EL PRECIO DEL SILENCIO

 

Una investigación en siete países de América Latina, entre ellos Costa Rica, revela una tendencia creciente de los gobiernos de la región a interferir en la independencia de los medios de comunicación y periodistas mediante el empleo de mecanismos sutiles y esquivos al conocimiento público.

El artículo titulado "¿Cuánto cuesta cerrar el pico?", es fruto de la investigación de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y de la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, con sede en Nueva York.

¿CUÁNTO CUESTA CERRAR EL PICO?

Marcela Valente (*)

BUENOS AIRES (IPS) Una investigación en siete países de América Latina revela 'una tendencia creciente' de los gobiernos de la región a interferir en la independencia de medios de comunicación y periodistas con mecanismos sutiles, esquivos al conocimiento público.

Fondos para publicidad del Estado que se reparten de forma arbitraria con el fin de premiar coberturas favorables y castigar las críticas, contratos de pago directo a periodistas, o llamadas a editores de parte de funcionarios molestos por la difusión de una noticia son prácticas que limitan la libertad de expresión y que se ejecutan tras bambalinas.

La investigación efectuada en Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras, Perú y Uruguay estuvo a cargo de la argentina Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y de la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, con sede en Nueva York, con apoyo de otras entidades de los países involucrados.

'Hasta hace unos años predominaban las interferencias graves, como la persecución, la censura directa o el asesinato de periodistas. Ahora esas formas están en retirada, afortunadamente, y afloran otras menos ostensibles, pero igualmente dañinas', dijo a IPS la directora del programa de libertad de expresión de la ADC, Eleonora Rabinovich.

Esas prácticas, que conforman 'patrones recurrentes' de intromisión, fueron documentadas en el informe 'El precio del silencio. Uso y abuso de la publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina', fueron presentados el pasado jueves 14 en Buenos Aires.

Los países bajo estudio fueron elegidos en función del conocimiento previo sobre mecanismos de censura indirecta que enfrentaban allí los periodistas, y se procuró además diversidad geográfica y de mercados, explicó Rabinovich. 'No podemos decir que el criterio fue tomar los casos peores, de ninguna manera', aclaró.

La investigación, que también alude a situaciones vividas en México, Guyana, Paraguay y Nicaragua, denuncia que 'muchos gobiernos de la región utilizan sistemáticamente contratos publicitarios para recompensar o castigar a medios por sus contenidos' y remarca que quienes lo hacen 'raramente están infringiendo leyes'.

Este es otro aspecto que subraya el estudio: el manejo discrecional de recursos para estos fines prospera gracias a un vacío legal. De los siete países estudiados, sólo Perú sancionó una ley de manejo de publicidad oficial en 2006, pero los autores del trabajo señalan que no está reglamentada y resulta inefectiva.

'No hay normas que prohíban específicamente la discriminación' en el reparto de publicidad oficial, dicen. 'Los marcos jurídicos existentes son insuficientes e inadecuados', según el informe, y el abuso se incrementa por la centralización en la toma de decisiones relacionadas con estos temas.

Según el informe, los abusos más frecuentes se derivan del 'uso indebido de publicidad oficial para condicionar contenidos', y señala casos en Costa Rica, Perú, Chile y Honduras, donde funcionarios del gobierno benefician con pauta publicitaria a un medio para obtener coberturas favorables a su persona o a sus políticas.

'Aquí el gobierno pretende darte un contrato de publicidad para callarte la boca', afirmó en el estudio el periodista hondureño Rodolfo Montalbán. 'No te compran el anuncio, te compran la conciencia', aseguró, aludiendo al mecanismo de condicionamiento más habitual en su país, el pago, que 'es una práctica institucionalizada'.

También están las retribuciones por publicidad contratada directamente con el periodista. En Honduras hay contratos con cláusulas que exigen entrevistar a determinados funcionarios o que permiten suspender pagos si la cobertura es crítica. En Chile, hay contratos que establecen que no se puede hablar mal de un alcalde, por ejemplo.

