La decisión tomada por 38 diputados, el jueves 15 de noviembre 2012, al votar en contra de la reelección del Magistrado Fernando Cruz, de la Sala Constitucional, sienta un antecedente muy peligroso para la historia de Costa Rica, ya que constituye una clara intromisión de la Asamblea Legislativa en la independencia del Poder Judicial, cimiento de nuestro sistema democrático.
La osadía demostrada por el diputado Fabio Molina, Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional, en cuyas manifestaciones carecen de razonamiento y de peso por el fondo, se mofa de que esta es una "llamada de atención" dirigida a la Sala Constitucional "por haberse excedido en sus competencias". ¿Acaso no sabe este legislador que nuestro sistema democrático se rige por la división de poderes, con distribución de funciones del Estado? Igual de grave es su manifestación de que esta decisión pretende reivindicar a la Asamblea Legislativa, cuándo más bien, deslegitima a los diputados, y provoca el malestar en la totalidad del Poder Judicial, y del pueblo en general.
No queda lugar a dudas que al Magistrado Cruz, hombre valiente e intachable, le pasaron la factura por no pensar igual que el Gobierno y los grupos de poder, por haber votado en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o contra la minería a cielo abierto en Crucitas. ¿Acaso pretende el Gobierno seguir validando sus acciones, mediante un Poder Judicial conformado por magistrados complacientes que legitimen sus políticas antipopulares e ilegales?
El Poder Judicial es la instancia donde acuden los ciudadanos a reclamar los derechos constitucionales que el modelo neoliberal le niega y atropella. Tal como lo dijo la Magistrada Ana Virginia Calzada “el ámbito de la administración de justicia es la última frontera donde se define la vigencia de los derechos humanos y de la democracia, pues será ante la justicia, donde se juzgue si las actuaciones del poder público son acordes con el principio democrático y la protección de los derechos de las personas”.
Igual atención merecen las palabras del Presidente de la Corte Suprema, Luis Paulino Mora, quién exigió a diputados y a la Presidenta la República rectificar este error. Nada resume mejor este hecho que lo vivido por el Magistrado Gilberth Armijo, quien dijo que “por primera vez sentí vergüenza ajena por mi país” Él se encontraba reunido con juristas latinoamericanos, que señalaron la similitud de este hecho, con los ocurridos en las dictaduras en Perú, Paraguay, y otras naciones.
Son días oscuros los que hemos vivido en este mes de noviembre. Se aprobó la reforma a la Ley Mordaza, y la policía garroteó y reprimió al pueblo cuando este defendía su derecho a una mejor atención en salud. Los partidos políticos no deben intervenir en las decisiones de ningún Poder de la República, mucho menos mediante el revanchismo político y la persecución de aquellos integrantes independientes e incorruptibles. Confiamos en que esta crisis sea resuelta por personas con más sensatez y legítimo sentido de justicia.
Costarricenses: adelante, no dejemos en el olvido estos actos antijurídicos quebranten los sagrados principios de una justicia democrática e independiente, salgamos a defender nuestro país de sus enemigos.
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