miércoles, 1 de julio de 2009



Ante el efecto Arias

Anacristina Rossi*

http://www.diarioextra.com/2009/junio/23/images/op08hiux.jpgEl efecto Arias es como Jano, tiene dos caras. Cuando en un país los ricos son cada vez más ricos y el resto se empobrece, cuando la miseria se acantona en barrios estigmatizados, cuando el único valor social es el dinero, cuando sectores enteros de la sociedad y provincias enteras viven del narcotráfico y de la delincuencia –de cuello blanco y de la otra-, cuando los altos funcionarios públicos dan constante ejemplo de corrupción impune, entonces, cuando eso pasa, la ilegalidad y la violencia se transforman en el modus operandi del país. Eso es lo que está pasando en Costa Rica: la ilegalidad y la violencia son la vía perfecta para obtener aquello que no se puede conseguir de manera honrada. Hay un atasco en la escalera de la movilidad social. Los que ya no pueden subir optan por otras maneras –antisociales- de llegar arriba. Porque los de arriba les dan el ejemplo.

En Costa Rica se entronizó la desigualdad, la exclusión, la ausencia de políticas de empleo y de distribución de la riqueza, la ausencia de solidaridad social. Esto ha traído un cambio en la conciencia de la gente y la violencia, la ilegalidad y el narcotráfico se han vuelto vías demasiado rentables para ser abandonadas. Esta es la primera cara del efecto Arias. Si bien la situación no es un invento suyo, sobre ellos cae la responsabilidad de haber profundizado este modelo y de hacer todo lo posible para perpetuarlo.

La otra cara del efecto Arias es el manoseo de las instituciones. Por manosear entendemos meter mano, manipular para satisfacer deseos personales. Empezó con el fallo de la Sala Cuarta sobre la reelección presidencial. Siguió con la inaceptable actitud del Tribunal Supremo de Elecciones cuando las “inconsistencias” del 2006, y con el nombramiento de una magistrada afín a ciertos intereses. Continuó cuando la Sala Cuarta declaró constitucional el CAFTA. Siguió con la complicidad del mencionado Tribunal en un referendo fraudulento. Y aparentemente seguirá con un próximo fallo de la Sala Cuarta a favor de la minería en Crucitas.

Este manoseo institucional es muy peligroso. Es el comienzo del final del estado de derecho. Es la antítesis de la democracia y de la decencia. Es la consagración del poder caudillista. Y se está volviendo el modus operandi del país.

Así describe el historiador Dion Casio la transición de la república a la autocracia de Augusto en el primer siglo A.C.: Durante la república, el gobierno era abierto y las decisiones y acciones eran de conocimiento público. Pero con Augusto, no podía saberse con certeza lo que estaba pasando y lo que se sabía no se podía investigar. Crecía la sospecha de que todas las acciones y decisiones eran en provecho de la gente en el poder y de sus asociados (Libro 53.19 de Historia de Roma, 200 DC).

No deben creer los Arias -ni la heredera de su régimen: Chinchilla- que aquí se les compara con Augusto. Augusto fue un autócrata que construyó un imperio. Los nuestros son pinches tiranos que destruyen la institucionalidad.

El efecto Arias no se puede vencer en las urnas porque el manoseo institucional les permite lo que sea para ganar la votación, como se vio en las elecciones del 2006 y en el referendo. El efecto Arias sólo se puede vencer en las calles. Un movimiento pacífico y multitudinario con la consigna de “Sí a la decencia y no al manoseo, no a la corrupción” debe empezar ahora, cuando la Sala Cuarta falle sobre la minería en Crucitas.

Amigos, amigas, es en serio: mañana puede ser demasiado tarde.


HONDURAS. POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES: PROTAGONISTAS DE UN GOLPE ANUNCIADO

HONDURAS.

POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES: PROTAGONISTAS DE UN GOLPE ANUNCIADO

Leticia Salomón

  1. LOS HECHOS

    1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE

    El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.

    1. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO

    El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.

    La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.

    1. EL DESENCADENANTE

    La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.

  1. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA

    Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:

    1. intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).

    1. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.

