martes, 22 de mayo de 2012
Carlos Acosta ingresó al MOPT en el año 1985, como técnico profesional - hace 27 años, a la edad de 21 años, ya que era estudiante de Ingeniería Civil de la UCR. Tres (3) años después, (1988), a la edad de 24 años, se estaba graduando como Ingeniero Civil; para que otros tres (3) años posteriores (1991), estuviera asumiendo la Dirección General de Obras por Contrato del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con tan solo 27 años de edad. Para esa época la Dirección General de Obras por Contrato venía a ser equivalente en importancia a la Dirección Ejecutiva del CONAVI.
---DON WALTER ESTO LO PREPARO UN PROFESIONAL DE MUY ALTA ESTIMA Y MORAL. COMO EL NO PUEDE SACAR SU NOMBRE LO HAGO YO. ME GUSTARIA LLAMARLO PARA COMENTAR, ABAJO ESTA MI TELEFONO
Para reafirmar mi opinión, basta con ver el Concurso de Antecedentes que publicó el CONAVI, el domingo 12 de febrero del 2012 en el períodico La Nación (página 21 de la sección VIVA/ECONÓMICOS), para la contratación de 7 posiciones de GERENCIA DE PROYECTO, para los cuales se solicitaban "Al menos 7 años de experiencia en puestos de dirección similar.", entre otros requisitos. Vea que solo se trata de puestos de gerencia de proyecto; ni siquiera so puestos de jefatura organizativa (Contratación Vial, Construcción de Vías y Puentes, Conservación de Vías y Puentes, etc.) y menos de la Dirección Ejecutiva del CONAVI.
Como es que es?
YO AGREGO QUE LA NACION HOY DOMINGO TIRO UNA CORTINA DE HUMO CON LA PAGINA QUE SACO. ELLOS NO QUIEREN QUE SIGA PARA ARRIBA PORQUE HAY PECES GORDOS QUE NO QUIEREN QUE SE CONOZCAN
SALUDOS
Link: http://www.nacion.com/2012-05-
Saludos don Mario
Hoy salió publicado en el períodico La Nación, en página completa, una breve cronología de la vida profesional del Ing. Acosta.
Sin ninguna mezquindad, solo quiero hacer observancia de lo siguiente:
Carlos Acosta ingresó al MOPT en el año 1985, como técnico profesional - hace 27 años, a la edad de 21 años, ya que era estudiante de Ingeniería Civil de la UCR. Tres (3) años después, (1988), a la edad de 24 años, se estaba graduando como Ingeniero Civil; para que otros tres (3) años posteriores (1991), estuviera asumiendo la Dirección General de Obras por Contrato del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con tan solo 27 años de edad. Para esa época la Dirección General de Obras por Contrato venía a ser equivalente en importancia a la Dirección Ejecutiva del CONAVI.
Para desempeñar el cargo de Director General de Obras por Contrato deñ MOPT se requiere de una amplia experiencia profesional en el área técnica (Ingeniería Civil) y en el área de la administración contractual (Ley de Contratación Administrativa). Creo, que tres (3) años desempeñandose como Ingeniero Civil (1988 - 1991), es muy poco tiempo para que cualquier profesional para acumular una adecuada y/o amplia experiencia para desempeñar el cargo objeto de este correo. Casi me atrevería a decir, que esos 3 años son insuficientes para ver todos los aspectos pertinentes a una sola licitación pública de una sola obra de importancia relativa, a saber:
- Preparación el cartel de licitación. Asumiento que no hubo un proceso de pre-calificación.
- Aprobación institucional del cartel de licitación (ejecutiva, presupuestaria, financiera, jurídica y otras).
- Publicación (nacional e internacional) de la invitación a ofertar.
- Retiro del cartel de licitación.
- Período para objeciones al cartel. Pudiéndose recurrir hasta la Contraloría General de la República.
- Período de aclaraciones al cartel y anexos (planos, especificaciones, estudios,etc.)
