Una contratación directa de los servicios de Data Center (Centro de datos electrónicos) que el Ministerio de Justicia otorgó a las empresas ICE, RACSA y ESPH, y cuyo contrato de 2 años ronda un gasto para la institución de ¢3.710 millones, generó cuestionamientos a Cecilia Sánchez, jerarca de esa cartera. Según expertos desde un inicio se advirtió a la ministra que los costos estaban duplicados y aun así se procedió a la aprobación de la contratación directa y no vía licitación, algo que también se cuestiona. / Ministra de Justicia desobedece y aprueba contrato de ¢3.700 millones

Ministra de Justicia desobedece y aprueba contrato de ¢3.700 millones

Una contratación directa de los servicios de Data Center (Centro de datos electrónicos) que el Ministerio de Justicia otorgó a las empresas ICE, RACSA y ESPH, y cuyo contrato de 2 años ronda un gasto para la institución de ¢3.710 millones, generó cuestionamientos a Cecilia Sánchez, jerarca de esa cartera.

 Según expertos desde un inicio se advirtió a la ministra que los costos estaban duplicados y aun así se procedió a la aprobación de la contratación directa y no vía licitación, algo que también se cuestiona.

CENTRO DE DATOS 

Todo inicia con la intención y políticas de modernización del Ministerio de Justicia en cuanto al uso de datos y los resguardos que se maneja en los sistemas computarizados, los cuales tienen que ver con la operatividad y administración de la información carcelaria.

El sistema guarda en bancos de datos computarizados en servidores, qué información hasta la fecha es propia de la institución y cuáles datos son catalogados como obsoletos.

Por ello el departamento de Tecnologías de Información (TI) comienza a valorar la posibilidad de contar con un proveedor que resguarde esa información en bancos de memoria (servidores de cómputo) externos. 

Este servicio salió a oferta no mediante licitación pública, sino por medio de la figura de la contratación directa, acto que se cuestionó por las características propias de lo que se quería llevar a cabo.

MAYO

Las irregularidades con esta contratación comenzaron a surgir en mayo anterior, cuando especialistas en informática advirtieron a la ministra Sánchez, que la multimillonaria inversión no tenía por qué darse y misteriosamente se estaba duplicando el costo de los servicios que colocaran la información del ministerio en la nube virtual de datos.

Todo esto quedó documentado en el oficio UEP-TI-OF-29-2017 dirigido y entregado en el despacho de la ministra de la cartera, pero también fueron advertidos los jerarcas de la Dirección de Adaptación Social y la Policía Penitenciaria.

ANTECEDENTES 

DIARIO EXTRA cuenta con el legajo de señalamientos que, según el departamento de prensa de la institución, fueron del conocimiento de la jerarca Sánchez, quien delegó el tema a especialistas de la institución. Pese a esto, la contratación continúa tal como se reporta en el sistema de contrataciones del gobierno Mer-Link, se adjudicó a las compañías mencionadas.

Según el oficio a dos funcionarios de apellido Sánchez y Herrera, del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, se les delegó la evaluación de la contratación de los servicios de Data Center, del cual mencionan que el ministerio cuenta con su propia infraestructura tecnológica que incluye un centro de datos, con 6 años de antigüedad y con fallos que respaldan la iniciativa de cambio para una obligatoria modernización.

Los especialistas indicaron a los jerarcas que actualmente el Ministerio de Justicia se mantiene enlazado con los centros penitenciarios y oficinas gracias a los servicios de RACSA-ICE, con las que en mayo del 2017 firman un convenio de cooperación de la ya existente relación entre ambas instituciones.

Según indican los expertos, el ICE cuenta con un centro de datos de alto nivel, catalogado como uno de los mejores de la región y utilizado por diversas instituciones del Estado como el Ministerio de Hacienda y Banco Nacional, entre otras.

INFORMACIÓN

Por esta relación RACSA-ICE mostró el interés de ampliar el servicio al igual que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Precisamente los funcionarios encargados del análisis indicaron que Tecnologías de Información (TI), jefatura a cargo de Marianella Granados, negaron la información de la oferta presentada por ESPH, así como especificaciones de la infraestructura necesaria que se les exigió a los proveedores.

El oficio indica que la jefa del (TI) comunicó que se solicitó a los proveedores una solución al tema del Centro de Datos, de los cuales mostraron interés tres empresas privadas y dos públicas.

Granados indicó a los especialistas que decidieron hacer una contratación directa con la ESPH, situación que llamó la atención de los que analizaban el contrato ya que advirtieron no fue la mejor oferta.

“Partiendo de la cooperación que el ICE-MJP han venido tratando, se logró que el ICE presentara una oferta con mejores prestaciones y con el precio mensual de $20.000 menos respecto a la anterior. Esto se logró luego de un arduo proceso de negociaciones por parte de ICE-RACSA con fabricantes y proveedores”, indica el oficio.

