jueves, 30 de noviembre de 2017

'Cementazo' envuelve a Víctor Morales Zapata - Parece que cuanto más hondo se escarba el tema del llamado “Cementazo”, siempre aparece el nombre de Víctor Morales Zapata. El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), ahora independiente, es señalado por los propios jerarcas del gobierno como la persona que influyó y movió los hilos a favor del empresario Juan Carlos Bolaños.





Tras la comparecencia del exdirector de Aduanas, Benito Coghi, el papel de Morales Zapata se vuelve más fuerte, algo que quedó confirmado con las explicaciones que luego dio el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez. Este reconoció que pecó de ingenuo y le creyó al diputado, es decir que lo engañó.

LOS HECHOS

VACACIONES PAGADAS POR JCB

El 23 de agosto del 2016 DIARIO EXTRA reveló que Morales Zapata pasó unas vacaciones en Flamingo, Guanacaste, tras el alquiler de una casa por un monto de $3.955, gestión que habría hecho el empresario Bolaños. Tras estos hechos la Fiscalía General confirmó que existía una investigación contra el diputado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. 

RELACIÓN CON ASESORES DE JCB

El 30 de agosto del 2017, Morales Zapata insiste en que las vacaciones las pagó él, y que la casa donde se hospedó se la ofreció un exasesor de Casa Presidencial, Diego Rodríguez, que resulta ser la mano derecha del empresario Bolaños, aunque el diputado niega que conociera dicha relación.

SALA III DESESTIMA CAUSA EN SU CONTRA

El 20 de febrero del 2017, la Sala III de la Corte, mediante la resolución 2017-00134, desestima una causa contra Morales Zapata y Otto Guevara por un supuesto tráfico de influencias, tras una denuncia anónima.

GESTIONÓ PAGO A JCB

El 30 de agosto del 2017, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Iván Brenes, reveló en la comisión legislativa que analiza el caso, que Morales Zapata lo llamó en marzo del 2015 para preguntarle por unos pagos a Bolaños que no habían salido. 

REUNIONES EN CASA PRESIDENCIAL

En esa misma comparecencia se reveló de una reunión el 13 de abril del 2015 en Casa Presidencial, donde participó el entonces ministro de la Presidencia Melvin Jiménez, el exministro de Economía Welmer Ramos, Juan Carlos Bolaños, Morales Zapata e Iván Brenes en que se discutió la construcción del dique de Nosara que se le había adjudicado a una empresa del Grupo JCB. 

ABRE SUS CUENTAS

El 30 de agosto, tras la comparecencia de la CNE, Morales Zapata envió un comunicado de prensa donde admite que conoce y se ha reunido con Bolaños y niega que él haya brindado un trato preferencial al empresario o haber recibido bienes o servicios de él. Puso a disposición de la fracción del PAC la apertura de sus cuentas bancarias.

FUERA DE LA FRACCIÓN

El 31 de agosto la fracción del PAC le pide que se separe de la bancada y que no hable más en nombre de ella.

LO DECLARAN NON GRATO

El 3 de setiembre la asamblea nacional del PAC lo declara “non grato” y pide al Tribunal de Ética del partido que lo investigue para una eventual expulsión de la agrupación.

PRESIDENTE LE PIDE RENUNCIA

El 4 de setiembre, en medio de la comparecencia que tuvo con los diputados, el Presidente de la República cambió de parecer y le pidió públicamente la renuncia a Morales Zapata. 

SE DECLARA INDEPENDIENTE

El 4 de setiembre, Morales Zapata renuncia a su inmunidad como diputado y anunció que acusará al legislador Ottón Solís por daños al honor, declaraciones infames y calumnias. A pesar de la solicitud de renuncia de Solís, se declaró independiente.

PIDE COMPARECER

El 14 de setiembre, en el Plenario, Morales Zapata pide que lo llamen a la comisión legislativa que investiga el cementazo, luego de que una moción para llamarlo a él y otros cuatro legisladores más se había votado en contra.

PRESIONÓ POR DESEMBARQUE

El 3 de octubre el exdirector de Aduanas, Benito Coghi, apunta que estuvo en una reunión en el despacho de Morales Zapata en julio del 2016, con el viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez y el exministro de Economía Welmer Ramos, donde se habló de las “trabas” que tenía el desembarque de 20 mil toneladas de cemento chino que estaban en Caldera y eran del empresario Juan Carlos Bolaños.