- Período de recepción de las ofertas.
- Apertura de las ofertas.
- Análisis de las ofertas (jurídicas y tecnicas).
- Recomendación técnica y jurídica de adjudicación.
- Aprobación ministerial de la adjudicación
- Publicación en La Gaceta de la adjudicación.
- Período de objeción a la adjudicación, por alguno de los oferentes. Pudiendose recurrir hasta la Contraloría General de la República.
- Publicación en La Gaceta de la adjudicación en firme.
- Preparación del contrato.
- Refrendo del contrato.
- Cumplimiento de las condiciones previas por parte del adjudicatario.
- Emisión de la orden de inicio.
- Ejecución (realización) del contrato de obra: control de avance, control de calidad de las obras, facturación, etc.
- Administración de cambios (extras y créditos).
- Reajuste de precios.
- Modificación sustancial al contrato (alcance de obra, plazo y precio).
- Adendas al contrato.
- Recepción provisional de obra.
- Recepción final de obra.
- Finiquito del contrato de obra.
- Y otros aspectos no mencionados
Para reafirmar mi opinión, basta con ver el Concurso de Antecedentes que publicó el CONAVI, el domingo 12 de febrero del 2012 en el períodico La Nación (página 21 de la sección VIVA/ECONÓMICOS), para la contratación de 7 posiciones de GERENCIA DE PROYECTO, para los cuales se solicitaban "Al menos 7 años de experiencia en puestos de dirección similar.", entre otros requisitos. Vea que solo se trata de puestos de gerencia de proyecto; ni siquiera so puestos de jefatura organizativa (Contratación Vial, Construcción de Vías y Puentes, Conservación de Vías y Puentes, etc.) y menos de la Dirección Ejecutiva del CONAVI.
Como es que es?
YO AGREGO QUE LA NACION HOY DOMINGO TIRO UNA CORTINA DE HUMO CON LA PAGINA QUE SACO. ELLOS NO QUIEREN QUE SIGA PARA ARRIBA PORQUE HAY PECES GORDOS QUE NO QUIEREN QUE SE CONOZCAN
SALUDOS
Alza en las tarifas de los buses: El “error” de la Sala IV
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Comunicado de Prensa
Alza en las tarifas de los buses:
El “error” de la Sala IV
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sala IV, indicó en este día, martes 22 de mayo de 2012, que ha anulado una sentencia que, por “error”, había sido votada y dada a conocer un día antes; por la cual se dejaba sin efecto el alza en las tarifas de los buses que la Aresep le impuso a la población usuaria de este estratégico medio de movilización popular de transporte público.
Admitido que fue tal “error”, ahora, un fallo distinto dejaría en absoluta evidencia que el poder del empresariado autobusero, sumado al de la cúpula política que controla el Partido Liberación Nacional (PLN), es de tal calibre que arrastrará al indicado tribunal constitucional a la crisis de credibilidad y de legitimidad más importante de, prácticamente toda su historia.
Solamente una sentencia anterior igualaría el profundo impacto negativo
ante la conciencia popular de tal “error”,
si es que "corregido" el mismo se falla ahora a favor del empresariado autobusero.
Nos referimos a aquella sentencia, también de impacto profundamente negativo que tuvo en la vida nacional, como la fue la imposición de la reelección presidencial; pasándole por encima a la propia Asamblea Legislativa,
para posibilitar la llegada al poder, nuevamente, de Oscar Arias Sánchez.
La ANEP, respetuosamente, recuerda que este tema del alza en las tarifas de autobús había sido abordado por nuestra organización, en sus comentarios de los miércoles en Diario Extra; concretamente, los días 18 de abril y 21 de marzo anteriores.
Los adjuntamos para la constatación correspondiente.