AMBOS 

Cuando se presenta el mejoramiento de la oferta por parte del ICE-RACSA la oficina de Tecnologías de Información (TI) comunica una decisión que en el oficio se cuestiona.

“Al presentar la nueva oferta del ICE, (TI) convoca a la ESPH y a RACSA, donde les informa que van a contratar la solución de ambos, por lo que se deben de poner de acuerdo. RACSA solicita a (TI) un espacio sin la presencia de representantes de ESPH, donde poder aclarar la necesidad concreta que tiene el MJP. El 30 de mayo de 2017, se realiza la reunión”.

En esta reunión se tocan diferentes puntos como la solicitud que recibió el ICE- RACSA por parte del Ministerio para que se busque una solución en conjunto de alta disponibilidad compuesta por una base de datos del ICE y otra idéntica en manos de ESPH.

Según RACSA esta iniciativa de contar con dos centros de datos tiene una serie de inconvenientes y dificultades técnicas que al final no respaldan la intención de contar con un respaldo ante un eventual fallo del servicio del ICE-RACSA.

“Se expone a (TI) y Racsa que las bases de datos van a estar en espejo sincronizadas en tiempo real, ya que es importante la integridad y disponibilidad de la información, además de la posibilidad de pérdida de información. Ambas instituciones responden que no y aseguran que la posibilidad de que esto pase es muy baja, ya que para eso se requiere que el centro de datos se caiga por completo y de igual forma requiere de una intervención de personal técnico para sincronizar las bases de datos de los sistemas”, indica el oficio.

RECOMENDACIONES

Los profesionales en la materia del Ministerio de Justicia que realizaron el análisis llegaron a la conclusión de que la institución no tiene claro lo que se requiere y no se valoró los riegos necesarios de la inversión de los ¢3.700 millones.

“El MJP no tiene claro lo que requiere y no han contemplado los riesgo asociados y asumidos al querer dos centros de datos de alta disponibilidad, sin dejar de lado el costo económico asociado. En la misma reunión se evidencia que la probabilidad de requerir el segundo centro de datos es escasa, ya que por ejemplo el centro de datos del ICE cuenta con todas las condiciones de alta disponibilidad. El MJP no requiere contratar una doble infraestructura tecnológica, ya que los servicios que brindan no justifican la inversión-costo asociados”, indicaron los especialistas.

MINISTERIO

En cuando al tema el DIARIO EXTRA realizó las consultas a los jerarcas del Ministerio de Justicia para que se aclaraban las interrogantes.

En primera instancia desacreditaron el criterio de los ingenieros de la Unidad Ejecutora del Programa de Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, que realizaron la denuncia, según su deber de probidad, pese a que en el documento deja claro que fue un requerimiento de la institución.

 “No se trata del criterio oficial del Departamento de Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y Paz. Esas observaciones hechas por el exfuncionario, se dirigieron a la ministra de Justicia, y, esta a su vez, las remitió al viceministro de Gestión Estratégica, Alejandro Redondo, como encargado del proceso de contratación, para que las tomara en consideración como una referencia y no como un criterio vinculante”, indicó la institución por medio de su departamento de prensa.

DOS EMPRESAS

Los jerarcas del ministerio respaldaron la doble contratación multimillonaria por las necesidades en los servicios críticos que maneja y por tratarse de temas carcelarios propios de su actividad.

“El Departamento de Tecnologías de la Información difiere de ese criterio y justificó la necesidad de contratar dos centros de datos para resguardar toda la información del Ministerio de Justicia y Paz, en razón de que, ante la eventual caída, mal funcionamiento o interrupción por mantenimiento de uno de ellos, se contara con otro servidor de respaldo, que permitiera darle continuidad a las funciones de la institución, por la vital necesidad de mantener todos los centros penitenciarios interconectados las 24 horas”.

Tal como lo cuestiona el oficio, el centro de datos del ICE-RACSA cuenta con un récord del 100% de operatividad en tres años de servicio donde no han visto interrumpida el servicio que ofrecen.

Al ser el Data Center más reconocido de la región no quedó claro cuáles fueron los parámetros para determinar eventuales fallos del sistema, los cuales de existir serían mínimos y no justificaría el desembolso de ¢1.711.794.672 millones en dos años por parte de la institución, tal y como queda registrado en el sistema de compras del gobierno Mer-Link en la contratación bajo el número de gestión 2017CD-000068-0006900001, avalada por la jerarca de justicia, Cecilia Sánchez.

