San José (elpais.cr) - El Partido Unidad Socialcristiano (PUSC), reclamó el doble discurso de la presidenta de la República, del presidente del Congreso, de diputados y cristianos por su doble discurso con el que respaldan la privatización del agua.
El jefe de la Fracción del PUSC, Walter Céspedes Salazar, anunció que su fracción defenderá los recursos de la naturaleza en procura de que su aprovechamiento y utilización sea en beneficio de la mayoría de la población y no de unos pocos que tengan la capacidad de comprarla. Lo dijimos el 1º de mayo y lo reafirmamos hoy.
Ante el cambio de decisión del Partido Liberación Nacional (PLN), de plegarse a la tesis del Movimiento Libertario (ML), de privatizar el agua, Céspedes fustigó el cambio de opinión de la presidenta Laura Chinchilla, del presidente del Congreso, Luís Gerardo Villanueva Monge, quienes inicialmente, hace ocho años, defendieron la necesidad de que el agua estuviera bajo dominio del Estado.
“La posición del ML no sorprende. Durante más de 4 años han estado procurando entrabar esta reforma constitucional, tal como lo indicó hace más de un mes el Diputado Luís Fishman, cuando los emplazó, como otros miembros del Parlamento, a dejar votar la reforma constitucional, puesto que ya llevan más de mil minutos de discusión de propuestas, a veces repetidas y a veces imposibles de comprender”, dijo.
Recalcó que “la posición del PLN si genera sorpresa, puesto que siempre se mantuvo, al menos en el discurso, a favor de la protección constitucional que este proyecto le otorga al recurso hídrico”.
“Doña Laura Chinchilla en su programa de Gobierno indicaba como una prioridad de su gobierno: Asegurar el suministro de agua para el consumo humano y para el desarrollo de las actividades productivas y Regular el suministro, tratamiento, concesión y administración del agua en el país”, recordó Céspedes Salazar.
“Y hoy, sorprendentemente, su fracción está en contra de calificar esa protección!”, criticó Céspedes a viva voz en el plenario legislativo.
El proyecto pretende elevar a rango constitucional, la categoría de protección que tiene el agua, como bien demanial. Actualmente, conforme lo establece la Ley de Aguas (artículo 1 y 2), éstas están protegidas y son un bien del Estado, sin embargo la propuesta es elevar esta protección a categoría constitucional.
La exposición de motivos, firmada en su oportunidad por Chinchilla y Villanueva, sostiene que “los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles y se caracterizan porque ni los particulares ni las instituciones públicas pueden adquirir sobre el uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes, derechos permanentes, ni titularidad alguna”.
Ese fue el nivel de protección de don Luis Gerardo Villanueva -Presidente de la Asamblea-, don Carlos Ricardo Benavides –Ministro de Turismo-, don Carlos Avendaño –actual diputado cristiano- y doña Laura Chinchilla Presidenta de la Repúblicas querían darle al agua hace 8 años. Pero hoy, pareciera que sus posiciones han variado, dijo Céspedes.
Agregó que ese fue el nivel de protección que la ex diputada María Lourdes Ocampo, sobrina de la Diputada Ocampo Baltodano, hoy presente, quiso darle al recurso hídrico, consciente de las necesidades de su mejor y mayor aprovechamiento, en una provincia que sufre constantemente por la escasez.
“Es incomprensible y llama la atención la falta de consecuencia en actitudes como la del hoy Presidente Villanueva Monge, cuando en noviembre de 2005 firmó apoyando una moción de alteración del orden del día, para que este proyecto ocupara el primer lugar en el Capítulo de Reformas Constitucionales. Y hoy, quiere enterrarlo...!”, recriminó Céspedes.
Resaltó que no es cierto que de aprobarse este proyecto de reforma constitucional, la Asamblea tenga que conocer de todas las concesiones.
“¿Acaso que eso es lo que ocurre con las fuerzas hidroeléctricas? Bien se sabe que la Asamblea, para un funcionamiento más efectivo de la protección constitucional, dicta leyes marco, que establecen las condiciones necesarias de la concesión así como su legislación particular y específica. Actualmente la Ley de Aguas establece en sus artículos 17 a 29, los requisitos para la concesión del recurso hídrico”, dijo.
Céspedes afirmó que “efectivamente el agua ya está protegida. Eso es cierto. Pero entonces, ¿por qué se niegan a darle una protección mayor? Me atrevo a pensar que Ustedes creen que es más fácil modificar la ley de aguas que la Constitución Política para los negocios que vengan con la nueva Ley General de Electricidad para favorecer a los más ricos de este país y posiblemente a los que financiaron las campañas políticas”.