Miércoles 18 de abril de 2012
Alzas en buses… Mensaje respetuoso para la Sala IV
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Hemos escrito este comentario a primera hora de ayer, martes 17 de abril de 2012 y no teníamos todavía noticias desde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respeto a ordenarle a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), suspender el acto administrativo por medio del cual se elevarían, sustancialmente, las tarifas de la casi totalidad de las rutas de autobuses de todo el país, intermediando un proceso que está dejando muchas dudas con respecto a su transparencia.
Efectivamente, el distinguido señor diputado don Manrique Oviedo Guzmán, actual jefe de la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), ante tal situación fue a la Sala Cuarta a interponer un recurso de amparo pues ese proceso para establecer nuevas tarifas para el transporte público en autobús, estaría lleno de irregularidades; perjudicándose, sensiblemente, a las personas usuarias que, como sabemos, son miles y miles y, prácticamente, todas pertenecen a la clase trabajadora, tanto la que es asalariada como aquella que se gana sustento en el mercado informal de la economía; sin hablar de esas miles personas desempleadas, casi sin dinero en sus bolsillos, que van de un lado a otro, en autobús, dejando su currículo por aquí y por allá en busca de un empleo.
También, según tenemos entendido, la propia Defensoría de los Habitantes de la República hizo lo mismo, es decir, fue a la Sala Cuarta indicando que esa alza, así como está tramitada, perjudica a las miles de personas usuarias de los servicios de autobús y, por tanto, debería suspenderse el acto administrativo que hace la Aresep autorizando ese gran aumento hasta que las cosas se hagan como debe ser. Pero no. La misma Sala IV que estableció las barbaridades que ocurrieron durante la tramitación legislativa del plan fiscal, tan detestado por el pueblo, por la ciudadanía, por la Gente; es la misma Sala IV que pese a haber admitido los recursos del diputado mencionado y de la Defensoría para estudiarlos, le dijo a la Aresep, siga adelante con el trámite del alza. ¡Qué raro!
Ante esta inusual actitud del más alto tribunal de la República, pues por lo general suspende los actos administrativos cuestionados cuando alguien les pone un recurso de amparo; don Manrique Oviedo Guzmán fue más allá y presentó una especie de acción adicional, por si a la Sala IV se le hubiera “olvidado” decirle a la Aresep que se detuviera en su “alocada” carrera por imponer ese alza; acción que se denomina “medida cautelar con carácter de urgencia”.
Es decir este distinguido legislador, de nuevo, toca las puertas de ese tribunal y, reitera, su petición de que el trámite para tal alza debe detenerse porque, juntando todos los elementos que median en el proceso que lleva a la misma, pareciera que estamos de cara a un “compadre hablado”; es decir, el empresariado autobusero estaría siendo favorecido por presuntos torcidos procedimientos con una alza que en casi todos los casos es exagerado y va en contra del golpeado bolsillo de la gente del trabajo que viaja en bus.
Nosotros, que desde nuestra actividad sindical creemos en el Diálogo Social, en una sociedad de inclusión y en una comunidad nacional en la que todos ganemos, no estamos en contra de la actividad empresarial, mucho menos la que representa el negocio del servicio público de transporte modalidad autobús. Nosotros entendemos que en este ámbito de la actividad productiva del país, hay microempresarios, hay pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas negocio familiar de toda una vida. Nosotros no somos de la tesis del extremismo dogmático ideológicamente trasnochado que donde ve un empresario inmediatamente ve un explotador desalmado (que sí los hay, por supuesto). Sabemos también que hay un peligroso proceso de concentración en el mercado autobusero. También somos conscientes de que, por lo general, los empresarios autobuseros han acumulado mucho poder político real; ese que, en verdad, manda en este país y hegemoniza la acción gubernativa estratégica entre bambalinas.