A ICE-RACSA se le adjudicó el contrato por un monto ligeramente superior a ¢1.998 millones, inversión que sí se justifica y que han hecho otras instituciones como el Ministerio de Hacienda y entidades bancarias donde esa institución ofrece sus servicios y no han sido necesarias otras empresas de respaldo, pese al alto tránsito de información vulnerable que tienen esas dependencias.

SE ALLANAN OFICINAS Y CASAS DE TRES FUNCIONARIOS PÚBLICOS Por mandato legal, la fiscala general Emilia Navas Aparicio dirige las diligencias judiciales, al tratarse de investigados que tienen inmunidad.

Continúan avanzando investigaciones por el caso del “cemento chino”

SE ALLANAN OFICINAS Y CASAS DE TRES FUNCIONARIOS PÚBLICOS

• Por mandato legal, la fiscala general Emilia Navas Aparicio dirige las diligencias judiciales, al tratarse de investigados que tienen inmunidad.

Tatiana Vargas Vindas

hvargasv@poder-judicial.go.cr

29 de noviembre del 2017. La Fiscalía General de la República confirma que hace pocos minutos dio inicio una diligencia de investigación que consiste en el allanamiento de tres oficinas de la Asamblea Legislativa, tres casas de habitación y el despacho de un Viceministro.

Las oficinas públicas corresponden a los diputados Morales y Guevara, así como la de los asesores del último legislador. La cuarta oficina pertenece a Rodríguez, viceministro de ingresos del Poder Ejecutivo.

También se allanan las casas de los diputados, ubicadas en Heredia y Escazú, respectivamente, y la del Viceministro, también localizada en Heredia. El objetivo es recopilar prueba relacionada con el delito por el cual se les investiga: tráfico de influencias, bajo las causas penales 15-00022-0033-PE (contra los legisladores) y 17-00032-0621-PE (contra Rodríguez).

Las acciones operativas están relacionadas con el caso conocido mediáticamente como “cemento chino”, investigado bajo un nuevo análisis jurídico y probatorio, desde el 13 de octubre anterior.

La Fiscalía General solicitó la autorización de allanamiento a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que se trata de personas investigadas que son miembros de los supremos poderes.

La diligencia que se realiza en el Congreso es dirigida por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, debido a que la legislación nacional exige que sea la jefatura del Ministerio Público la que asuma las investigaciones que vinculan a integrantes de los supremos poderes que gocen de inmunidad, como es el caso de Guevara y Morales.

Además de la jerarca, en los allanamientos participan siete fiscalas y fiscales, cinco magistrados y magistradas suplentes de la Sala Tercera y agentes de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial.

Se desconoce el tiempo que tardará el desarrollo de los allanamientos.

HOY 2 PM VOTO 2018 RADIO SONORA 700 AM MASTER PATRICIA VILLEGAS ALVAREZ CANDIDATA A DIPUTADA DEL PARTIDO INTEGRACION NACIONAL POR CARTAGO PRIMER LUGAR

HOY 2 PM VOTO 2018 RADIO SONORA 700 AM MASTER PATRICIA VILLEGAS ALVAREZ CANDIDATA A DIPUTADA DEL PARTIDO INTEGRACION NACIONAL POR CARTAGO PRIMER LUGAR

Rodolfo Hernández: El primer decreto que voy a eliminar es la "ideología de género"

Rodolfo Hernández: El primer decreto que voy a eliminar es la "ideología de género"

Redacción, 27 nov (elmundo.cr)- Durante el programa Ruta Joven, el candidato presidencial por el Partido Republicano, Rodolfo Hernández manifestó que de llegar al Ejecutivo, “el primer decreto que voy a eliminar es la ideología de género”.

Se refiere de esta manera a los nuevos Programas de Educación para Afectividad y Sexualidad, que se implementarán en las escuelas a partir del próximo año.

“Lo que no acepto como pediatra y como ser humano y como padre de familia es que a la gente se le confunda. Yo no tengo dudas cuando nace un hombre, o cuando nace una mujer y tengo evidencia evolutiva, biológica y científica. Por eso es que no acepto esa ideología, porque parte de una idea”, argumentó el republicano.

Asimismo, la ministra de Educación Sonia Marta Mora, ha manejado su discurso para arrojar luz sobre tan criticados programas por el tradicionalismo político costarricense.

“Quiero acercarme a las familias, para compartir con ellas lo que realmente contienen tales programas, el tipo de trabajo que motivan en el aula. Y también, recordar los persistentes retos y problemáticas que hacen necesarios estos planes de estudio. No conviene cerrar los ojos. No podemos asumir que todo está bien y que las  situaciones a las que voy a aludir se resolverán por sí solas”, afirmó Mora.

Otros candidatos se han enfrentado a la implementación de este proyecto, como  Fabricio Alvarado, quien se comprometió a eliminar todo indicio de “ideología de género” en las instituciones públicas, por medio de un decreto.

