Hoy aseguraron que dejarán todo “en manos de los diputados” y, además, los magistrados de la Sala Constitucional se inhibieron de votar sobre la discusión de un cambio en los regímenes de pensiones del Poder Judicial. Así se “apartaron” de la posibilidad de presentar una propuesta para analizar cambios en los regímenes.
Sin embargo, hace pocos meses en sesión extraordinaria de Corte Plena del 20 de junio, los magistrados fueron claros en que se oponen a un cambio y a la reducción en los montos de sus millonarias pensiones. Estas son algunas de las frases de losmagistrados con respecto a la posibilidad de un recorte en sus pensiones.
¿Amenazas de huelga?
La posibilidad de ir a huelga y hasta paralizar la Corte saltó como tema en la sesión del pasado 20 de junio.
Magistrado Ernesto Jinesta “El día que paralicemos las Jurisdicciones Penal, Pensiones Alimentarias, Tránsito, los hábeas corpus y los amparos de la Sala Constitucional, a la larga muchas personas funcionarias y políticas llegarán al entendimiento de lo importante y relevante que es la función jurisdiccional. Tengan la plena seguridad que si paramos las materias de Tránsito, Pensiones Alimentarias, Penal y Constitucional -no digo que las otras materias no sean importantes- incluso hasta cobros judiciales, ellos y ellas verán la relevancia y el significado que tiene la función jurisdiccional, porque se darán cuenta que el país se paraliza total y absolutamente”.
Magistrado Jesús Ramírez: “…solicité permiso para la marcha que se va a realizar el jueves -no hablé de huelga- a fin de protestar por el proyecto del Frente Amplio, pero también hacerlo extensivo al proyecto de la Unidad Social Cristiana y al del Partido Liberación Nacional de Sandra Piszk, es decir, que a mi juicio los tres son confiscatorios“.
Magistrada Julia Varela: “…lo que están haciendo (los agremiados sindicales de la Corte) es una lucha legítima y mal haríamos en no concederles el apoyo político que requieren, porque a todos nos interesa el Poder Judicial y que se respete la dignidad de los grupos, tanto los y las que están actualmente laborando como los y las que están jubilados y jubiladas”.
Magistrado Jinesta: “Apoyo la moción de los Magistrados Ramírez y Chinchilla, en el sentido de dar el absoluto respaldo a todo el funcionariado judicial, para que vayamos a todas las reuniones, marchas y si es necesario la huelga, para defender los derechos jubilatorios de los funcionarios y las funcionarias judiciales”.
Pensiones de hambre
La propuesta para recortar las pensiones del Poder Judicial indica que el tope máximo sería de ¢4.783.200 pero la Corte ha propuesto un tope de ¢7,5 millones. Para ellos, limitar las pensiones a poco más de cuatro millones de colones es exponer a los trabajadores a una pensión ruinosa y paupérrima.
Magistrado Celso Gamboa: “…primero expresar en lo personal mi rechazo al proyecto presentado por el Frente Amplio y en donde se incluye el Régimen de Pensiones del Poder Judicial, porque en efecto conduciría a nuestras personas jubiladas a estar en una situación total y absolutamente ruinosa“.
Magistrado Jinesta: “Me parece que es una lucha justa para evitar la pauperización de las jubilacionesdel funcionariado judicial. Debo aclarar que en la Sala Constitucional, en vista de la postura que asumiré en la Corte y ante los movimientos, luchas e inclusive movimientos de hulega que haya, no resolveré el tema en la Sala Constitucional, entoendo que me asuste un interés directo como funcionario (…) así que voy a mantener una actitud digámoslo activa y combativa“.
Magistrado Celso Gamboa: “…tampoco y para nada favorecería el empleo de las y los futuros jóvenes que pretendan ingresar al Poder Judicial, porque definitivamente en las condiciones tan confiscatorias en las cuales se pretende evaluar nuestro Régimen de Jubilaciones y Pensiones, nadie se decantaría por irse a su casa de habitación con salarios tan agravados“.
Magistrado Jinesta: “…las personas juzgadoras de la República y el personal auxiliar, antes de esta reforma tenían salarios de hambre.”
Magistrada Julia Varela: “…tenemos que estar unidos en este proceso de concientización de las autoridades políticas, de que esto se trata no de un privilegio, como muy bien lo dijo el Magistrado Jinesta, sino de un derecho para el cual se han dado aportes y de lo que estamos totalmente conscientes es que se tiene que hacer reformas equitativas y justas, no confiscatorias o que vayan a denigrar al ser humano que aquí trabaja, cuando se retira por jubilación”.
Magistrado Jinesta: considero que debemos dar un movimiento de lucha por una jubilación digna, adecuada, proporcionada e irreductible ante todas las instancias donde haya que acudir.