El jefe de la Fracción del PUSC, Walter Céspedes Salazar, anunció que su fracción defenderá los recursos de la naturaleza en procura de que su aprovechamiento y utilización sea en beneficio de la mayoría de la población y no de unos pocos que tengan la capacidad de comprarla. Lo dijimos el 1º de mayo y lo reafirmamos hoy.
Ante el cambio de decisión del Partido Liberación Nacional (PLN), de plegarse a la tesis del Movimiento Libertario (ML), de privatizar el agua, Céspedes fustigó el cambio de opinión de la presidenta Laura Chinchilla, del presidente del Congreso, Luís Gerardo Villanueva Monge, quienes inicialmente, hace ocho años, defendieron la necesidad de que el agua estuviera bajo dominio del Estado.
“La posición del ML no sorprende. Durante más de 4 años han estado procurando entrabar esta reforma constitucional, tal como lo indicó hace más de un mes el Diputado Luís Fishman, cuando los emplazó, como otros miembros del Parlamento, a dejar votar la reforma constitucional, puesto que ya llevan más de mil minutos de discusión de propuestas, a veces repetidas y a veces imposibles de comprender”, dijo.
Recalcó que “la posición del PLN si genera sorpresa, puesto que siempre se mantuvo, al menos en el discurso, a favor de la protección constitucional que este proyecto le otorga al recurso hídrico”.
“Doña Laura Chinchilla en su programa de Gobierno indicaba como una prioridad de su gobierno: Asegurar el suministro de agua para el consumo humano y para el desarrollo de las actividades productivas y Regular el suministro, tratamiento, concesión y administración del agua en el país”, recordó Céspedes Salazar.
“Y hoy, sorprendentemente, su fracción está en contra de calificar esa protección!”, criticó Céspedes a viva voz en el plenario legislativo.
El proyecto pretende elevar a rango constitucional, la categoría de protección que tiene el agua, como bien demanial. Actualmente, conforme lo establece la Ley de Aguas (artículo 1 y 2), éstas están protegidas y son un bien del Estado, sin embargo la propuesta es elevar esta protección a categoría constitucional.
La exposición de motivos, firmada en su oportunidad por Chinchilla y Villanueva, sostiene que “los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles y se caracterizan porque ni los particulares ni las instituciones públicas pueden adquirir sobre el uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes, derechos permanentes, ni titularidad alguna”.
Ese fue el nivel de protección de don Luis Gerardo Villanueva -Presidente de la Asamblea-, don Carlos Ricardo Benavides –Ministro de Turismo-, don Carlos Avendaño –actual diputado cristiano- y doña Laura Chinchilla Presidenta de la Repúblicas querían darle al agua hace 8 años. Pero hoy, pareciera que sus posiciones han variado, dijo Céspedes.
Agregó que ese fue el nivel de protección que la ex diputada María Lourdes Ocampo, sobrina de la Diputada Ocampo Baltodano, hoy presente, quiso darle al recurso hídrico, consciente de las necesidades de su mejor y mayor aprovechamiento, en una provincia que sufre constantemente por la escasez.
“Es incomprensible y llama la atención la falta de consecuencia en actitudes como la del hoy Presidente Villanueva Monge, cuando en noviembre de 2005 firmó apoyando una moción de alteración del orden del día, para que este proyecto ocupara el primer lugar en el Capítulo de Reformas Constitucionales. Y hoy, quiere enterrarlo...!”, recriminó Céspedes.
Resaltó que no es cierto que de aprobarse este proyecto de reforma constitucional, la Asamblea tenga que conocer de todas las concesiones.
“¿Acaso que eso es lo que ocurre con las fuerzas hidroeléctricas? Bien se sabe que la Asamblea, para un funcionamiento más efectivo de la protección constitucional, dicta leyes marco, que establecen las condiciones necesarias de la concesión así como su legislación particular y específica. Actualmente la Ley de Aguas establece en sus artículos 17 a 29, los requisitos para la concesión del recurso hídrico”, dijo.
Céspedes afirmó que “efectivamente el agua ya está protegida. Eso es cierto. Pero entonces, ¿por qué se niegan a darle una protección mayor? Me atrevo a pensar que Ustedes creen que es más fácil modificar la ley de aguas que la Constitución Política para los negocios que vengan con la nueva Ley General de Electricidad para favorecer a los más ricos de este país y posiblemente a los que financiaron las campañas políticas”.
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