“La ideas no necesariamente son verdades y realidades, sino que son pasamientos de una minoría para tratar de embaucar a las otras. La familia es la que tiene el deber y responsabilidad de transmitirle las creencias y los valores a sus nuevas generaciones, no la escuela”, concluye Hernández.

ICE pierde dos procesos y pagará cerca de $160 millones a empresa PH Chucas

ICE pierde dos procesos y pagará cerca de $160 millones a empresa PH Chucas

• El instituto perdió dos procesos; un arbitraje y un Contencioso Administrativo
• El arbitraje condenó a la entidad al pago aproximado de $150 millones a favor de PH Chucas

San José, 24 nov (elmundo.cr)- El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) perdió dos procesos; un arbitraje y un Contencioso Administrativo, por lo que deberá pagar cerca de $160 millones a la empresa PH Chucas S.A., que estuvo a cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chucas.

Después de dos años, ayer se resolvió un proceso arbitral de la compañía contra el ICE, que se tramitó en el centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham).

El arbitraje condenó a la entidad al pago aproximado de $150 millones a favor de PH Chucas, al no reconocer que existían una serie de sobrecostos generados por circunstancias que no eran supuestamente previsibles, como inundaciones, deslizamientos, entre otras razones.

Fuentes allegadas a EL MUNDO indicaron que, supuestamente, la constructora del proyecto hidroeléctrico intentó conciliar, e incluso envió “varias” cartas para buscar una solución amigable, pero esas opciones de arreglo habrían sido rechazadas por el instituto.

Pago por retención

Desde el 2015, la empresa también interpuso un proceso contra la entidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin de evitar el pago de multas por rezagos en la construcción de la planta hidroeléctrica, en la zona de Atenas. LEA TAMBIÉN: ICE multa con 5092 millones a empresa por atraso en entrada de operación de hidroeléctrica

El proyecto se atrasó en la elaboración de la planta de 50 MW, por lo que existía la posibilidad, según el contrato, de una sanción. Sin embargo, la empresa solicitó una medida cautelar para detener el pago de las multas.

A raíz de ese hecho, ayer las partes fueron notificadas de que se acogieron dichas medidas cautelares, por lo que el instituto no podrá cobrar multas y más bien tendrá que hacer un reintegro de aproximadamente $11 millones a favor de la firma constructora.

En la actualidad el proyecto está terminado y funciona desde noviembre del año anterior.

Este medio de comunicación está a la espera de la posición del ICE sobre los dos montos que tendrá que desembolsar a favor de PH Chucas.

LEA TAMBIÉN: ICE se niega a pagar $209 millones a generadores privados

Corte llama a comparecer a los 57 diputados por caso de Celso Gamboa - La Corte Suprema de Justicia llamó a comparecer a todos los diputados de la República por una causa disciplinaria abierta contra el magistrado Celso Gamboa. Este jueves. el Poder Judicial empezó a repartir notificaciones en los despachos de los legisladores.

Corte llama a comparecer a los 57 diputados por caso de Celso Gamboa - La Nación

La Corte Suprema de Justicia llamó a comparecer a todos los diputados de la República por una causa disciplinaria abierta contra el magistrado Celso Gamboa.

Este jueves. el Poder Judicial empezó a repartir notificaciones en los despachos de los legisladores.

Por ejemplo, a la legisladora Ligia Fallas, del Frente Amplio, la citaron para el 20 de diciembre; y a Rafaerl Ortiz, del PUSC, para el día 22. Ambos declararían en la oficina 903 de la Corte.

La notificación dice que los legisladores son llamados "a efecto de recibirles testimonio en relación con la causa disciplinaria número DCP-2-2017, seguida contra el señor Celso Gamboa, magistrado de la Corte Suprema de Justicia".

Serán recibidos por funcionaria judicial y que la causa la instruye la magistrada Julia Varela Araya.

La citación se ordenó en resolución de la Corte Suprema tomada el 14 de noviembre.

Las citaciones advierten a los legisladores que, en caso de no comparecer, podrán ser llevados mediante la Fuerza Pública.

Asesinan en balacera a Fiscal en Desamparados - ULTIMA HORA - El Ministerio Público condena y repudia los actos de violencia ocurridos ayer, los cualesacabaron con la vida del fiscal Hans De La O Solís, destacado en la Fiscalía de Flagrancia de Heredia. "Hacemos extensivas nuestras condolencias a la familia de don Hans, a quienes ya contactamos para ofrecerles nuestro apoyo como víctimas de un hecho tan grave y doloroso. Como institución, el Ministerio Público es enérgico ante estos hechos de violencia; resulta fundamental la investigación profunda que determine si el acto es producto de la función del fiscal, porque, de ser así, estaríamos frente a un hecho que sobrepasaría límites que no pueden rebasarse una vez más: no permitiremos que se debilite al Ministerio Público con este tipo de actos que tienen como finalidad amedrentar a los funcionarios y funcionarias que día a día cumplen con su deber”, afirmó la fiscala general Emilia Navas Aparicio.