Pero en este caso, del alza en trámite para las tarifas de autobús, la Aresep se ha comportado muy “sospechosamente” para decirlo con “elegancia”. Eliminar la audiencia oral (por muy desprestigiado y desacreditado que esté el procedimiento de las audiencias); trabajar en días santos en carrera loca para tener lista la decisión que debe publicarse en “La Gaceta”; y, lo más grave, invocar, cayendo en flagrante ilegalidad, un procedimiento extraordinario para hacer esas alzas cuando sólo debe emplearse el mismo en casos sumamente graves y totalmente fortuitos que afecten la economía nacional, constituyen solamente una parte de los elementos que a uno lo hacen desconfiar de toda esta situación.
Porque ahora que están saliendo un montón de cosas cuestionables desde la perspectiva de la transparencia en la función pública y que tiene escandalizada a la ciudadanía, alrededor de esos “procesos” de tráfico de influencias, de “recomendaciones” entre amigos para adjudicar consultorías y similares; bien haríamos en tener claridad de cómo es eso de un “centro para el desarrollo de la regulación”, o “CDR”, que funciona al interior de la Aresep, como una especie de “aresepsita”, intermediando consultorías para su gestación; “cdr” que se creó cuando el jefe de la Aresep era el hoy “renunciado” Ministro de Hacienda. Así las cosas, esto de las alzas en los buses como se está tramitando deja mucho que desear y es por eso que la honorable Sala IV debería comprender que la “medida cautelar con carácter de urgencia” presentada por el señor diputado don Manrique Oviedo Guzmán debe ser acogida. Así lo pedimos, pública y respetuosamente.
Miércoles 21 de marzo de 2012
El aumento del 13 % en las tarifas de los buses
Desde una perspectiva laboral un anuncio de tal calibre ha impactado sensiblemente, considerando la estrechez salarial de ingreso, tanto para la clase trabajadora con empleo formal, como aquella parte de la misma que se desenvuelve en el mercado informal, en el cuentapropismo.
No es poco ya el tiempo en que venimos insistiendo en que nuestro país sigue transitando por la senda peligrosa de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad; y como la política salarial de los últimos gobiernos sigue siendo, en esencia, de carácter restrictivo, un 13% de aumento en la tarifa de autobús tiene un efecto perturbador para las finanzas familiares de las amplias mayorías.
Decimos que los aumentos salariales semestrales tienen un carácter restrictivo, porque se dan apenas para compensar el aumento en la inflación, es decir, son un ajuste; no son aumentos que incrementan el poder de compra del salario, que expanden el mismo, que le dan más poder de compra.
En esto del negocio con el transporte público modalidad autobús, es bueno distinguir dos campos que tiene su actividad empresarial. Por un lado, queda todavía un grupo empresarial que podríamos denominar como “criollo”, que tienen un pequeño grupo de unidades automotoras y que, en no pocos casos, son formas de negocio familiar; y, por otro, se vienen perfilando grandes conglomerados autobuseros, con fuertes tendencias monopólicas u oligopólicas con influencia extranjera y que tienden hacia una acaparamiento total del mercado del transporte por autobús, dejando por fuera del mismo a aquellas empresas del primer grupo que hemos mencionado.
Este segundo grupo, el de los “grandotes”, ha logrado acumular un fuerte poderío que ha llegado ya a la esfera de la política electoral, brindando enormes aportes financieros a los diferentes partidos buscando garantizarse la salvaguarda de su negocio autobusero en las mejores condiciones.
Con alguna información en nuestro poder, el anuncio de que Aresep ha de autorizar ese fuerte incremento de la tarifa de autobús en un 13%, por la modalidad en que se impondrá, expresa el desarrollo de una poderosa influencia empresarial autobusera que es imposible pensar que no provenga desde los grandes grupos corporativos que vienen avanzando en el control total del transporte público modalidad autobús.
Cuando se indica que uno de los parámetros, sino el principal, para el incremento de 13% en la tarifa de autobús, resulta de una comparación de precios de varios insumos que ocupa la actividad, entre lo que costaban en el año 2009 y lo que valían en el año 2011, notamos una desproporción abusiva en la cuantificación de lo que debería ser la nueva tarifa en este año 2012; dejándose en total estado de indefensión a los miles y miles de personas trabajadoras usuarias de los servicios de autobús.
