Guillermo Zúñiga Chávez *
Mientras se discute en la Asamblea Legislativa la reforma al artículo 121 de nuestra Carta Magna para darle al agua rango constitucional, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió, con el apoyo de 122 países –incluido el nuestro- declarar “...el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial, para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.
El tema del agua y el acceso a este líquido vital se discute en el mundo, porque además forma parte de los Objetivos del Milenio. Y en ese marco, quienes integramos la fracción del Partido Liberación Nacional en el Congreso, tras intensas reflexiones internas, llegamos a entender la naturaleza de la reforma constitucional que se discutía. En realidad se estarían tocando dos temas complementarios, pero distintos: por una parte, el hecho que los costarricenses queremos mantener dentro del dominio público al agua como tal, que es lo que se regula en el artículo 121; y por otra, el hecho que queremos también darle rango de derecho y garantía social, situación que se regula en el artículo 50 de la Constitución Política.
Es así como he podido concluir que por medio del artículo 121, podemos mantener las aguas como un bien de dominio del Estado, evitando cualquier duda que pueda existir en los ciudadanos, o en los mismos compañeros diputados de intereses ocultos en relación con el tema de la privatización, pues nada está más alejado de mi posición como socialdemócrata y costarricense.
Pero además, que es preciso establecer como derecho y garantía social, el tema del agua en el artículo 50.
Esta posición clara y responsable, resultado de un debate intenso a lo interior de nuestra fracción, me ha permitido identificarme con una propuesta, que tanto en mi caso como en el de otros compañeros, nos deja tranquilos al considerar que es una excelente base para que avance la discusión de la reforma constitucional. Así es como se van construyendo los acuerdos en la Asamblea Legislativa con estudio, reflexión e intercambio de opiniones.
Los liberacionistas, en concordancia con el V Congreso ideológico de nuestra agrupación, estamos totalmente comprometidos con mantener el dominio público de las aguas por medio del artículo 121, pero además, estamos totalmente comprometidos con elevar a rango de derecho social el agua, como un derecho universal. Ambas reformas, reitero, son complementarias, pero una no sustituye a la otra.
* Diputado PLN