    1. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.

    1. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c)Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los "poderes fácticos" que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.

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  1. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS

    1. El presidente quería imponer la democracia participativa

    La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.

    1. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales

    La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.

    1. El Presidente pretendía continuar en el poder

    El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.

    1. El presidente quería instaurar el comunismo en el país

    La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.

    1. El Presidente ha incumplido sus funciones

    El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.

  1. EL PAPEL DE LOS MILITARES

    Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.

    Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.

  1. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL

    Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:

      1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo

    La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.

      1. Sustitución versus derrocamiento

    La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.

      1. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios

    El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.

      1. De candidato perdedor a presidente defacto

    La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.

  1. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS

    Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:

    1. Politización partidaria de las instituciones

    Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.

    1. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo

    En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.

    1. Incapacidad política para lograr acuerdos

    De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.

    1. Recurrencia a poderes arbitrales

    Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.

    1. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación

    Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.

  1. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO

    Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.

    Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.

    Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.

    Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.

    • Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.
    • Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
    • Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer.


    Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009

El Pentágono está detrás del Golpe de Estado en Honduras, ¿con o sin la aprobación de la Casa Blanca?

Fuentes cercanas a Washington han confirmado que el Pentágono, a través de la misión militar (grupo militar) de Estados Unidos en Honduras, ha estado trabajando con los militares golpistas involucrados en el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya. El Comando Sur realiza anualmente cerca de 55 maniobras con las fuerzas armadas de Honduras.

Washington quiere a Zelaya de vuelta pero inhabilitado políticamente








¿ESTUVO EEUU DETRAS DEL GOLPE DE ESTADO EN

HONDURAS ?


En primera instancia, el gobierno norteamericano estaba implicado en el golpe. Desde muchos ángulos podemos hacer el análisis. Primero está el hecho de que los militares hondureños no funcionan sin consultar a los asesores presentes en ese país", dijo Petras.



El gobierno de los Estados Unidos estuvo detrás del golpe de Estado al presidente José Manuel Zelaya, pero el repudio mundial a ese hecho lo ha puesto a negociar con los mandos militares de Honduras, la posibilidad de que el presidente depuesto reasuma su cargo, pero en condiciones tales que le sea muy difícil continuar la línea de relaciones que mantiene con los países del Alba y, en particular, con el presidente Chávez.


Así lo consideró el analista y académico estadounidense, James Petras, en entrevista exclusiva con la Agencia Bolivariana de Noticias, sobre la situación que se vive en Honduras.

A su juicio, el gobierno norteamericano está implicado en el golpe de Estado en Honduras: "En primera instancia, el gobierno norteamericano estaba implicado en el golpe. Desde muchos ángulos podemos hacer el análisis. Primero está el hecho de que los militares hondureños no funcionan sin consultar a los asesores presentes en ese país".

Petras dice que los asesores estadounidenses están en todos los niveles de la jerarquía militar hondureña. "Eso primero; estructuralmente es imposible que los militares hondureños muevan un dedo sin consultar con los asesores de Estados Unidos".

"Segundo -explica- el gobierno de Obama está muy enojado por el hecho de que Zelaya está en alianza con Chávez y tomando medidas económicas de ayuda y en asociación con el Alba".

Señala el analista que hasta ahora el Gobierno de Obama no ha reconocido que hubo un golpe militar "y no han cortado ninguna ayuda ni relaciones con el gobierno golpista".

Dice que todas las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno de Washington, son reacciones forzadas por el repudio mundial al golpe.

"En principio -puntualiza- no denunciaron el golpe y es sólo después que toda la región de América Latina condena el golpe, después de muchas vacilaciones y para no quedar aislados, que tomaron la posiciones de las Naciones Unidas, OEA y demás organismos internacionales, pero siempre con mucha reticencia porque no quieren debilitar a sus aliados que son los militares y la oligarquía".

Indicó que en las discusiones en las Naciones Unidas sobre el tema, la delegación de Estados Unidos prolongó las deliberaciones por cuatro horas, para moderar la declaración final.

Y añade que mientras los países de América Latina retiran sus embajadores, Washington mantiene su embajador.