_{23 de noviembre del 2017. El Ministerio Público condena y repudia los actos de violencia ocurridos ayer, los cualesacabaron con la vida del fiscal Hans De La O Solís, destacado en la Fiscalía de Flagrancia de Heredia.}

_{"Hacemos extensivas nuestras condolencias a la familia de don Hans, a quienes ya contactamos para ofrecerles nuestro apoyo como víctimas de un hecho tan grave y doloroso. Como institución, el Ministerio Público es enérgico ante estos hechos de violencia; resulta fundamental la investigación profunda que determine si el acto es producto de la función del fiscal, porque, de ser así, estaríamos frente a un hecho que sobrepasaría límites que no pueden rebasarse una vez más: no permitiremos que se debilite al Ministerio Público con este tipo de actos que tienen como finalidad amedrentar a los funcionarios y funcionarias que día a día cumplen con su deber”, afirmó la fiscala general Emilia Navas Aparicio.}

_{La jefa del Ministerio Público confirmó que el homicidio está siendo investigado por la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada y el Organismo de Investigación Judicial, despachos que se encuentran realizando indagaciones profundas, a efectos de esclarecer los hechos, identificar a las personas responsables y determinar el móvil.}

_{“Dentro del marco legal y con respeto absoluto de los derechos, pero con todas las herramientas con las que cuenta nuestro ordenamiento jurídico, resolveremos este caso para demostrar que nuestro sistema de justicia no pueda ser tocado”, aseguró la Fiscala General Navas Aparicio.}

_{De La O, de 43 años, salió de su trabajo a las 11:00 p.m., y fue atacado 50 minutos después frente a su casa, en Desamparados, de seis disparos, y aunque fue trasladado con vida hasta el Hospital San Juan de Dios, posteriormente fue declarado fallecido.}

_{La fiscala General se compromete a tomar todas las acciones necesarias, ante las autoridades correspondientes, para proteger la vida, la integridad y la institucionalidad de todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público.}

En el Ministerio Público y desde el departamento de prensa del Hospital San Juan de Dios, se confirmó la muerte del fiscal de la República Hans De La O Solís, tras ser atacado en su vivienda por razones que se investigan y donde recibió al menos seis disparos. 

De La O se desempeñaba como fiscal de Flagrancia en Heredia y anteriormente laboró como fiscal de Delitos Sexuales. Las autoridades confirmaron que los hechos se reportaron frente a la casa del Fiscal en Calle Fallas, Desamparados. 

“De La O, de 43 años, salió de su trabajo a las 11:00 p.m. y fue atacado 50 minutos después frente a su casa, en Desamparados, de seis disparos, y aunque fue trasladado con vida hasta el Hospital San Juan de Dios, posteriormente, fue declarado fallecido”, explicaron mediante un documento oficial.

Versiones preliminares señalan que el fiscal ingresó con su vehículo a la cochera de la vivienda y, en ese preciso momento, le dispararon en reiteradas ocasiones. Los impactos los tenía en la cara y las piernas, según el reporte de la Cruz Roja Costarricense.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo en el centro médico capitalino e iniciaron con las pesquisas del caso.

En el Ministerio Público, señalaron que condenan y repudian los actos de violencia ocurridos en la madrugada, además, enviaron las condolencias a la familia del funcionario judicial. 

“Como institución, el Ministerio Público es enérgico ante estos hechos de violencia; resulta fundamental la investigación profunda que determine si el acto es producto de la función del fiscal, porque, de ser así, estaríamos frente a un hecho que sobrepasaría límites que no pueden rebasarse una vez más: no permitiremos que se debilite al Ministerio Público con este tipo de actos que tienen como finalidad amedrentar a los funcionarios y funcionarias que día a día cumplen con su deber”, afirmó la fiscala general, Emilia Navas Aparicio.

De momento, no se reportan personas detenidas por el caso, además, se desconoce cuántas habrían participado en el homicidio. 

JUAN DIEGO CASTRO EMPATA ENCUESTA DE NOVIEMBRE DE LA UCR EN DONDE ANTONIO ALVAREZ DE SANTI BAJA UN 10 % Y CASTRO FERNANDEZ DEL PIN CRECE 9 % / EMPATE ENTRE JUAN DIEGO CASTRO Y ANTONIO ALVAREZ DE SANTI

El paisaje de las elecciones 2018 sigue nublado, pero en el horizonte parece dibujada una segunda ronda electoral y los indicios de un tráfico de apoyos entre una tienda y otra, de manera tal que ningún candidato pueden sentirse ganador a dos meses y medio de los comicios.

