Fracción del Partido Acción Ciudadana
Lunes 18 mayo del 2009
Comunicado de Prensa
Buenos Aires, Puntarenas
· Organizaciones sociales denuncian amenazas de muerte, persecución sindical, practicas laborales desleales y violación a los convenios internacionales de la OIT
· Acusaciones fueron presentadas desde el 2008
El líder sindical Aquiles Rivera fue amenazado de muerte por denunciar la contaminación ambiental en la zona sur. Además, varios documentos e investigaciones sobre el uso de químicos en la región fueron extraídos de la oficina del sindicato de la Central Social Juanito Mora, en Buenos Aires de Puntarenas.
El dirigente ambientalista que colaboró a frenar la expansión piñera afirma sufrir persecución sindical, prácticas laborales desleales y la violación a los convenios internacionales de la OIT -artículos 87, 135 y recomendación 143- que garantizan la defensa del medio ambiente, del agua y de la tierra.
La acusación fue presentada ante la fiscalía ambiental, pero las organizaciones sociales que trabajan con la ayuda de CEDARENA(Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales) manifiestan que el tema trasciende la lucha por el rescate y la conservación del medio ambiente.
“Hemos denunciado pública y judicialmente la situación en Buenos Aires, que es el segundo cantón más pobre del país. Se trata de un problema de persecución sindical y violación a convenios internacionales de la OIT. El pasado 7 de mayo los representantes de las empresas PINDECO-DEL MONTE debían comparecer en el Tribunal de Pérez Zeledón. Ese día no llegó ni el juez ni los apoderados de PINDECO. Durante el fin de semana se dio la violación de la oficina de la Central Social Juanito Mora”, afirmó a los medios de difusión Luis Serrano, representante legal de SITEPP (Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada).
Las denuncias de las organizaciones sociales fueron recibidas en San José desde el 6 de octubre del 2008, sin embargo, el tribunal se declaró incompetente por lo que remitió el expediente a Buenos Aires de Puntarenas. De igual manera, este tribunal se declaró incompetente y trasladó la denuncia al tribunal de Pérez Zeledón.
“Más que una crisis económica estamos ante una crisis de principios. Este gobierno le ha puesto oídos sordos a las personas que defienden el medio ambiente y la salud. Se destruye el ambiente en nombre de la producción. Estas personas defienden los derechos de las poblaciones indígenas, el derecho al agua, su derecho a poseer la tierra y sus derechos laborales”, señaló el diputado José Joaquín Salazar.
La fracción del PAC se comprometió a solicitar acciones concretas ante el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República. Los diputados demandan que el caso sea investigado y que se tomen las acciones pertinentes para proteger la integridad física de los líderes sindicales, comunales y ambientalistas.
Las organizaciones sociales solicitaron medidas cautelares de protección en el marco del proceso judicial. También están solicitando protección y garantías ante los organismos internacionales como Amnistía Internacional. El activista Jeffery López responsabilizó al Estado costarricense por la seguridad de Aquiles Rivera y de las organizaciones que respaldan su gestión. La Organización No Gubernamental CEJIL, especialista en derechos humanos, también respalda la denuncia.
OFICINA DE COMUNICACIÓN CIUDADANA. FRACCION PARTIDO ACCION CIUDADANA. comunicaciones-pac@asamblea.
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