Es más, solamente por esta circunstancia, la sospecha de un “compadre hablado” en esta situación, surge con fuerza ante un escenario de creciente desconfianza ciudadana en la institucionalidad que le gobierna.
Muchas cosas deberían considerarse a la hora de que se autorizara un incremento en la tarifa de los buses, en cualquier circunstancia que fuera, tanto ordinaria como “extraordinaria”. Por ejemplo, se debería divulgar si tal empresa ha pagado, puntualmente, su impuesto sobre la renta, por un lado; y, por otro, si está al día en sus obligaciones patronales para con la Seguridad Social (CCSS). Además, la constatación de que los choferes de los buses y otros trabajadores de estas empresas, tienen garantizado el pleno respeto a sus derechos laborales, debería ser elemento esencial a la hora de pedir un incremento en la tarifa, haciendo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), emitiera una certificación al respecto.
En este sentido, somos testigos directos de la represión y la persecución que en muchas empresas sufren los choferes de autobús cuando se afilian a un sindicato, promueven uno ó se vuelven dirigentes sindicales. Tenemos casos directos en nuestras manos por razones de nuestro trabajo cotidiano, no solamente de este tipo de despido antisindical, sino de que el chofer “sindicalista” queda condenado a una especie de muerte civil, pues su nombre es pasado a otras empresas y cuando se presenta en éstas buscando un nuevo empleo en la misma actividad, le dicen que no le contratan.
No es posible que en la democrática Costa Rica estas situaciones se den. Como no es posible aceptar que la población usuaria de los servicios de transporte público modalidad autobús quede, prácticamente, en total estado de indefensión ante este fuerte incremento tarifario; y que, más grave todavía, haya líneas de autobús que con este ajuste podrían incrementar sus ingresos mensuales entre 20 y 40 millones de colones, con este “compadre hablado” que pareciera existir para que tengan ese aumento del 13% en el pasaje de autobús.
En una perspectiva de promoción del bien común, de la integración y de la movilidad sociales, los empresarios autobuseros con seria responsabilidad social corporativa deberían buscar acuerdos con las organizaciones sindicales de sus trabajadores choferes (si en verdad quisieran que éstas tuvieran existencia plena a la luz del Estado de Derecho que todavía sigue vigente en el país); acuerdos que compartidos con la población usuaria respectiva, podría hacer que emergieran escenarios de un “ganar-ganar” en beneficio de una justicia social de enorme urgencia en este país. Con esta aspiración seguramente nos ganaremos la “cajita blanca” del mes. Por el contrario, una actitud abusiva y poco transparente, contraria al sentir de la gente pareciera imponerse con este aumento del 13% en los pasajes de autobús. Intentaremos volver sobre el tema la semana próxima.
No es poco ya el tiempo en que venimos insistiendo en que nuestro país sigue transitando por la senda peligrosa de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad; y como la política salarial de los últimos gobiernos sigue siendo, en esencia, de carácter restrictivo, un 13% de aumento en la tarifa de autobús tiene un efecto perturbador para las finanzas familiares de las amplias mayorías.
Decimos que los aumentos salariales semestrales tienen un carácter restrictivo, porque se dan apenas para compensar el aumento en la inflación, es decir, son un ajuste; no son aumentos que incrementan el poder de compra del salario, que expanden el mismo, que le dan más poder de compra.
En esto del negocio con el transporte público modalidad autobús, es bueno distinguir dos campos que tiene su actividad empresarial. Por un lado, queda todavía un grupo empresarial que podríamos denominar como “criollo”, que tienen un pequeño grupo de unidades automotoras y que, en no pocos casos, son formas de negocio familiar; y, por otro, se vienen perfilando grandes conglomerados autobuseros, con fuertes tendencias monopólicas u oligopólicas con influencia extranjera y que tienden hacia una acaparamiento total del mercado del transporte por autobús, dejando por fuera del mismo a aquellas empresas del primer grupo que hemos mencionado.