En Colombia es 'una práctica extendida' que el periodista radial complemente su salario con ese tipo de contratos con organismos públicos, afirma el texto. Mabel Morales, directora de noticias de la radioemisora RCN en la norteña ciudad de Barranquilla, explica que el salario le 'alcanza para los chicles' y el resto de sus ingresos dependen de la publicidad que consigue.

En Chile, periodistas de algunas regiones aseveran que a la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la mayor empresa pública del país, 'hay que tratarla con guantes de seda', sobre todo en áreas en las que financia viajes y coberturas, así como contratos de publicidad.

Estos mecanismos resultan 'más insidiosos' cuando se trata de periodistas de provincias o municipios, con condiciones precarias de contratación y cuya supervivencia o la de su medio dependen de la publicidad.

Pero, en Argentina por ejemplo, periodistas de medios nacionales que perciben buenos salarios también son tentados con el dinero de la publicidad estatal

'El gobierno nacional suele hacer pagos generosos en concepto de publicidad a periodistas de medios gráficos nacionales influyentes que tienen programas de radio o televisión por cable con bajos niveles de audiencia', señala el informe. Un periodista del diario La Nación reveló que fue sondeado para saber si tenía un programa donde pautar publicidad.

'El gobierno nacional abusa sistemáticamente de sus facultades en materia de publicidad oficial y asignación excesiva de pauta a medios afines', remarca el informe aludiendo a Argentina. También en Chile ocurre que el grueso de los anuncios estatales 'va a un puñado de medios nacionales'.

La investigación subraya asimismo situaciones de asignación discriminatoria de publicidad a medios favoritos. Es el caso del gobierno colombiano de Álvaro Uribe, que entre 2005 y 2007 benefició al periódico La República, con 'asignaciones regulares y sospechosamente elevadas', pese a su pequeña circulación.

Algo similar ocurre en Argentina con el matutino Página/12, con una tirada restringida pero cercano a las ideas del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), y que recibió muchos más anuncios estatales que otros periódicos de mayor circulación. Mientras, el periódico Perfil y la revista Noticias, críticos de esa administración, no reciben ninguna publicidad oficial.

Por esta presunta discriminación, el grupo Perfil, casa editora del periódico homónimo y de Noticias, inició una querella judicial contra el gobierno. El fallo en primera instancia no fue favorable a la demandante, por falta de una ley específica, pero fue apelado.

Los periodistas también denuncian presiones a través de llamadas telefónicas dirigidas tanto a ellos como a sus jefes. 'A la casa de uno y a cualquier hora', describió una reportera de Costa Rica. En Uruguay, los llamados son 'costumbre', coincidieron comunicadores de distintos medios, aunque han caído en los últimos años.

Las represalias o reacciones pueden ser también sutiles. La más admitida es la 'autocensura, que inhibe a redacciones enteras y es capaz de acallar hasta a los periodistas más valientes', subraya el estudio.

Otra es denegar el acceso a información pública a periodistas críticos, u otorgar de modo discrecional licencias de radio o TV.

Con todo, los autores celebran que se estén alumbrando proyectos de ley para un manejo menos arbitrario de recursos que son del Estado, como los fondos para la publicidad oficial.

En Argentina hay siete proyectos bajo estudio del Congreso legislativo para regular los presupuestos publicitarios. En 2007, la Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia positiva en una causa por discriminación de un medio provincial al que se le retiraron anuncios cuando publicó denuncias de corrupción contra el gobierno local.

En Chile, una comisión parlamentaria integrada por diversas fuerzas políticas realizó un exhaustivo informe sobre esta cuestión que entregó al gobierno de Michelle Bachelet a fin de que adopte medidas que eviten el manejo arbitrario de la publicidad, y en Uruguay también se ha abierto el debate para legislar en la materia, si bien no hay todavía una iniciativa concreta.

Entretanto, los autores recomiendan que los gobiernos 'se comprometan públicamente' a no usar la publicidad como instrumento para interferir con la libertad de expresión, que adopten leyes claras y específicas, que eviten concentrar las decisiones en un funcionario, y que no usen el dinero destinado a anuncios con fines electorales, entre otros consejos.

(*) Tomado de www.ipsterraviva.net/LA/currentNew.aspx?new=1342