Funcionarios judiciales son “diferentes”
Uno de los argumentos de los magistrados para defender su regimen de pensiones es que ellos no son “como el resto” de los funcionarios del Estado. De acuerdo con sus argumentos, su labor es particular, “delicadísima” y por eso merecen un regimen de pensiones especial. Así lo justificaron algunos de ellos:
Magistrado Jinesta: “…no podemos confundir bajo ningún concepto la función que ejercen las personas juzgadoras de la República y todos los sectores que auxilian la función jurisdiccional, con la función administrativa que despliegan las personas funcionarias del Poder Ejecutivo o del sector descentralizado (…) la remuneración de las personas juzgadoras y del personal que auxilia a quienes Administran Justicia, no puede ser igual bajo ningún concepto a la remuneración que se percibe en el sector administrativo o a otros sectores del Estado. Por idéntica razón, la jubilación, la pensión tampoco puede ser igual, porque hay que compensar la complejidad y la dificultad que tiene la función jurisdiccional, la función de juzgar las causas y ejecutar lo juzgado que es esencialmente la función jurisdiccional”.
Magistrado Jinesta: “… cuando los salarios, como en otros países dependen del Ministerio del Justicia, que es un órgano, una secretaría, adscrito al Poder Ejecutivo, surgen toda suerte de problemas con la independencia judicial y obviamente todo se distorsiona y termina en una corruptela; de manera que la independencia económica, personal, funcional e institucional es esencial”.
Magistrado Jinesta: “el tema de la prohibición absoluta que tienen las personas juzgadoras para ejercer cualquier otra profesión, eso no lo tiene una persona diputada de la República. ¡No! Porque gana su salario como diputado o diputada, sus dietas, pero también puede tener una oficina abierta, ahí hay una gran diferencia”.
Magistrado Jinesta: “Hay un principio básico en Derecho Constitucional, que consiste en que no se puede tratar a los desiguales como iguales, porque eso genera una discriminación. Si hay razones objetivas y fundadas para dar un trato diferente, ahí no hay ninguna discriminación. En otras palabras, si hay un régimen jubilatorio diferenciado para el sector jurisdiccional, es porque hay razones objetivas, razonables, más que justificadas, para que haya un régimen jubilatorio también diferente.
Riesgo de corrupción
Para Jinesta, si los magistardos no ganan lo suficiente, podrían terminar tentados por la corrupción y poner en riesgo la independencia judicial.
“…la jubilación y pensión de las personas juzgadoras de la República y todo el funcionariado judicial que los auxilian, tiene que ver necesariamente con la independencia judicial, no solo el salario o la retribución mensual que reciben por el ejercicio de su función, para garantizarnos esa condición también requerimos una jubilación y pensión digna, acorde con un nivel digno de vida (…) muy probablemente los funcionarios y funcionarias judiciales, al ver en perspectiva que van a tener al término de su vida laboral una pensión y jubilación paupérrima y completamente diezmada, pueden ceder ante cualquier tipo de ofrecimiento inadecuado o irregular (…) El principio en materia de Derechos Sociales es la no regresividad, no se puede nunca implementar políticas legislativas regresivas; lo propio en materia de Derechos Sociales y Económicos es la progresividad; es decir, ir avanzando en la conquista y el desarrollo, el disfrute de estos derechos (…) Todo el funcionariado judicial estamos llamados a decirle a la Asamblea Legislativa que respete nuestra independencia judicial, que nuestras jubilaciones no se tocan, que nuestras jubilaciones no pueden ser pauperizadas o diezmadas, no pueden ser jubilaciones indignas para el sacrificio que supone el ejercicio de la función jurisdiccional”.
No es la primera vez
Ya en 2014, el Magistrado Fernando Cruz había arremetido contra una inicitiva planteada por la diputada Sandra Piszk y que buscaba regular el tema de las pensiones. En ese momento, Cruz dijo “en este país se dice que no se pueden tomar decisiones y que es ingobernable, pero sacan músculo para los jubilados, es decir, para los jubilados sí hay músculo político y múltiples iniciativas (…) para los de la tercera edad, para eso sí hay iniciativas y decisión política y bastante, unas descalificaciones terribles (…) parece que cuando uno se jubila parece que la jubilación se convierte en un tipo especial de peculado, porque es casi como un delincuente”.
¿Qué pasa con los que no pagan en la Caja Costarricense de Seguro Social, que tienen esas deudas gigantescas y no se les cobra? ¡En eso no hay problema!
Solamente quería decir esto, porque como no voy a volver a pasar por la Asamblea Legislativa, estimo que pueda hacer esta evaluación sobre una política pública, sin pronunciarme sobre el contenido constitucional del proyecto”.
Solamente quería decir esto, porque como no voy a volver a pasar por la Asamblea Legislativa, estimo que pueda hacer esta evaluación sobre una política pública, sin pronunciarme sobre el contenido constitucional del proyecto”.