Este segundo grupo, el de los “grandotes”, ha logrado acumular un fuerte poderío que ha llegado ya a la esfera de la política electoral, brindando enormes aportes financieros a los diferentes partidos buscando garantizarse la salvaguarda de su negocio autobusero en las mejores condiciones.
Con alguna información en nuestro poder, el anuncio de que Aresep ha de autorizar ese fuerte incremento de la tarifa de autobús en un 13%, por la modalidad en que se impondrá, expresa el desarrollo de una poderosa influencia empresarial autobusera que es imposible pensar que no provenga desde los grandes grupos corporativos que vienen avanzando en el control total del transporte público modalidad autobús.
Cuando se indica que uno de los parámetros, sino el principal, para el incremento de 13% en la tarifa de autobús, resulta de una comparación de precios de varios insumos que ocupa la actividad, entre lo que costaban en el año 2009 y lo que valían en el año 2011, notamos una desproporción abusiva en la cuantificación de lo que debería ser la nueva tarifa en este año 2012; dejándose en total estado de indefensión a los miles y miles de personas trabajadoras usuarias de los servicios de autobús.
Es más, solamente por esta circunstancia, la sospecha de un “compadre hablado” en esta situación, surge con fuerza ante un escenario de creciente desconfianza ciudadana en la institucionalidad que le gobierna.
Muchas cosas deberían considerarse a la hora de que se autorizara un incremento en la tarifa de los buses, en cualquier circunstancia que fuera, tanto ordinaria como “extraordinaria”. Por ejemplo, se debería divulgar si tal empresa ha pagado, puntualmente, su impuesto sobre la renta, por un lado; y, por otro, si está al día en sus obligaciones patronales para con la Seguridad Social (CCSS). Además, la constatación de que los choferes de los buses y otros trabajadores de estas empresas, tienen garantizado el pleno respeto a sus derechos laborales, debería ser elemento esencial a la hora de pedir un incremento en la tarifa, haciendo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), emitiera una certificación al respecto.
En este sentido, somos testigos directos de la represión y la persecución que en muchas empresas sufren los choferes de autobús cuando se afilian a un sindicato, promueven uno ó se vuelven dirigentes sindicales. Tenemos casos directos en nuestras manos por razones de nuestro trabajo cotidiano, no solamente de este tipo de despido antisindical, sino de que el chofer “sindicalista” queda condenado a una especie de muerte civil, pues su nombre es pasado a otras empresas y cuando se presenta en éstas buscando un nuevo empleo en la misma actividad, le dicen que no le contratan.
No es posible que en la democrática Costa Rica estas situaciones se den. Como no es posible aceptar que la población usuaria de los servicios de transporte público modalidad autobús quede, prácticamente, en total estado de indefensión ante este fuerte incremento tarifario; y que, más grave todavía, haya líneas de autobús que con este ajuste podrían incrementar sus ingresos mensuales entre 20 y 40 millones de colones, con este “compadre hablado” que pareciera existir para que tengan ese aumento del 13% en el pasaje de autobús.
En una perspectiva de promoción del bien común, de la integración y de la movilidad sociales, los empresarios autobuseros con seria responsabilidad social corporativa deberían buscar acuerdos con las organizaciones sindicales de sus trabajadores choferes (si en verdad quisieran que éstas tuvieran existencia plena a la luz del Estado de Derecho que todavía sigue vigente en el país); acuerdos que compartidos con la población usuaria respectiva, podría hacer que emergieran escenarios de un “ganar-ganar” en beneficio de una justicia social de enorme urgencia en este país. Con esta aspiración seguramente nos ganaremos la “cajita blanca” del mes. Por el contrario, una actitud abusiva y poco transparente, contraria al sentir de la gente pareciera imponerse con este aumento del 13% en los pasajes de autobús. Intentaremos volver sobre el tema la semana próxima.
