En Costa Rica la situación evoluciona rápidamente con elementos sociales, políticos, militares y económicos aceleradores de las circunstancias y ejerciendo influencia en el estado de ánimo de las masas y, en la táctica del movimiento popular y la resistencia social.
La resistencia de las clases desposeídas y amplios sectores medios golpeados por el menoscabo de derechos o bajo amenazas de perder garantías sociales y libertades, se encuentra estancada porque persiste el fraccionamiento, hay dispersión y los bloques sindicales se mantienen divididos y proclives a ser seducidos por mesas gubernamentales de concertación.
Se extiende la agresiva ofensiva de las cámaras patronales, los ricachones y el capital extranjero que presionan al gobierno, la Asamblea Legislativa y al Poder judicial para que aceleren la flexibilización del derecho laboral, impongan el salario único, reformen la política de pensiones, eliminen el derecho a huelga y endurezcan las posiciones frente a las demandas de indígenas, campesinos, la clase trabajadora y asalariados en general; estudiantes, sector informal de la economía y la capa desocupada en crecimiento.
Aumentan con toda impunidad las tarifas de autobuses, el pan, la leche, las hortalizas y los alimentos y artículos de la canasta básica. Las masas se encuentran en un estado de latente indignación, pero, no se produce el estallido social.
La ley de Empleo Público, la Ley Procesal Laboral, La Ley de Educación Dual, el paquetazo tributario con el aumento del impuesto de ventas (IVA) al 15%, la Primera ley especial para la Transferencia de Competencias o reforma del MOPT, la ley de Gestión Integrada de Recurso Hídrico, las leyes de armas y de extinción de dominio de seguridad están en línea con los intereses de la clase capitalista para aumentar sus privilegios, elevar la cuota de plusvalía y la tasas de ganancia y, proteger sus haciendas.
Los capitalistas obligan al gobierno al recorte de los derechos y garantías sociales, libertades sindicales del sector público y a continuar desmantelando las Instituciones del Estado.
Algunas Instituciones públicas como el Banco de Costa Rica y el ICE ya han establecido el salario único. Se pretende subir la cantidad de cuotas para pensionarse y por ende la edad de pensión a trabajadoras y trabajadores e, incrementar las cotizaciones de los sectores asalariados al régimen de “Invalidez vejez y Muerte” (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Se desmonta la estructura del Estado y las Instituciones Públicas en un proceso sostenido de privatizaciones. Ya no sólo se entregó al capital transnacional el espectro radio-eléctrico, ahora con el subterfugio de la competitividad del ICE avanzan con la variante del pago de internet por descargas y no por velocidad, y terminar de privatizar la producción y distribución de electricidad.
El capital extranjero y nacional representado por Tigo (Milicom), Movistar y Claro; la Unión Fenosa Internacional y Gas natural Fenosa, GDF Suez, Alston Power, Figueres Olsen y Boggs, apalancados por la empresa de seguros: la Overseas Private Investment Corporation; Alex Soto Montenegro copropietario de la generadora Suretka S. R. L., Grupo Pujol Martí, Grupo SAMA, Oscar y Rodrigo Arias Sánchez, Ingenio Taboga, entre otros; se han apropiado de la infraestructura e industria electrónica y eléctrica creada por el pueblo costarricense a lo largo de más de sesenta años.
Despojan los recursos naturales concretamente la red hidrográfica del país, crean desastres naturales e impactan el hábitat con otros daños difíciles de reparar. Con el paso de los días saquean los bolsillos de los segmentos sociales asalariados.
Los casos de corrupción, tráfico de influencias y donativos a campañas electorales de los partidos oligárquicos se han extendido como parte de la inmoralidad que corroe el sistema capitalista y a las clases dominantes en el poder.
Por la generación de una planta térmica de la corporación Pujol-Martí el ICE pagó entre 2009 y 2012; 18.686 millones de colones, generara o no electricidad, informó el semanario Universidad.
El empresario Alex Soto Montenegro poseedor del 50% de Suretka SRL, donó 2.413.800 colones a la última campaña electoral de Oscar Arias, y su concesión de aguas que se vencía en 2007, fue renovada.
Entre otros casos de corrupción comprobada en el sector de generación eléctrica privada, está el del proyecto La Joya de Unión Fenosa.
El ICE ha sido obligado a pagar más caro el KWH que el costo al que lo produce la empresa Estatal. Las generadoras hidroeléctricas privadas captan a “filo de agua” y en épocas de precipitación producen mayores volúmenes de KWH. La generación privada es más cara y el ICE tiene, por ley, que comprar el total de esa producción.
El Ice con sus embalses la produce más barata, pero, obligatoriamente tiene que bajar la generación y comprar a precios exorbitantes, con lo que se desfalca el peculio público en beneficio del capital que acumula fortunas.