"Ahora están tratando de evitar que Zelaya vuelva al país como presidente y, si vuelve, lo haría en un marco institucional que debilita su política en alianza con Chávez. No hay duda de que Obama pensó que podía darse el golpe sin mayores consecuencias".

"Ahora otra vez tenemos un efecto boomerang. Cada vez que Obama trata de proyectar el poder estadounidense, bien sea en Afganistán, o en relación con la política económica, el plan de estímulos financieros o lo que sea, lanza la política y después tiene que replegarse, porque en el momento actual no es posible que pueda seguir la política imperialista de los anteriores presidentes", expresa.

- ¿Cuál cree que será el desenlace de esta situación cuando Zelaya se presente el sábado en Tegucigalpa?

- Todo dependerá del grado de apoyo que siga prestando Estados Unidos. Si siguen sin caracterizar a ese Gobierno como golpista, y sigue la ayuda y sigue el embajador, creo que puede fracasar la visita de Zelaya.

Petras toma unos segundos de pausa y continúa: "Yo creo que están negociando con los golpistas ahora, tratando de minimizar los efectos de la visita; tratando de separar la OEA y los presidentes de Ecuador y Argentina de Zelaya. Pienso que si tratan de arrestar a Zelaya eso va a provocar una gran crisis en todo el continente y eso pondría a los Estados Unidos en una posición muy incómoda".

Insiste en la importancia del apoyo de los Estados unidos al gobierno golpista, porque a su juicio, Honduras puede vivir sin un asiento en la OEA , pero no sin el 85% de su comercio con el país del norte.

"Pero mucho dependerá del grado en que Washington consiga debilitar completamente a Zelaya, para que vuelva como un presidente impotente, que no pueda lanzar ni la consulta ni el referendo. Yo creo que Washington está buscando eso".

¿El primer golpe de estado con participación directa del narcotráfico?


Para su aventura hondureña, a los barones del narcotráfico no les ha resultado difícil encontrar aliados. A la burguesía no le gusta que, por ejemplo, se reprima la evasión fiscal ni que se elimine el monopolio de los combustibles. Por otra parte, a los medios de incomunicación tampoco les hace ninguna gracia que les retiren las subvenciones estatales. En cuanto a los EEUU, acostumbrados a considerar Honduras como su portaaviones centroamericano, les disgustó profundamente que Honduras entrara en el ALBA.


Es mediodía del domingo 28 en Honduras y atardecer en España. A estas horas, es posible que nadie sepa cómo va a terminar el golpe de estado ''troglodita'' que está sufriendo el pueblo hondureño pero, dejando aparte lo obvio (enésima reaparición de los gorilas, tecnicismos de la oligarquía y mentiras mediáticas), ya se pueden apreciar algunos síntomas de que no estamos ante un golpe militar rutinario.

Las primeras voces de alarma que escuché provinieron del COPINH. El día jueves 24, este Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras difundió desde Intibucá un comunicado titulado sin ambages ''Se prepara un golpe de Estado''. Puesto que los indígenas no son alarmistas, presté especial atención y, como buen funcionario, de inmediato acudí al Expediente Honduras para revisar los Antecedentes; allí me encontré con algunos hechos muy llamativos:

a) noviembre 2008: se celebra en Tegucigalpa la 18ª conferencia internacional contra las sustancias ilícitas. Aprovechando tan magnoevento, el presidente Manuel Zelaya –conocido popularmente como Mel-, propone la legalización de las drogas como único camino para avanzar en la lucha contra el narcotráfico.

b) pocos días después, son asesinados Mario Fernando Hernández, vicepresidente del Parlamento hondureño, del gobernante partido Liberal y su correligionario M.A. Collier. Según la policía y las agencias de noticias, ''cuatro hombres encapuchados tirotearon el vehículo en el que viajaban las víctimas y luego remataron a Hernández. Éste recibió 29 balazos, y Collier, cinco''. Evidentemente, es un atentado con penetrante hedor a narco.

c) el día 23, víspera del comunicado de COPINH, cuatro sicarios disparan 30 balas contra el vehículo en el que viajaba el candidato de izquierdas a la alcaldía de Tocoa quien es trasladado a la capital en estado crítico -desconocemos su suerte actual-. El hedor a narco comienza a ser irrespirable.

