viernes, 26 de noviembre de 2010
No me voy a callar Julio Rodríguez, desde su columna En Vela, en La Nación, me ha atacado desde hace casi 30 años
No me voy a callar
Julio Rodríguez, desde su columna En Vela, en La Nación, me ha atacado desde hace casi 30 años
Como expresidente soy, ante todo, un ciudadano libre. Sin embargo, don Julio Rodríguez quiere que renuncie a mi derecho de poder decir lo que pienso. Que calle sobre los problemas que aquejan a Costa Rica. Que me doblegue bajo la línea editorial o de su columna de opinión, pero no con argumentos serios y fundamentados, sino con insultos y ataques personales, como lo ha hecho desde hace casi 30 años.
Pero no me voy a callar. No solo porque abonaría su cinismo magistral, su fanatismo y su intolerancia, sino que no lo haré porque implicaría dejarlo hablando solo desde su tribuna soberbia e impoluta. Desde esa misma tribuna en la que, escudado bajo la etiqueta de periodista, ni rinde cuentas, ni reconoce verdades, ni acepta errores, ni se retracta de falsedades, ni se arriesga a trabajar por su país más allá de la silla de su escritorio. En este triste episodio del conflicto con Nicaragua, no me callaré porque estoy convencido de que el Consejo de Seguridad de la ONU es una opción que tenemos los costarricenses para defender nuestra soberanía.
Acudir a la ONU. Debemos y podemos acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, porque los mecanismos regionales y mundiales no son excluyentes. Ni en tiempo ni en derecho. Tampoco fueron diseñados para resolver todos los conflictos entre los países, desde los más banales, hasta los más complejos. El nuestro es uno de los conflictos más complejos, pero no porque no ha habido muertos ni disparos, sino porque estamos hablando de un crimen de agresión militar a un país sin ejército.
Desde un inicio, el Gobierno de la República fue enfático en calificar la acción nicaragüense como una invasión militar. Estas afirmaciones son palabras mayores que requieren mecanismos de solución con mucha más legitimidad, presteza y fuerza vinculante, si pretendemos la retirada definitiva del Ejército nicaragüense de la isla Calero, así como detener el daño ambiental. Eso es lo que queremos todos los costarricenses, incluidos muchos usuarios de las redes sociales cuyas opiniones don Julio desprecia en su habitual tono burlesco.
El informe del Secretario General de la OEA, aprobado por el Consejo Permanente, no reconoce en ningún momento la tesis costarricense de que las Fuerzas Armadas de Nicaragua deben de retirarse de nuestro territorio. No, lo que hace es pedir el retiro del Ejército para que nuestra Presidenta y el comandante Ortega se sienten a dialogar, como si nuestra soberanía fuera objeto de negociación. Ahora nos toca esperar hasta el 7 de diciembre para que en una reunión de cancilleres dicho informe sea discutido y ratificado. En definitiva, lo que la OEA aprobó no fue lo que pedimos.
Esa es la justificación política detrás de mi propuesta, pero existe también una legal. El artículo 52.4 de la Carta de la ONU es claro en que se puede convocar al Consejo de Seguridad cuando un país cumpla con la condición que señala el artículo 34 de dicha Carta, que dice: “' toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia' o situación que puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.” Este artículo se apega a la tesis defendida por Costa Rica. No somos los únicos en invocarlo al mismo tiempo, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pues ya lo hicieron en su momento otras naciones, incluso Nicaragua. La labor diplomática en el Consejo de Seguridad no será fácil debido al sistema de vetos existente, y por la estrecha relación que hay entre Rusia y Nicaragua que incluye, entre otras cosas, ayuda económica. La ONU no nos ofrece certezas, pero sí una oportunidad para defender nuestra dignidad.