Las ilegalidades y privilegios de la generación por privados se evidencian como actos deplorables de robo y contubernio, entre jerarcas del Estado y empresarios de la industria eléctrica.
Contratos que se desarrollan en forma ficticia y sin ninguna necesidad para el país. El ICE ha pagado regalías y desaguado las represas sin turbinar el agua lo cual ha provocado apagones, para propiciar una escases fingida. Las tarifas de operación de las compañías privadas estaban entre 16.37 y 21.63 colones, el kilovatio-hora. Mientras el ICE la producía a unos 5.45 colones el KWH y lo vendía a la población a 12,37 colones el KWH, un 34% promedio menos del precio de compra a las empresas privadas.
En solo unos meses el ICE perdía la suma de 4.844 millones de colones en un negocio infame donde el capital se enriquece en forma inmoral. Las denuncias han procedido de distintos medios de la prensa nacional y, todavía, algunos funcionarios como el ex-ministro Rene Castro declara que “aún hoy no se puede saber si los kilovatios privados son más caros que los generados por el Ice” (Ambientico175, abril2008). http://www.ambientico.una.ac.cr/pdfs/ambientico/187.pdf
La docilidad del gobierno con los poderosos, de adentro y de afuera, se demuestra en la forma en que se aplican las medidas antipopulares de economía liberal, la connivencia, pasividad y desidia con los desafueros de las compañías transnacionales como las piñeras que explotan casi en condiciones de esclavitud a trabajadores nacionales y migrantes; con el cierre de empresas extranjeras como la Burger King que deja cesantes a centenares de trabajadores y trabajadoras.
Las políticas del gobierno se rigen con las normas de la dictadura constitucional del mal llamado TLC. Una prueba fehaciente del pacto rubricado por Luis Guillermo Solís para gobernar estos cuatro años, en componenda con las viejas fuerzas politiqueras y empresariales de la oligarquía costarricense.
Se hunde con más fuerza el garfio de los intereses capitalistas en detrimento de los derechos humanos fundamentales.
La doctrina salvaje del déficit presupuestario cero sigue gravitando y dominante en las políticas gubernamentales. Las medidas para continuar achicando el Estado bajo la tesis de responsabilidades compartidas, con medidas económicas de reducir el gasto público para destinar el ahorro y los impuestos, no a mejorar los servicios y garantizar los derechos básicos, sino al pago de la deuda interna y externa.
Un acto de violencia contra la dignidad popular y un agravio a la soberanía y los derechos humanos. Esto dado que más de dos billones de colones se drenan en beneficio de los bancos internacionales y usureros nacionales que cobran intereses leoninos.
Por otra parte, se desangra el fisco nacional entregando en concesión y contratando empresas para la construcción de obra pública, alquilando locales para ministerios y entidades del Estado, o en contrataciones de actividades profesionales como la vigilancia y el aseo que Instituciones autónomas firman con compañías privadas.
El presidente Solís fue a la Asamblea General de las Naciones Unidas a dar un discurso, más preocupado por las cosas administrativas de la ONU, que por los derechos de nuestro pueblo a la autodeterminación, por la defensa de sus recursos naturales, por la preocupación de prevenir las catástrofes provocadas por el cambio climático, por el derecho de nuestros indígenas a su territorios autónomos y de nuestra clases humildes, campesinas y trabajadoras, a una vida digna.
Que le importa a nuestro explotado y vejado pueblo las alianzas con Estonia para promover “un proceso transparente, democrático, equitativo e inclusivo que sea consistente, porque hoy no lo es, con la Carta y con procesos similares al más alto nivel internacional”. Así como, las peripecias de la diplomacia del Gobierno Solís Ribera para incluir “una invitación a los Estados miembros a presentar mujeres como candidatas a la Secretaría General”.
El interés de presentar una candidatura femenina para la Secretaría General de las Naciones Unidas, está en las sublimes preocupaciones del gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Lo anterior porque según el discurso del Presidente Solís “Reconozcamos la gran capacidad, competencia y compromiso de las mujeres en todos los ámbitos y emitamos una señal política inequívoca que al conmemorar el vigésimo aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, esta organización es congruente con lo que predica en materia de equidad y empoderamiento de las mujeres y niñas”.
A nuestro pueblo labriego e indígena le interesa defender sus derechos al trabajo, a producir lo que necesita para comer, el derecho a vivir en sus territorios ancestrales e inalienables, el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a saciar la sed y el hambre, que campea por nuestras tierras.
La demagogia del presidente se observa al referirse a la implementación de la “agenda 2030 para el desarrollo sostenible donde Costa Rica aboga por transformar la manera en que se combata la pobreza, así como también por el empoderamiento de las mujeres”… se comprometió “a que las niñas y las mujeres tengan igualdad de acceso a la educación y a la calidad de recursos económicos”.
