una investigación contra el ministro de Transportes, Francisco Jiménez, y el presidente ejecutivo de Japdeva, Allan Hidalgo, a quienes acusan de haber dado informaciones falsas a la comisión.
Los diputados aseguraron que el gobierno ha mentido reiteramente al país sobre la supuesta incapacidad del Estado para modernizar los muelles actuales, sobre el efecto laboral de la concesión y sobre la supuesta existencia de estudios de impacto ambiental y laboral.
Prerrogativas
Otro de los señalamientos de la comisión es que el gobierno concedió a la empresa 15 prerrogativas que no estaban estipuladas en el cartel de licitación, luego de que la concesión le fue otorgada en un proceso en que esta compañía holandesa fue la única oferente.
"Es falso que hubiera unas 60 empresas interesadas en este negocio, la verdad es que el cartel de licitación fue confeccionado de tal manera que solo una empresa pudiera participar y eso fue lo que ocurrión", aseguró el diputado Walter Céspedes (PUSC), uno de los integrantes de la comisión.
Entre estas prerrogativas está el compromiso del Estado de efectuar el dragado del puerto, que lo haría Recope; la construcción de una carretera de cuatro carriles que costará 20 millones de dólares; exoneraciones de impuestos para la importación de maquinaria y visas para todas las personas que la empresa quiera traer al país.
Adicionalmente, el Ministerio de Transporte MOPT ha invertido unos 75 millones de colones en una campaña a favor de la concesión, por lo cual los diputados pidieron al Ministerio Público que levante una investigación.
Impactos
La comisión señala que esta concesión tendrá "repercusiones castastróficas" para Japdeva y los habitantes de Limón desde el punto de vista económico, debido a que una gran cantidad de recursos que genere el negocio portuario dejarán de fluir hacia la institución y la comunidad.
Ello por cuanto el contrato con APM Terminals establece un canon a favor del Estado de 5%, cuando Japdeva utiliza un 15% de sus ganancias para invertir en obras en favor de la comunidad limonense.
"En el campo laboral, se propició por parte del gobierno una estrategia de negociación sobre recontratación de personal, que es sencilla una burla para los limonenses, y esto atenta contra la paz social" de la provincia.
"Esta concesión tiene enormes repercusiones en la vida de todos los limonenses, el gobierno nunca realizó un estudio serio y amplio del impacto social que la concesión de puerto provocaría en los habitantes y poblados de la vertiente atlática", agrega el informe
Estrategia: debilitar a Japdeva
La actual y la anterior administración del PLN han sido "mezquinas" con Japdeva y con el país, porque no le han permitido a JAPDEVA invertir en la modernización de los muelles.
"Más bien parece que la estrategia ha sido debilitar a JAPDEVA para justificar la concesión", aseguró el diputado Manrique Oviedo (PAC).
El mismo legislador reprochó al gobierno el haber insistido en que el país no tenía capacidad para invertir en la modernización de los actuales puertos de Moín y Limón, cuando existen estudios -aseguró- que demuestran que con una inversión de entre 74 y 100 millones de dólares se hubiera logrado el objetivo.
"También se ha dicho al país que hay ineficiencia porque los barcos deben esperar horas y días para atracar, pero eso no es del todo cierto. Con frecuencia ocurre que los barcos llegan antes del tiempo programado o se producen retrasos en las fincas bananeras, retrasos que no tienen nada que ver con la operación del puerto", apuntó Oviedo.
Según dijo el diputado, los funcionarios del MOPT y de JAPDEVA han mentido al país en el sentido de que la profundidad de los actuales muelles es muy poca, por lo cual no pueden recibir barcos de gran calado ni soportan la instalación de grúas de mayor tamaño.
El legislador dijo que en giras realizadas a la provincia de Limón, se obtuvo información fidedigna de que la profundidad de los actuales atracaderos es de 14 metros y que existen previstas para instalar grúas de mayor capacidad, que perfectamente pueden soportar las estructuras actuales.





















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