Si se compara el apoyo de los candidatos, se ve claro y contundente el descenso de Antonio Álvarez Desanti (Partido Liberación Nacional, PLN) en los últimos tres meses y la tendencia creciente de Juan Diego Castro, el exministro y abogado mediático que logró subirse al Partido Integración Nacional (PIN) para participar en este proceso. Ahora los dos tienen el respaldo de un 15% de la muestra, por encima del resto.

Ambas líneas se ven en la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizada entre el 4 y 16 de noviembre mediante 1212 encuestas a personas con teléfono celular, con un margen de error del 2,8%.

El estudio, hecho en asocio con el Semanario UNIVERSIDAD y las Radios UCR, muestra apenas una reducción de tres puntos en los indecisos (37% de los decididos a votar), a pesar del notable incremento de quienes se dicen seguros de participar (eran 58% en octubre y ahora son 66 de la muestra total).

Al observar el respaldo por cada candidato, se evidencia que están codo a codo Álvarez Desanti y Juan Diego Castro, aruñados por Rodolfo Piza (Unidad Social Cristiana, PUSC), que está en 11% de preferencia, pero para efectos estadísticos (por el margen de error) completaría un triple empate en la cabeza de la competencia.

Esta disputa, sin embargo, se dirime por ahora en cifras inferiores a la mitad de lo que necesitaría cualquiera de ellos para ganar en una primera ronda el 4 de febrero (40% de los votos válidos). Otra forma de decirlo: solo juntando el caudal de Álvarez, Castro y Piza se alcanza ese 40%.

Está a la vuelta de la esquina la posibilidad de acudir a una segunda ronda por tercera vez en la historia del país, lo que implicaría acudir a votar el propio Domingo de Resurrección que celebra la mayoría católica.

En cuarto lugar aparece ahora Rodolfo Hernández (Partido Republicano Social Cristiano, PRSC), que logró despegarse del fondo de la tabla y alcanzar un 5%, y el oficialista Carlos Alvarado (Partido Acción Ciudadana, PAC), quien ahora solo cuenta con 4% de las preferencias, la mitad de lo que tenía en agosto. Mientras, Otto Guevara recibe el respaldo de una población apenas superior al margen de error, el cual no superan los restantes siete candidatos.

En detalle, esta encuesta refleja el desplome de Álvarez Desanti y de Carlos Alvarado, la tendencia creciente de Castro y la tímida aparición de Hernández, además de una leve reducción de los indecisos (de 40% a 37% en un mes) y el incremento de quienes se declaran seguros de votar (de 58% a 66% de la muestra), a pesar de la nube de cuestionamientos que se levantó en la política en torno al tema del cemento chino.

CORRIENTES SUBMARINAS

El cuadro general, sin embargo, sigue reflejando, a 80 días de la elección, una fuerte incertidumbre por la alta cantidad de indecisos (37% de los decididos a votar o un 24% del total de la muestra). Esta población indecisa es mayor que hace cuatro años para este mismo momento de la campaña, según la encuesta del CIEP de entonces; por cada cuatro indecisos de ese momento, hay cinco en la actualidad.

Además de los electores que quieren participar pero no saben a quién apoyar, ocurre que las preferencias están muy repartidas. Además del triple empate estadístico en cifras bajas, el apoyo restante se distribuye en pequeñas cuotas que se acreditan a cada candidato. Si se recurre al símil del ciclismo, no se ve ningún corredor que se despegue de manera significativa del pelotón, que ya de por sí avanza a poca velocidad.

Aunque parecen invariables varios rubros del paisaje electoral, el estudio muestra que por debajo de la superficie visible hay cosas que se mueven, por la volatilidad de electores que cambian de candidato preferido, que salen del grupo de indecisos o que entran en él. El dato más concreto es el 12% de la muestra total que aseguró haber cambiado su opinión en el último mes.

Este dato, visto a la luz de seguimientos hechos en el programa Estado de la Nación en las elecciones del 2014, hace prever que en el mar de electores hay corrientes submarinas entre una zona y otra. Un ejemplo se puede ver con Rodolfo Piza, que parece clavado en un 11% y aún así hay encuestados que reportan haberse sumado a sus huestes, lo cual indica que otros salieron de ellas y ahora apoyan a otro o están indecisos.

Las posibilidades de los candidatos de ganar nuevos seguidores, sin embargo, no es pareja. El estudio preguntó a los encuestados en esta ocasión cuál es el aspirante presidencial por el cual nunca votarían, y el más mencionado resultó ser Antonio Álvarez Desanti.