ENGAÑÓ AL VICEMINISTRO

El 4 de octubre en conferencia de prensa el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, señaló que pecó por confiar en la palabra de Morales Zapata y fue este quien gestionó y presionó para agilizar el desembarque del cemento chino.

FISCALÍA REABRE CAUSA

El 4 de octubre la Fiscalía General de la República informa que solicitó a la Sala III la reapertura de la investigación contra Morales Zapata y Otto Guevara por el supuesto delito de tráfico de influencias.

miércoles, 29 de noviembre de 2017

Una contratación directa de los servicios de Data Center (Centro de datos electrónicos) que el Ministerio de Justicia otorgó a las empresas ICE, RACSA y ESPH, y cuyo contrato de 2 años ronda un gasto para la institución de ¢3.710 millones, generó cuestionamientos a Cecilia Sánchez, jerarca de esa cartera. Según expertos desde un inicio se advirtió a la ministra que los costos estaban duplicados y aun así se procedió a la aprobación de la contratación directa y no vía licitación, algo que también se cuestiona. / Ministra de Justicia desobedece y aprueba contrato de ¢3.700 millones




Una contratación directa de los servicios de Data Center (Centro de datos electrónicos) que el Ministerio de Justicia otorgó a las empresas ICE, RACSA y ESPH, y cuyo contrato de 2 años ronda un gasto para la institución de ¢3.710 millones, generó cuestionamientos a Cecilia Sánchez, jerarca de esa cartera.

 Según expertos desde un inicio se advirtió a la ministra que los costos estaban duplicados y aun así se procedió a la aprobación de la contratación directa y no vía licitación, algo que también se cuestiona.

CENTRO DE DATOS 

Todo inicia con la intención y políticas de modernización del Ministerio de Justicia en cuanto al uso de datos y los resguardos que se maneja en los sistemas computarizados, los cuales tienen que ver con la operatividad y administración de la información carcelaria.
El sistema guarda en bancos de datos computarizados en servidores, qué información hasta la fecha es propia de la institución y cuáles datos son catalogados como obsoletos.
Por ello el departamento de Tecnologías de Información (TI) comienza a valorar la posibilidad de contar con un proveedor que resguarde esa información en bancos de memoria (servidores de cómputo) externos. 
Este servicio salió a oferta no mediante licitación pública, sino por medio de la figura de la contratación directa, acto que se cuestionó por las características propias de lo que se quería llevar a cabo.
MAYO
Las irregularidades con esta contratación comenzaron a surgir en mayo anterior, cuando especialistas en informática advirtieron a la ministra Sánchez, que la multimillonaria inversión no tenía por qué darse y misteriosamente se estaba duplicando el costo de los servicios que colocaran la información del ministerio en la nube virtual de datos.
Todo esto quedó documentado en el oficio UEP-TI-OF-29-2017 dirigido y entregado en el despacho de la ministra de la cartera, pero también fueron advertidos los jerarcas de la Dirección de Adaptación Social y la Policía Penitenciaria.

ANTECEDENTES 

DIARIO EXTRA cuenta con el legajo de señalamientos que, según el departamento de prensa de la institución, fueron del conocimiento de la jerarca Sánchez, quien delegó el tema a especialistas de la institución. Pese a esto, la contratación continúa tal como se reporta en el sistema de contrataciones del gobierno Mer-Link, se adjudicó a las compañías mencionadas.
Según el oficio a dos funcionarios de apellido Sánchez y Herrera, del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, se les delegó la evaluación de la contratación de los servicios de Data Center, del cual mencionan que el ministerio cuenta con su propia infraestructura tecnológica que incluye un centro de datos, con 6 años de antigüedad y con fallos que respaldan la iniciativa de cambio para una obligatoria modernización.
Los especialistas indicaron a los jerarcas que actualmente el Ministerio de Justicia se mantiene enlazado con los centros penitenciarios y oficinas gracias a los servicios de RACSA-ICE, con las que en mayo del 2017 firman un convenio de cooperación de la ya existente relación entre ambas instituciones.
Según indican los expertos, el ICE cuenta con un centro de datos de alto nivel, catalogado como uno de los mejores de la región y utilizado por diversas instituciones del Estado como el Ministerio de Hacienda y Banco Nacional, entre otras.

