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SALA DE CASACIÓN PENAL DA RAZÓN A FISCALÍA Y ANULA ABSOLUTORIA DE EXJUEZA DE LIMÓN Funcionaria fue condenada en primera instancia, y absuelta por el Tribunal de Apelación de Sentencia. Ahora, otro Tribunal de Apelación analizará sentencia de 14 años impuesta en el 2016. Tatiana Vargas Vindas hvargasv@poder-judicial.go.cr

DETIENEN A IMPORTADOR DE CEMENTO CHINO Y A EXGERENTE DEL BCR - La Fiscalía General de la República confirma que esta madrugada, poco antes de las 4:00, se detuvo al empresario importador de cemento chino, de apellido Bolaños, y desde las 6:00 a.m. el mismo despacho dirige dos allanamientos en las casas del sospechoso, ubicadas en Escazú y Atenas. La captura se realizó en vía pública, en Atenas, cuando Bolaños conducía su carro.

Denuncian al Presidente y a otros siete funcionarios por el “cementazo” - Ocho funcionarios públicos que ocupan altos puestos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial fueron denunciados penalmente este jueves ante la Fiscalía General. A ellos se les acusa de supuestas irregularidades en torno a la polémica del cemento chino. La denuncia detalla posibles delitos cometidos por el presidente del Poder Judicial Carlos Chinchilla Sandí, el magistrado de la Sala III Celso Gamboa Sánchez, el Fiscal General suspendido Jorge Chavarría Guzmán, el candidato presidencial del Movimiento Libertario Otto Guevara Guth, el exdiputado del PAC Víctor Morales Zapata, el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera, el exministro de Economía Welmer Ramos González y la exfiscal subrogante Berenice Smith Bonilla. Las tres denunciantes de apellidos González, Rivera y González presentaron la denuncia como “una querella de acción popular” y acusan a los funcionarios de cometer al menos seis delitos: Prevaricato: Dictar resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos. La pena es mayor si se trata de una sentencia condenatoria en una causa criminal. Falsedad ideológica: Insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar. Incumplimiento de deberes: Omitir, rehusar, hacer o retardar algún acto propio de su función. También castiga a quien ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuando está obligado a hacerlo. Tráfico de influencias: Quien directamente o por un tercero, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro. Influencia en contra de la Hacienda Pública: Quien interviene en razón de su cargo, influya, dirija o condicione -en cualquier forma- para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público. Fraude de ley en la función administrativa. Quien ejerza una función administrativa en fraude de ley.

Fiscalía reabre causa contra Óscar Arias por proyecto minero "Crucitas"

SE ABRE DE NUEVO CASO CRUCITAS CONTRA OSCAR ARIAS SANCHEZ / Este lunes, la fiscala general Emilia Navas Aparicio ordenó la reapertura de la causa penal 12-000124-0621-PE, seguida contra el expresidente de la República Óscar Arias Sánchez, por el presunto delito de prevaricato. La causa, conocida mediáticamente como “Crucitas”, se encontraba en el Juzgado Penal de Hacienda con una desestimación desde el 2014, resolución fundamentada en la falta de elementos probatorios. Sin embargo, tras el reciente análisis jurídico realizado al caso, se determinó que era necesario ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que, en su momento, no fueron incorporados al legajo de investigación.

Edgardo Araya: No a una ley de aguas para intereses privados · Bancada del Frente Amplio rechaza el proyecto 20.212 del PLN El diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, manifestó su completo rechazo al acuerdo entre todas las demás fracciones legislativas para sustituir el texto de Ley de Aguas de iniciativa popular por el proyecto 20.212 del diputado liberacionista Juan Marín. La propuesta de Liberación Nacional, apoyada por el PUSC y el PAC, es regresiva respecto al proyecto de Ley de aguas impulsado por iniciativa popular. El plan liberacionista pretende eliminar cualquier posibilidad de participación ciudadana en la toma de posiciones sobre el agua. También busca abrir portillos para que la producción agroindustrial goce de los mismos beneficios que los usos domésticos, en términos de trámites, permisos y precio del servicio “Este texto debilita la participación ciudadana en el uso de las aguas de sus comunidades, debilita las sanciones contra la contaminación ambiental y se atenta contra la iniciativa popular.” Manifestó el diputado Edgardo Araya.