Verdaderas baratijas sabiendo que en estos momentos en Costa Rica se están violentando los derechos fundamentales a las mujeres y las niñas. La violencia contra las mujeres es cosa de todos los días en las calles y en los hogares. La mujer trabajadora no recibe igual salario que los hombres o es expulsada a la desocupación y, no tiene derecho a sindicalizarse en la industria, las plantaciones y el sector terciario.
Se incrementa la deserción escolar y según el último informe del Estado de la Educación las y los adolescentes en edad de terminar la secundaria, solamente entre un 40 y un 50 % lo logran.
Las mujeres y niñas en territorios indígenas están siendo perseguidas, agredidas, asediadas y reciben todo tipo de violencia de los terratenientes y compañías extranjeras que invaden sus territorios.
Las drogas como una epidemia esparcida por el crimen organizado ha lanzado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes al consumo, al tráfico y se han visto envueltos en las redes criminales de distribución, trata, explotación sexual y asesinatos.
La desigualdad social es el fenómeno natural de una sociedad como la costarricense, donde los poderosos se apropian de más riqueza y privilegios y los desposeídos se abrazan a sus gemelas la miseria y el hambre.
La condición de semicolonia arrastrada a los pies del amo imperialista se hace más evidente, con el paso de los días. Se observa con la postración a las políticas dictadas por el maldito TLC y las agencias financieras internacionales, a la OCDE, la OMC, el arrebato por rubricar el Tratado transpacífico (TPP), recientemente validado por doce Estados, bajo la tutela de Estados Unidos.
De la misma manera el gobierno se ve sumiso voluntariamente a los mandatos de Washington en materias geopolíticas, al cabildeo de las corporaciones en materia comercial, a los mandatos del Comando Sur y de la DEA en materia militar y de seguridad.
La militarización de los aparatos represivos se muestra con la tendencia a la profesionalización, especialización y el crecimiento de los organismos técnicos judiciales, unidades de choque para allanamientos, acciones denominadas antiterroristas, antimotines para la disolver “disturbios” callejeros y/o manifestaciones populares.
El Ministro de Seguridad Gustavo Mata se muestra muy preocupado solicitando la aprobación de más leyes para contrarrestar o reducir el crimen organizado, el incremento de los asesinatos, los ajustes de cuentas y la lucha entre bandas delictivas.
En el mes de octubre los asesinatos muestran índices que se acrecerían a una tasa anual del 10 por cada cien mil habitantes, como la registrada en 2014. Expresa el Ministro su consternación por la inflexión en los indicadores criminales, por la crudeza de los macabros asesinatos por venganza que dice representan un 55% de los 426 homicidios en lo que va del año 2015.
Un joven de 34 años, fue ultimado a plena luz del día con más de 70 disparos, en un barrio de la capital. Lo cual tiene preocupadas a las autoridades y a la ciudadanía. Sin embargo, es una tendencia en la inseguridad pública y del contexto social marcado por las contradicciones y el empeoramiento de las condiciones de vida de los amplios sectores populares.
Se intensifican conexiones con altos oficiales de las policías de Colombia y Panamá, se están reactivando las consultas con comisiones legislativas sobre el narcotráfico y el delito y, reuniones con magistrados.
La militarización responde también a los compromisos de los grupos en poder con plataformas intervencionistas y neocolinialistas; como los planes Colombia y Mérida y el proyecto Mesoamericano.
Hace escasamente unos días se inauguró en la Isla del COCO una base-radar bajo el auspicio del Pentágono. Ese enclave militar responde al proyecto de instalación de 13 radares en las costas costarricenses con el ardid de mejorar la lucha contra el narcotráfico y la protección de biodiversidad marina.
En realidad estamos viendo la consumación de medidas para acentuar la nueva contrainsurgencia, la represión especializada e intensificada contra nuestro pueblo descontento que se moviliza a batallar por sus derechos y que se niega a rendirse, a pesar de todas las cadenas, mordazas, la manipulación de los medios masivos de la desinformación y el terrorismo mediático, que se desboca con odio contra las organizaciones populares, la rebeldía social y la movilización de los distintos sectores violentados por el estado de cosas.
Las nuevos acontecimientos judiciales que han llevado a condenas políticas, medidas cautelares y nuevas audiencias contra el compañero dirigente popular Orlando Barrantes y el líder indígena Sergio Rojas, demuestran la aversión de las clases dominantes contra las fuerzas humildes organizadas y la agudización de la persecución política en el país.
El pueblo costarricense está asistiendo al inicio de una nueva era de represión política, tipificada por juicios políticos montados sobre andamiajes falsas, el frenesí de la violencia jurídica y la afrenta de un Estado que se despeña en el disparate de suprimir la rebeldía civil, la luchas populares y la defensa de los derechos humanos, con la impunidad y el terror.
Oscar Barrantes Rodríguez
Círculo Bolivariano Yamileth López (CBYLO)
Centro Popular Costarricense de Estudios Sociales (CPCES)
San José-Costa Rica
Octubre 20 de 2015