INFORMACIÓN

Por esta relación RACSA-ICE mostró el interés de ampliar el servicio al igual que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Precisamente los funcionarios encargados del análisis indicaron que Tecnologías de Información (TI), jefatura a cargo de Marianella Granados, negaron la información de la oferta presentada por ESPH, así como especificaciones de la infraestructura necesaria que se les exigió a los proveedores.
El oficio indica que la jefa del (TI) comunicó que se solicitó a los proveedores una solución al tema del Centro de Datos, de los cuales mostraron interés tres empresas privadas y dos públicas.
Granados indicó a los especialistas que decidieron hacer una contratación directa con la ESPH, situación que llamó la atención de los que analizaban el contrato ya que advirtieron no fue la mejor oferta.
“Partiendo de la cooperación que el ICE-MJP han venido tratando, se logró que el ICE presentara una oferta con mejores prestaciones y con el precio mensual de $20.000 menos respecto a la anterior. Esto se logró luego de un arduo proceso de negociaciones por parte de ICE-RACSA con fabricantes y proveedores”, indica el oficio.

AMBOS 

Cuando se presenta el mejoramiento de la oferta por parte del ICE-RACSA la oficina de Tecnologías de Información (TI) comunica una decisión que en el oficio se cuestiona.
“Al presentar la nueva oferta del ICE, (TI) convoca a la ESPH y a RACSA, donde les informa que van a contratar la solución de ambos, por lo que se deben de poner de acuerdo. RACSA solicita a (TI) un espacio sin la presencia de representantes de ESPH, donde poder aclarar la necesidad concreta que tiene el MJP. El 30 de mayo de 2017, se realiza la reunión”.
En esta reunión se tocan diferentes puntos como la solicitud que recibió el ICE- RACSA por parte del Ministerio para que se busque una solución en conjunto de alta disponibilidad compuesta por una base de datos del ICE y otra idéntica en manos de ESPH.
Según RACSA esta iniciativa de contar con dos centros de datos tiene una serie de inconvenientes y dificultades técnicas que al final no respaldan la intención de contar con un respaldo ante un eventual fallo del servicio del ICE-RACSA.
“Se expone a (TI) y Racsa que las bases de datos van a estar en espejo sincronizadas en tiempo real, ya que es importante la integridad y disponibilidad de la información, además de la posibilidad de pérdida de información. Ambas instituciones responden que no y aseguran que la posibilidad de que esto pase es muy baja, ya que para eso se requiere que el centro de datos se caiga por completo y de igual forma requiere de una intervención de personal técnico para sincronizar las bases de datos de los sistemas”, indica el oficio.

RECOMENDACIONES

Los profesionales en la materia del Ministerio de Justicia que realizaron el análisis llegaron a la conclusión de que la institución no tiene claro lo que se requiere y no se valoró los riegos necesarios de la inversión de los ¢3.700 millones.
“El MJP no tiene claro lo que requiere y no han contemplado los riesgo asociados y asumidos al querer dos centros de datos de alta disponibilidad, sin dejar de lado el costo económico asociado. En la misma reunión se evidencia que la probabilidad de requerir el segundo centro de datos es escasa, ya que por ejemplo el centro de datos del ICE cuenta con todas las condiciones de alta disponibilidad. El MJP no requiere contratar una doble infraestructura tecnológica, ya que los servicios que brindan no justifican la inversión-costo asociados”, indicaron los especialistas.

MINISTERIO

En cuando al tema el DIARIO EXTRA realizó las consultas a los jerarcas del Ministerio de Justicia para que se aclaraban las interrogantes.
En primera instancia desacreditaron el criterio de los ingenieros de la Unidad Ejecutora del Programa de Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, que realizaron la denuncia, según su deber de probidad, pese a que en el documento deja claro que fue un requerimiento de la institución.
 “No se trata del criterio oficial del Departamento de Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y Paz. Esas observaciones hechas por el exfuncionario, se dirigieron a la ministra de Justicia, y, esta a su vez, las remitió al viceministro de Gestión Estratégica, Alejandro Redondo, como encargado del proceso de contratación, para que las tomara en consideración como una referencia y no como un criterio vinculante”, indicó la institución por medio de su departamento de prensa.