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Gobierno se acerca a Paul Watson y buscan acuerdo
Así lo señalaron hace algunos minutos el Canciller de la República a.i. Carlos Roverssi y el Ministro de Ambiente y Energía, René Castro, desde Casa Presidencial.
Al parecer existe una posibilidad de conciliación con el ambientalista Paul Watson, quien fue detenido el pasado 2 de marzo en Frankfurt, Alemania, respondiendo a una orden girada por el Ministerio Público de Costa Rica en octubre de 2011.
Según dijeron Castro y Roverssi, en días pasados se realizó una reunión entre el capitán Alex Cornelissen (representante de la organización Sea Shepherd), miembros del Programa de Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA) y el Ministro de Ambiente, René Castro. Durante la reunión, se habrían logrado importantes acuerdos que permitirían poner “fin a este conflicto que ha afectado la imagen de Costa Rica”, según señaló el propio Roverssi.
El acuerdo, entre otras cosas, consistiría en que Watson ingrese al país de manera voluntaria y se acoja a los procesos que corresponden, con total garantía de sus derechos y la protección de integridad. Watson además podría establecer una serie de patrullajes conjuntos con las fuerzas de navegación de Costa Rica, para proteger los mares y la fauna marina nacional. Los abogados de Watson vendrían en las próximas semanas a Costa Rica a conciliar con la Fiscalía y el Gobierno de la República sería un intermediario de buena fe para que se logre un acuerdo entre los afectados de la embarcación Varadero I y la organización Sea Shepherd.
Además, Castro y Roverssi señalaron que hay posibilidades de una reunión entre el Canciller de la República, Enrique Castillo y Paul Watson para profundizar más en este tema. La mandataria Laura Chinchilla no podría reunirse con el ambientalista dado lo ajustado de su agenda.
Por su parte la organización ambientalista Sea Shepherd solicitó a sus seguidores que se manifestaran ante las representaciones diplomáticas alemanas en sus respectivos países este 23 de mayo, con el fin de manifestar el apoyo a su fundador, el capitán Paul Watson.
En el caso de Costa Rica, la actividad estaba siendo organizada de manera informal por diversos grupos. Sin embargo, la organización ambientalista Preserve Planet decidió ayudar a los organizadores con las labores de comunicación.
Organizaciones ambientales ticas se manifestarán a favor de Watson. Imagen Preserve Planet
“El día de la protesta “S.O.S liberen a Paul Watson” en Costa Rica tendrá lugar en la plazoleta de los tribunales de justicia, a partir de las 9 am. Estamos participando varias organizaciones ambientalistas, y la idea es hacer presión para que las autoridades entiendan la importancia que tiene la figura de Watson en cuanto a conservación, y el enorme daño y desprestigio que está sufriendo el país al ser el emisor de una orden de captura en su contra” afirmó Luis Diego Marín, coordinador regional de Preserve Planet.
De acuerdo con Marín, se ha mantenido comunicación con otras organizaciones ambientales internacionales, y gracias a ello el mismo capitán Watson ha conocido sobre el apoyo del cual goza en el país.
De hecho, en una carta enviada hoy y publicada en el sitio Web de Sea Shepherd, Watson da las gracias a todas las organizaciones y personas que apoyan su causa, incluyendo las grandes muestras de apoyo provenientes desde Costa Rica.
“Esperemos que sea la misma presidenta Laura Chinchilla la que se reúna con Watson ahora que está en Alemania. Nos parece fabuloso que el Gobierno haya tomado la decisión de acercarse e intentar colaborar, a pesar de que tenemos muy claro que hay separación de poderes y que el ejecutivo no puede interferir en temas judiciales” expresó Marín.
Las noticias de hoy
Las noticias de hoy, sin esperar...mayo 22, 2012
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