El gobierno costarricense firmó este miércoles la Ley General de las Telecomunicaciones, que abre el monopolio a la competencia privada, informaron fuentes de la presidencia.
Esta ley, aprobada por el Congreso el 14 de mayo pasado, permitirá que las empresas privadas vendan servicios de telefonía móvil e Internet.
La nueva ley pone fin al monopolio que durante 45 años ostentó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), lo que "simboliza el abandono de ciertos prejuicios ideológicos que no hacía más que atar a Costa Rica a un pasado que ya nunca más habrá de volver", aseguró en el acto de firma, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.
El país quiere imponer un "mercado mixto" en este estratégico sector, que sea a la vez "eficiente y solidario" que estará "claramente regulado", según el ministro.
Los operadores que lleguen al país tendrán que contribuir a un Fondo de Solidaridad para financiar proyectos de desarrollo de telecomunciaciones en las zonas más alejadas.
El operador u operadores que quieran penetrar en el mercado de la telefonía celular costarricense tendrán que instalar redes que ofrezcan varios servicios integrados: voz, internet o vídeo.
Pero antes de abrir efectivamente el mercado a la competencia extranjera, Costa Rica debe elaborar un plan de telecomunicaciones y un plan nacional de distribución de frecuencias, crear un ministerio rector y un ente regulador, entre otras tareas, en un plazo máximo de nueve meses como establece la ley.
Costa Rica era uno de los 25 países donde las telecomunicaciones siguen siendo monopolio del Estado, entre ellos Corea del Norte e Irán.
Según el presidente del ICE, Costa Rica necesita invertir del orden de los 300 millones de dólares anuales en el sector durante los próximos cinco años para reducir la brecha digital.
No obstante, la entrada en vigor de esta ley está sujeta a la aprobación por el Parlamento de otro proyecto destinado a fortalecer el ICE.
La apertura de las telecomunicaciones es una de las 12 leyes de la llamada agenda complementaria que debe aprobar la Asamblea Legislativa costarricense para octubre para que entre en vigor en el país el Tratado de Libre Comercio entre América Central y República Dominicana con Estados Unidos.
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