DOS EMPRESAS

Los jerarcas del ministerio respaldaron la doble contratación multimillonaria por las necesidades en los servicios críticos que maneja y por tratarse de temas carcelarios propios de su actividad.
“El Departamento de Tecnologías de la Información difiere de ese criterio y justificó la necesidad de contratar dos centros de datos para resguardar toda la información del Ministerio de Justicia y Paz, en razón de que, ante la eventual caída, mal funcionamiento o interrupción por mantenimiento de uno de ellos, se contara con otro servidor de respaldo, que permitiera darle continuidad a las funciones de la institución, por la vital necesidad de mantener todos los centros penitenciarios interconectados las 24 horas”.
Tal como lo cuestiona el oficio, el centro de datos del ICE-RACSA cuenta con un récord del 100% de operatividad en tres años de servicio donde no han visto interrumpida el servicio que ofrecen.
Al ser el Data Center más reconocido de la región no quedó claro cuáles fueron los parámetros para determinar eventuales fallos del sistema, los cuales de existir serían mínimos y no justificaría el desembolso de ¢1.711.794.672 millones en dos años por parte de la institución, tal y como queda registrado en el sistema de compras del gobierno Mer-Link en la contratación bajo el número de gestión 2017CD-000068-0006900001, avalada por la jerarca de justicia, Cecilia Sánchez.
A ICE-RACSA se le adjudicó el contrato por un monto ligeramente superior a ¢1.998 millones, inversión que sí se justifica y que han hecho otras instituciones como el Ministerio de Hacienda y entidades bancarias donde esa institución ofrece sus servicios y no han sido necesarias otras empresas de respaldo, pese al alto tránsito de información vulnerable que tienen esas dependencias.

SE ALLANAN OFICINAS Y CASAS DE TRES FUNCIONARIOS PÚBLICOS Por mandato legal, la fiscala general Emilia Navas Aparicio dirige las diligencias judiciales, al tratarse de investigados que tienen inmunidad.



Continúan avanzando investigaciones por el caso del “cemento chino”


SE ALLANAN OFICINAS Y CASAS DE TRES FUNCIONARIOS PÚBLICOS


  • Por mandato legal, la fiscala general Emilia Navas Aparicio dirige las diligencias judiciales, al tratarse de investigados que tienen inmunidad.


Tatiana Vargas Vindas

29 de noviembre del 2017. La Fiscalía General de la República confirma que hace pocos minutos dio inicio una diligencia de investigación que consiste en el allanamiento de tres oficinas de la Asamblea Legislativa, tres casas de habitación y el despacho de un Viceministro.

Las oficinas públicas corresponden a los diputados Morales y Guevara, así como la de los asesores del último legislador. La cuarta oficina pertenece a Rodríguez, viceministro de ingresos del Poder Ejecutivo.

También se allanan las casas de los diputados, ubicadas en Heredia y Escazú, respectivamente, y la del Viceministro, también localizada en Heredia. El objetivo es recopilar prueba relacionada con el delito por el cual se les investiga: tráfico de influencias, bajo las causas penales 15-00022-0033-PE (contra los legisladores) y 17-00032-0621-PE (contra Rodríguez).

Las acciones operativas están relacionadas con el caso conocido mediáticamente como “cemento chino”, investigado bajo un nuevo análisis jurídico y probatorio, desde el 13 de octubre anterior.

La Fiscalía General solicitó la autorización de allanamiento a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que se trata de personas investigadas que son miembros de los supremos poderes.

La diligencia que se realiza en el Congreso es dirigida por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, debido a que la legislación nacional exige que sea la jefatura del Ministerio Público la que asuma las investigaciones que vinculan a integrantes de los supremos poderes que gocen de inmunidad, como es el caso de Guevara y Morales.

Además de la jerarca, en los allanamientos participan siete fiscalas y fiscales, cinco magistrados y magistradas suplentes de la Sala Tercera y agentes de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial.

Se desconoce el tiempo que tardará el desarrollo de los allanamientos.


lunes, 27 de noviembre de 2017

Rodolfo Hernández: El primer decreto que voy a eliminar es la "ideología de género"



Redacción, 27 nov (elmundo.cr)- Durante el programa Ruta Joven, el candidato presidencial por el Partido Republicano, Rodolfo Hernández manifestó que de llegar al Ejecutivo, “el primer decreto que voy a eliminar es la ideología de género”.
Se refiere de esta manera a los nuevos Programas de Educación para Afectividad y Sexualidad, que se implementarán en las escuelas a partir del próximo año.
“Lo que no acepto como pediatra y como ser humano y como padre de familia es que a la gente se le confunda. Yo no tengo dudas cuando nace un hombre, o cuando nace una mujer y tengo evidencia evolutiva, biológica y científica. Por eso es que no acepto esa ideología, porque parte de una idea”, argumentó el republicano.
Asimismo, la ministra de Educación Sonia Marta Mora, ha manejado su discurso para arrojar luz sobre tan criticados programas por el tradicionalismo político costarricense.
“Quiero acercarme a las familias, para compartir con ellas lo que realmente contienen tales programas, el tipo de trabajo que motivan en el aula. Y también, recordar los persistentes retos y problemáticas que hacen necesarios estos planes de estudio. No conviene cerrar los ojos. No podemos asumir que todo está bien y que las  situaciones a las que voy a aludir se resolverán por sí solas”, afirmó Mora.
Otros candidatos se han enfrentado a la implementación de este proyecto, como  Fabricio Alvarado, quien se comprometió a eliminar todo indicio de “ideología de género” en las instituciones públicas, por medio de un decreto.
“La ideas no necesariamente son verdades y realidades, sino que son pasamientos de una minoría para tratar de embaucar a las otras. La familia es la que tiene el deber y responsabilidad de transmitirle las creencias y los valores a sus nuevas generaciones, no la escuela”, concluye Hernández.

