28 de junio de 2012 por Juan Carlos Hidalgo
El país se paralizó ayer por el enorme cráter que apareció en la autopista General Cañas. Sin embargo, un cráter aún más grande salió a relucir en el magro historial ético de la administración Chinchilla: La decisión de la presidenta de ignorar por completo el informe de la Procuradoría de la Ética que encontró que el vicepresidente Luis Liberman y el ministro de Educación Leonardo Garnier “violaron todos los principios de la ética en la función pública” al escribir cartas de recomendación para que la firma Procesos, del matrimonio Herrero Rodríguez (amigos personales de Chinchilla y Garnier), ganaran un contrato de asesoría de imagen con Recope. Al ignorar este informe, emitido nada menos que por el propio abogado del Estado, la presidenta Chinchilla manda un mensaje inequívoco de que el suyo es un gobierno de compadres y comadres donde la ética y la integridad en la función pública constituyen saludos a la bandera.
No es exagerado decir que este parece ser uno de los gobiernos donde más predomina la corrupción en tiempos recientes. Hace poco La Nación informó que la Fiscalía pidió auxilio ante la avalancha de casos de corrupción que han entrado en los últimos meses. El caso más grosero es el de la trocha fronteriza (apropiadamente titulada “choritrocha”), en la que se han gastado ¢40.000 millones en un proyecto que se realizó sin los más mínimos estudios técnicos y donde se entregaron contratos millonarios a empresas de construcción sin experiencia y sin equipo. Cuando las irregularidades empezaron a aflorar y la presidenta le pidió la destitución al ministro de Transportes, Francisco Jiménez, algunos pensaron que Chinchilla había desempolvado su eslogan de campaña de “firme y honesta”. Sin embargo, con el pasar de las semanas, y conforme se desentierran más instancias de corrupción alrededor de la trocha, la presidenta ha empezado a minimizar la situación, y su gobierno hasta ha insinuado que quienes destapan el chorizo están sirviendo a los intereses de Nicaragua.
La destitución de Jiménez fue el simple sacrificio de un peón con tal de proteger a fichas más importantes. Mario Álvarez, asesor personal de la presidenta en Casa Presidencial, está acusado por el TSE ante la Fiscalía por irregularidades en el manejo de fondos de campaña. Jorge Walter Bolaños, su ex tesorero de campaña, sigue en el cargo de representante de Costa Rica ante el BCIE a pesar de estar igualmente denunciado ante la Fiscalía. Cuando la Procuradoría de la Ética determinó que hubo múltiples irregularidades en la piñata de puestos diplomáticos en la Cancillería, la presidenta se limitó a pasar a René Castro de Relaciones Exteriores al MINAET. Cuando una asesora de Chinchilla chantajeó a Un Techo por Mi País para que le diera dos casa al gobierno a cambio de permitir la libre importación de materiales para la construcción de viviendas, la mandataria la justificó como un mal entendido. Y ni qué decir del “lamentable descuido” de su ministro de Hacienda evasor de impuestos, a quien Chinchilla defendió hasta que su continuidad en el gobierno se hizo insostenible.
Y ahora viene la cereza en el pastel con la decisión de ignorar por completo el informe de la Procuradoría de la Ética sobre Liberman y Garnier–quienes además, si tuvieran un mínimo de vergüenza, ya habrían renunciado. El Ejecutivo alega que el marco jurídico es “confuso” y que por lo tanto no tomará sanciones. Sin embargo cabe señalar que las directricez infringidas han sido emitidas por el mismo Poder Ejecutivo (además de la Contraloría), y queda por verse si hubo también alguna violación a la Ley contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción, que la misma Laura Chinchilla votó favorablemente siendo diputada. El Ejecutivo no puede alegar un marco jurídico “confuso” pues es el mismo abogado del Estado el que se lo está aclarando en el informe: hubo una clara violación del principio de integridad. Punto. El mensaje que la administración Chinchilla está mandando con dicho argumento del marco jurídico “confuso” es que ciertos funcionarios están por encima de la ley.
El informe es confidencial hasta que la presidenta decida hacerlo público. Es lo mínimo que puede hacer. Pero el tema medular del asunto es que tanto Liberman como Garnier escribieron cartas de recomendación para una empresa cuyos dueños eran el entonces ministro de Hacienda y su esposa a pesar de que un funcionario público en dicha posición no puede hacer eso. Se puede considerar hasta como tráfico de influencias. Más turbio aún es el hecho de que las cartas de recomendación a favor de Procesos fueran escritas antes de que siquiera Recope sacara a licitación el contrato de marras. ¿Cómo sabían de la licitación de antemano? Claramente todo el asunto huele mal y la decisión de la presidenta de ignorar por completo el informe de la Producadoría le añade hedor al caso.
A estas alturas lo que ya tenemos claro es que este gobierno no tiene nada de honesto, y en lo único en que es firme es en su alcahueteo a la corrupción. La interrogante es, ¿cuánto más le vamos a permitir a la presidenta la soberbia y la falta de respeto que todos los días le demuestra a los costarricenses?
