La amenaza del Gobierno, sobre iniciar un proceso penal contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) por una supuesta tergiversación de las declaraciones del presidente Evo Morales, fue duramente criticada ayer por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Iglesia católica boliviana.
Desde su sede en Miami (EEUU), la SIP cuestionó el anuncio del Gobierno boliviano de demandar penalmente a la ANF por presuntas calumnias contra el mandatario. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la institución, Gustavo Mohme, señaló que “resultan desacertados, preocupantes y más cercanos a acciones intimidatorias los planteamientos de dos funcionarios del Gobierno (boliviano) contra la agencia noticiosa”.
Según un comunicado, Mohme, director del periódico peruano La República, destacó preceptos contenidos en la Declaración de Chapultepec que consignan que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad.
Al pronunciamiento desde el extranjero se sumó ayer la Iglesia católica boliviana que también se pronunció ofreciendo su respaldo a la ANF y a sus autoridades, y criticando el accionar del Gobierno.
En una carta de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) dirigida al sacerdote jesuita y director de la ANF, José Gramunt de Moragas, los obispos del país transmitieron su “respaldo y solidaridad con el trabajo periodístico de la ANF, frente a los ataques descalificadores que ha recibido en los últimos días por parte de representantes del Gobierno nacional”.
“Tampoco nosotros encontramos causa justificable para las acusaciones que han emitido públicamente las autoridades, desmereciendo una labor al servicio de la verdad y el bien común que queda bien sentada en la historia de este medio de comunicación de la Iglesia católica en Bolivia”, señala la epístola, que está firmada por monseñor Eugenio Scarpellini, secretario general adjunto de la CEB.
La misiva concluye: “Lamentamos profundamente que los intereses ideológicos y políticos del partido en función de Gobierno interfieran en un manejo responsable y equilibrado de los acontecimientos, tal como estos sucedieron”.
Roberto Carlos Hurtado, ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, manifestó su respaldo a la ANF y rechazó la intención gubernamental de instaurar un proceso penal contra el medio. “Cuando se acaba la razón, cuando se pierden los estribos, se recurren a este tipo de actitudes abusivas, prepotentes, que en este caso buscan acallar a un medio de comunicación que ha reflejado una declaración pública del jefe de Estado", manifestó el dirigente.
Por su lado, Milton Montero, de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, dijo que si el presidente se siente afectado por la nota de la ANF debe recurrir a los tribunales de Imprenta y no a otras instancias. “Esto parece una estrategia del Gobierno para acallar la voz de la prensa independiente”, manifestó.
El Gobierno acusó a la ANF de haber ‘distorsionado’ un discurso del presidente Morales en Tiwanaku, la semana pasada, durante el que afirmó que en el oriente boliviano, a diferencia del altiplano, "sólo por flojos podemos hambrear".
Aumentan las agresiones a periodistasLas agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación en el país han aumentado. Así lo indica el Observatorio Nacional de Medios (Onadem) de la Fundación Unir Bolivia, en su informe semestral de agresiones a los trabajadores de la prensa.
Según los datos divulgados ayer por Vania Sandoval, coordinadora de Onadem, solo en junio de 2011 se registraron 15 denuncias, mientras que este año, en el mismo mes, 23 casos.
Además, informó de que entre enero y junio de este año, en el país se registraron 73 denuncias de agresiones, de las cuales 67 fueron a periodistas y seis a medios de comunicación. El 67% de los casos de agresión fueron de tipo violento, mientras que el restante 33%, verbal.
Los policías encabezan la lista de los supuestos agresores, con un 41% de los casos, seguidos de funcionarios del Gobierno (8%), marchistas del Conisur (7%), el alcalde Percy Fernández (4%), pobladores de San Ignacio de Moxos (4%), etc. La Paz concentra el mayor número de denuncias, con el 57%; en segundo lugar está Santa Cruz, con 16%. Le siguen Oruro, Beni, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Pando.
La periodista Maritza Roca, representante del Colegio Latinoamericano de Periodistas (Colaper), denunciará las amenazas a la libertad de expresión en el país en la Cumbre de Periodistas de Ecuador y Colombia, a fin de mes.
Retenidos
Investigación. La SIP expresó su preocupación y solicitó a las autoridades que se investiguen las circunstancias que rodearon y se castigue a los responsables de la retención del periodista Jimmy Arias y del camarógrafo Johnny Callapa, del canal estatal Bolivia TV de Cochabamba, en la población de Santa Clara, durante la cobertura del proceso de consulta para definir la construcción de la carretera por el Tipnis.