viernes, 24 de noviembre de 2017

ICE pierde dos procesos y pagará cerca de $160 millones a empresa PH Chucas





ICE pierde dos procesos y pagará cerca de $160 millones a empresa PH Chucas



ICE pierde dos procesos y pagará cerca de $160 millones a empresa PH Chucas

  • El instituto perdió dos procesos; un arbitraje y un Contencioso Administrativo
  • El arbitraje condenó a la entidad al pago aproximado de $150 millones a favor de PH Chucas
San José, 24 nov (elmundo.cr)- El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) perdió dos procesos; un arbitraje y un Contencioso Administrativo, por lo que deberá pagar cerca de $160 millones a la empresa PH Chucas S.A., que estuvo a cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chucas.

Después de dos años, ayer se resolvió un proceso arbitral de la compañía contra el ICE, que se tramitó en el centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham).
El arbitraje condenó a la entidad al pago aproximado de $150 millones a favor de PH Chucas, al no reconocer que existían una serie de sobrecostos generados por circunstancias que no eran supuestamente previsibles, como inundaciones, deslizamientos, entre otras razones.
Fuentes allegadas a EL MUNDO indicaron que, supuestamente, la constructora del proyecto hidroeléctrico intentó conciliar, e incluso envió “varias” cartas para buscar una solución amigable, pero esas opciones de arreglo habrían sido rechazadas por el instituto.

Pago por retención


Desde el 2015, la empresa también interpuso un proceso contra la entidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin de evitar el pago de multas por rezagos en la construcción de la planta hidroeléctrica, en la zona de Atenas. LEA TAMBIÉN: ICE multa con 5092 millones a empresa por atraso en entrada de operación de hidroeléctrica
El proyecto se atrasó en la elaboración de la planta de 50 MW, por lo que existía la posibilidad, según el contrato, de una sanción. Sin embargo, la empresa solicitó una medida cautelar para detener el pago de las multas.
A raíz de ese hecho, ayer las partes fueron notificadas de que se acogieron dichas medidas cautelares, por lo que el instituto no podrá cobrar multas y más bien tendrá que hacer un reintegro de aproximadamente $11 millones a favor de la firma constructora.
En la actualidad el proyecto está terminado y funciona desde noviembre del año anterior.
Este medio de comunicación está a la espera de la posición del ICE sobre los dos montos que tendrá que desembolsar a favor de PH Chucas.

jueves, 23 de noviembre de 2017

Corte llama a comparecer a los 57 diputados por caso de Celso Gamboa - La Corte Suprema de Justicia llamó a comparecer a todos los diputados de la República por una causa disciplinaria abierta contra el magistrado Celso Gamboa. Este jueves. el Poder Judicial empezó a repartir notificaciones en los despachos de los legisladores.





Corte llama a comparecer a los 57 diputados por caso de Celso Gamboa - La Nación



La Corte Suprema de Justicia llamó a comparecer a todos los diputados de la República por una causa disciplinaria abierta contra el magistrado Celso Gamboa.
Este jueves. el Poder Judicial empezó a repartir notificaciones en los despachos de los legisladores.
Por ejemplo, a la legisladora Ligia Fallas, del Frente Amplio, la citaron para el 20 de diciembre; y a Rafaerl Ortiz, del PUSC, para el día 22. Ambos declararían en la oficina 903 de la Corte.
La notificación dice que los legisladores son llamados "a efecto de recibirles testimonio en relación con la causa disciplinaria número DCP-2-2017, seguida contra el señor Celso Gamboa, magistrado de la Corte Suprema de Justicia".
Serán recibidos por funcionaria judicial y que la causa la instruye la magistrada Julia Varela Araya.
La citación se ordenó en resolución de la Corte Suprema tomada el 14 de noviembre.
Las citaciones advierten a los legisladores que, en caso de no comparecer, podrán ser llevados mediante la Fuerza Pública.