Y si resulta que los narcos se han atrevido a dar un golpe de estado? Es una posibilidad latente en buena parte del mundo menos en Colombia donde lo dieron hace años. Pero unas declaraciones adversas, por muy presidenciales que fueran las de Mel, son condición necesaria pero no suficiente. Hasta los narcos necesitan aliados para dar un golpe y ahora no estamos pensando en los gorilas porque los milicos golpistas son más que aliados hasta el extremo de que nos resulta difícil distinguirlos de los narcos –en Honduras y en otros países, Bolivia y Guatemala en especial-.

Para su aventura hondureña, a los barones del narcotráfico no les ha resultado difícil encontrar aliados. A la burguesía no le gusta que, por ejemplo, se reprima la evasión fiscal ni que se elimine el monopolio de los combustibles. Por otra parte, a los medios de incomunicación tampoco les hace ninguna gracia que les retiren las subvenciones estatales. En cuanto a los EEUU, acostumbrados a considerar Honduras como su portaaviones centroamericano, les disgustó profundamente que Honduras entrara en el ALBA.

Todo eso y algo más es lo que venía efectuando Mel. Para colmo, el presidente Zelaya intentaba comprar medicamentos genéricos a un precio escandalosamente inferior al impuesto por las transnacionales farmacéuticas. Y, para remate, el mismo jueves día 24, los presidentes del ALBA se comprometieron a revisar la doctrina sobre propiedad industrial, una medida con efectos directos sobre el precio de las medicinas. Es fácil imaginar la reacción del cuerpo técnico del narcotráfico, esos señores que por la mañana trabajan para una gran compañía y por la tarde para algún Gran Barón Blanco. Poco importa el detalle pero es cierto que difícilmente podríamos demostrar que ésta haya sido la gota que, realmente, haya colmado el vaso de la coalición narco-gorila-oligarca-mediática.

Sea cual fuere la última gota, es un caso absolutamente inédito que se produzca un golpe de estado para evitar una encuesta. Porque, recordemos: aunque los medios de incomunicación la presenten como ''un referéndum para reelegir indefinidamente a Mel'', esta llamada a las urnas se reduce a una mera ''Encuesta de opinión'' (su nombre oficial) para saber si el pueblo hondureño estaría de acuerdo en que, el próximo mes de noviembre, se añada una cuarta urna cuyo resultado decidiría si se convoca una Asamblea Constituyente que, a su vez, legislaría (o no) sobre los plazos presidenciales.

Si no fuera trágico, sería extravagante que una medida propia de los sociólogos se haya convertido en el pretexto para dar un golpe de estado.

Pero, observando el minuto a minuto de la actualidad, aparecen algunos detalles que me hacen abundar en la hipótesis del golpe semi-narco. Por ejemplo: los secuestros de Mel, de la cancillera Patricia Rodas y de los embajadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela tienen la marca narco, en especial el asalto a tiro limpio y el maltrato por encapuchados. Ya sabemos que el narco aspira a ser Estado pero que, por no disponer (todavía) de cárceles oficiales, debe limitarse a secuestrar paralelamente.

Ahora bien, si tan narcos son los golpistas, ¿porqué en lugar de deportarlo a Costa Rica no le han decapitado o degollado? Pues probablemente porque sus socios golpistas se han opuesto por razones no precisamente humanitarias sino políticas: ''lo hubiéramos convertido en un mártir, no son modos aceptables por la ONU, los EEUU prefieren ahora guardar algunas formas, etc''. En definitiva, porque no es un golpe exclusivamente narco aunque sus sicarios mejor o peor uniformados tengan en él una parte decisiva. Porque es un golpe que los EEUU habían pensado de una manera ''más institucional'' –no olvidemos que, ¡oh casualidad!, su embajador salió de Tegucigalpa el miércoles día 23-.