ÁLVAREZ DESANTI: EL MÁS RECHAZADO

Un dato adverso para él y su PLN es el 38% de indecisos que respondió que nunca se inclinaría por apoyarlo a él. Le sigue en rechazo entre indecisos el libertario Guevara (27%) y Juan Diego Castro (8%), por encima de Edgardo Araya (Frente Amplio) y Rodolfo Piza, ambos con un 6%.

El exdiputado y empresario Álvarez Desanti es también el candidato más rechazado por cada grupo de seguidores de otros candidatos. Es decir, sus posibilidades de conquistar a simpatizantes ajenos también es menor que las del resto de sus contendores.

A pesar de su larga experiencia política, o quizás debido a ella, Álvarez Desanti suma más rechazos que su rival directo en este momento, Juan Diego Castro, el polémico abogado mediático de discurso de mano dura que fue ministro de Seguridad y de Justicia en el gobierno de José María Figueres y que esta semana señaló sin pruebas la gestación de un fraude electoral.

Incluso, entre los simpatizantes de Álvarez Desanti, Castro no aparece como el más rechazado. Solo el 18% de estos dijo que nunca votaría por Castro, una cifra igual a la que respondió que nunca lo haría por Piza, e inferior a la de quienes jamás apoyarían a Otto Guevara (27% de los seguidores liberacionistas).

Carlos Alvarado y Rodolfo Hernández recibieron pocas menciones en ese rubro, lo cual indica que un grupo importante no les cierra la puerta, pero tampoco ve de momento razones suficientes para apoyarlos.

El ambiente de la campaña aún se percibe frío entre la población, aunque la motivación para ir a votar ha aumentado, al pasar de 31% de personas, que decían tenerla en abundancia para ir a votar, a un 38% en esta mediación. Este dato se corresponde con el incremento de personas que aseguran votarán, que también es mayor ahora.

Tres de cada cuatro encuestados dijo tener interés en la campaña electoral (poco o mucho) y dos de cada tres manifestaron sentirse entusiasmados en alguna medida. Aunque las cifras pueden parecer bajas, tampoco son despreciables en estos tiempos de abundantes cuestionamientos a la clase política.

La mayoría (68,6%) también reportó haber visto la campaña del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con mensajes para motivar a la gente a informarse bien e ir a votar. Estos mensajes reciben una calificación positiva, pues un 72% cree que sí tendrá un impacto en la participación o al menos hará que las personas reflexionen sobre las opciones electorales y eventualmente apoyen una de ellas.

DATOS SOBRE EL TERRENO

– 66% decididos a votar: dos de cada tres encuestados.

– 37% de estos están indecisos, cinco puntos menos que en agosto.

– Uno de cada cuatro quiere votar y no sabe por quién.

– Cuatro de cada diez (de la muestra total) ya tienen favorito.

– 12% de la muestra cambió de opinión en el último mes.

Hijo la viola y embaraza / Cansada de pedir ayuda e interponer denuncias en varias instituciones debido a una serie de violaciones que recibe de su hijo, tras una de las cuales quedó embarazada -actualmente tiene 4 meses-, Sandra Vargas recurrió a DIARIO EXTRA para denunciar su situación y buscar soluciones. “Me ha quebrado celulares, ha destruido las denuncias que le he puesto para borrar evidencia, me ha robado las cosas y vendido mi ropa por droga. Me confesó que me ha vendido por drogas y sexo, no sé a dónde ir, nadie me ayuda, por eso estoy esperando un hijo de él”, comentó. Desde hace más de un año su hijo Rubén Quintana Vargas, de 20 años, la ha dañado de diferentes formas como violación, agresión y hasta amenazas con arma de fuego y blanca por su adicción a las drogas. Entre las primeras instancias que recurrió está el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), accedió a un programa de protección, pero ante un intento contra su integridad lo abandonó y por eso no tiene domicilio fijo. “Estuve en un albergue en Los Cocos de Limón y una persona casi me mata con un machete, al observar que las señoras del Inamu no hacían nada abandoné ese programa, me vine a San José y desde aquel entonces he deambulado por las calles y no tengo dónde comer. A veces la gente me da dinero o me pongo a vender cajetas, pero la municipalidad me las decomisa”, añadió. Por su estado de gravidez también se le imposibilita encontrar trabajo y no tiene estabilidad económica. “He buscado trabajo, pero me han respondido que no me pueden contratar porque estoy embarazada y es un riesgo, pero necesito comer y una cama para dormir. Psicológicamente no estoy bien, estoy deprimida, lloro todo el tiempo y he perdido la cuenta de las veces que me ha violado”, argumentó. Pese a que le recomendaron abortar para que la criatura no sufra las consecuencias, ella se opone rotundamente. Ha viajado por todo el país en busca de paz, pero le es imposible y recalca que le tiene pánico a su hijo. “Llevo más de un año sufriendo estos problemas, he huido a la Zona Sur, Parrita y Guanacaste para estar lejos de él, después de todo lo que me ha hecho no lo puedo perdonar. Él anda diciendo que venderá a mi bebé para sacarle provecho a la situación”, declaró.

 Hijo la viola y embaraza

Cansada de pedir ayuda e interponer denuncias en varias instituciones debido a una serie de violaciones que recibe de su hijo, tras una de las cuales quedó embarazada -actualmente tiene 4 meses-, Sandra Vargas recurrió a DIARIO EXTRA para denunciar su situación y buscar soluciones.

“Me ha quebrado celulares, ha destruido las denuncias que le he puesto para borrar evidencia, me ha robado las cosas y vendido mi ropa por droga. Me confesó que me ha vendido por drogas y sexo, no sé a dónde ir, nadie me ayuda, por eso estoy esperando un hijo de él”, comentó. Desde hace más de un año su hijo Rubén Quintana Vargas, de 20 años, la ha dañado de diferentes formas como violación, agresión y hasta amenazas con arma de fuego y blanca por su adicción a las drogas.

Entre las primeras instancias que recurrió está el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), accedió a un programa de protección, pero ante un intento contra su integridad lo abandonó y por eso no tiene domicilio fijo. 

“Estuve en un albergue en Los Cocos de Limón y una persona casi me mata con un machete, al observar que las señoras del Inamu no hacían nada abandoné ese programa, me vine a San José y desde aquel entonces he deambulado por las calles y no tengo dónde comer. A veces la gente me da dinero o me pongo a vender cajetas, pero la municipalidad me las decomisa”, añadió.

Por su estado de gravidez también se le imposibilita encontrar trabajo y no tiene estabilidad económica. 

“He buscado trabajo, pero me han respondido que no me pueden contratar porque estoy embarazada y es un riesgo, pero necesito comer y una cama para dormir. Psicológicamente no estoy bien, estoy deprimida, lloro todo el tiempo y he perdido la cuenta de las veces que me ha violado”, argumentó.

Pese a que le recomendaron abortar para que la criatura no sufra las consecuencias, ella se opone rotundamente. Ha viajado por todo el país en busca de paz, pero le es imposible y recalca que le tiene pánico a su hijo. 

“Llevo más de un año sufriendo estos problemas, he huido a la Zona Sur, Parrita y Guanacaste para estar lejos de él, después de todo lo que me ha hecho no lo puedo perdonar. Él anda diciendo que venderá a mi bebé para sacarle provecho a la situación”, declaró.

Actualmente dos personas le ayudan con comida para que no pierda las fuerzas y busca que su único hijo pague con cárcel todo el daño que le hizo.

Si quiere ayudarla puede cooperar por medio de los teléfonos 6274-2750 y 6480-2574.

Los Peces En El Rio - Villancicos - Musica Navideña

Juan Diego Castro: “Preparémonos para enfrentar el mayor fraude electoral"

Juan Diego Castro: “Preparémonos para enfrentar el mayor fraude electoral"

San José, 19 nov (elmundo.cr)- Hasta el momento, sin más pruebas que un mensaje emitido en su página de Facebook, el candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), Juan Diego Castro Fernández, hizo un llamado a la población para que se prepare a enfrentar el “mayor fraude electoral”.

Casto publicó un primer mensaje en su red social el 18 de noviembre anterior, en donde hizo ver que este “fraude electoral” sería planeado por la corrupción. Por eso instó a la ciudadanía a organizarse para “derrotar a los partidos corruptos”.

Hoy, nuevamente en su Facebook, dijo que “la campaña mafiosa, la propaganda del miedo, de los Arias y Álvarez, es solo el presagio de la conspiración de fraude electoral jamás planeada en Costa Rica”.

“La corrupción de los partidos políticos ya muestra sus colmillos y garras para aterrorizarnos. Hoy debemos poner mucha atención a esos síntomas, estar alertas frente a la desinformación y sobre todo juntarnos y prepararnos para librar la gran batalla electoral del 4 de febrero”, dijo.

A raíz de estas aseveraciones, el politólogo Gustavo Araya Martínez, preguntó cuál es la información que tiene el candidato del PIN, e incluso lo instó a entregar las evidencias al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los medios de comunicación.

Según indicó, una vez que brinde las pruebas “todos” podrían colaborar, ya que se trata de comentarios “muy serios”, que no deben prestarse para “juegos” electorales.

“Este tipo de afirmaciones y llamados- de los que debe darse pruebas- las utilizó por ejemplo Donald Trump cuando pidiera en enero que se hiciera una ‘gran investigación’ sobre el fraude electoral”, señaló Araya.