Y, en general, porque estamos ante un golpe chapucero que comenzó técnicamente mal, sin bombardeos mediáticos de ablandamiento, y que (ojalá) terminará fracasando porque los EEUU y Europa no podrán admitir las imágenes de los soldaditos invadiendo la Casa Presidencial. A fin de cuentas, son infinitamente más vistosas que las de un congreso eligiendo a un presidente espurio, por mucho que esperamos un aluvión de estas últimas.

Por lo demás, tenemos para el futuro el horizonte de un narcotráfico que, si antes tenía aspiraciones y experiencias indirectas golpistas, ahora cuenta con una experiencia directa. Parcial pero experiencia. Hay otros países que deberían alarmarse.

No es razonable esperar que los medios de incomunicación consideren la hipótesis del golpe semi-narco. Seguirán dale que dale con la grosera mentira de convertir una encuesta en una reelección presidencial inmediata porque su inercia rutinaria les lleva a insistir en un tema (banal) que ya tienen muy trabajado. Pero, por el momento, Mel ya ha ganado la batalla icónica. Siempre nos quedará la estupenda imagen de un presidente con corbata y sombrero subido a la puerta de un bus urbano y rodeado de su pueblo rescatando de un cuartel a las planillas de una encuesta. El propio sueño de un sociólogo.


(*) Antonio PÉREZ. Antropólogo americanista español, sufrió dos prisiones bajo el franquismo, vivió varios años en San Carlos de Río Negro en el Estado Amazonas, y es considerado uno de los más importantes pensadores heterodoxos españoles vivos.

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CONGRESO SUSPENDE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN HONDURAS


Escrito por Radio Uno
MIÉRCOLES, 01 DE JULIO DE 2009

 (Radio Progreso – Tegucigalpa) A petición del presidente de facto Roberto Micheletti el Congreso Nacional aprobó hoy un decreto que suspende las garantías constitucionales de la ciudadanía y que pondría en peligro las vidas de quienes exigen la repatriación del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.

Las garantías estarán suspendidas mientras dure el toque de queda que ha sido implantado hasta segunda orden en horario de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana y que se hizo efectivo desde el 30 de junio, fecha en que el presidente constitucional de Honduras Manuel Zelaya fue capturado y expulsado a San José Costa Rica.

El decreto fue aprobado en un solo debate (ya que se mocionó para dispensar los primeros dos debates) por los diputados y diputadas al Congreso Nacional, a excepción del partido Unificación Democrática (UD) a través de la diputada Doris Gutiérrez, que es la única que ha asistido a las sesiones.

Los derechos constitucionales suspendidos por la Cámara Legislativa son el 71, 78, 79, 81 y 99 de la Constitución de la República. El artículo 71 establece que ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de 72 horas sin ser puesta a la orden de la autoridad competente para su juzgamiento.

La violación a este derecho individual violenta el principio de legalidad porque dejaría "indefinido el tiempo de detención de un ciudadano o ciudadana. Esta acción ha sido calificada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos como una violación gravísima, no solo a la legislación vigente sino ante la comunidad internacional.

Por otra parte el artículo 78 sostiene que se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres. En este aspecto, la suspensión de esta garantía debería ser bajo ciertos parámetros, pero el decreto aprobado por el legislativo, mediante iniciativa del presidente de facto Roberto Micheletti, limitaría la libertad de reunión pacífica, sin armas y la manifestación pública.

Aspectos, que no están contemplados en la Constitución como facultad del Consejo de Ministros ni del presidente de la República, ni está tampoco contemplado dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En la Cámara Legislativa se ha suspendido el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la ley señala.

Este derecho, es un derecho humano fundamental que genera cierta duda, si puede ser o no limitado o el permanecer en el domicilio que es otra de las garantías que se pretende restringir con esta propuesta de decreto.

Refiriéndose a la suspensión del artículo 99 constitucional que establece que el domicilio es inviolable y que ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita.

En las últimas horas se ha informado que el presidente Manuel Zelaya Rosales estaría arribando al país el próximo sábado acompañado del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner que actuaría como observadora del organismo continental que en un comunicado condenó el golpe de Estado y solicitó la restitución del presidente Manuel Zelaya.