Vuelvo a ser enfático en que debemos respaldar las acciones del gobierno de la presidenta Laura Chinchilla. Es el deber de todos los costarricenses y el mío como expresidente. Mis sugerencias van tan solo en el sentido de alinear los fines que perseguimos con los medios de que disponemos, para detener el intento de Daniel Ortega de modificar en forma unilateral una frontera clara y reconocida por la CIJ. Don Julio insistirá en descalificar mis argumentos y en criticarme personalmente por hacerlos públicos. A diferencia mía, él tiene vía libre para publicar tres veces por semana lo que se le ocurra sobre cualquier tema o sobre mi persona, mientras que yo solo le respondo cada diez años. Allá él si quiere seguir difamándome. Pero sí debo ser claro en afirmar, en respuesta a su columna del viernes 19, que no me da pena defender lo que creo. Tampoco me da pena, ni temor, defender a Costa Rica, como posiblemente a él sí le dio, cuando en 1987 se alineó con el presidente Ronald Reagan y “la contra” nicaragüense para oponerse a mi Plan de Paz para Centroamérica.
Argumento infame. Hoy, don Julio está usando el mismo argumento infame de hace 23 años, al afirmar que si Daniel Ortega ganaba las elecciones en 1990, quedaba en evidencia que el único propósito de mi iniciativa de paz era legitimar su gobierno. Dice ahora que mi sugerencia de acudir a la ONU es “hacerle un favor a Ortega”, olvidando que el año pasado mi gobierno defendió con firmeza nuestra integridad territorial ante las absurdas pretensiones de Nicaragua, que son las mismas de ahora. En ningún momento permitimos que una mal planteada política de buena vecindad hipotecara nuestra soberanía. Cuando Edén Pastora intentó iniciar el dragado, tomamos las medidas necesarias para evitar cualquier afectación a nuestro territorio, tarea liderada con total éxito por mi canciller Bruno Stagno.
Don Julio ha estado cerca y lejos de gobiernos, con oficina en Casa Presidencial durante la administración de don Rodrigo Carazo, o sin ella. En la actualidad es un importante asesor de doña Laura Chinchilla y de doña Viviana Martín, y como tal vetó a algunos aspirantes a ocupar diputaciones y cargos públicos, cual Rasputín criollo. Pero existe un abismo muy grande entre servir a los intereses de un pueblo y creer que los intereses del pueblo deben ser idénticos a los suyos. Don Julio nunca reconocerá que sería bueno para el país acudir a la ONU en estos momentos. Y no lo haría no porque no se pueda convencer de ello, sino porque implicaría desdecirse. Y eso, para quien cree tener el monopolio de la verdad y de la moral, es pedirle lo imposible.
Los gobernantes, en cambio, entendemos que el momento de reconocer errores y enmendar rumbos llegará inevitablemente. Esa es la naturaleza de la tribuna de la democracia. Hoy ya no estoy en ella, pero si tuviera que decir por qué no a la ONU, lo diría. Por ahora, don Julio, mi opinión es sí a la ONU. Usted, no lo dudo, seguirá utilizando su libertad para injuriar, difamar y, de vez en cuando, opinar. Imponer restricciones sobre nuestros pensamientos o abusar de nuestros derechos, es socavar la base de todas las demás libertades. Difundir esa adverten-cia es para mí una tarea sagrada, y por eso no me voy a callar.
jueves, 25 de noviembre de 2010
MINISTRO DE SEGURIDAD CATRACHO DENUNCIA “INVASIÓN” NICA
¡Tú también, Honduras!
* Gobierno afirma que hay armas de guerra, y que entrenadores militares nicaragüenses preparan a 3 mil guerrilleros en el Bajo Aguán * Dicen que armas entran en furgones, y que incluso algunos hondureños son sacados a entrenarse “a otro país” * Curiosamente, en el lugar lo que se ha denunciado es una masacre de campesinos ejecutada por armados al servicio de terratenientes
José Adán SilvaEND - 22:03 - 24/11/2010
El gobierno de Honduras anunció ayer que está recopilando pruebas acerca de la presunta participación de nicaragüenses en el entrenamiento de “grupos armados irregulares”, en Bajo Aguán.
La información, publicada ayer miércoles en periódicos locales como El Heraldo, La Tribuna, La Prensa y decenas de pequeños medios digitales, cita como fuente al ministro hondureño de Seguridad, Óscar Álvarez, quien informó que investigaban información de inteligencia sobre el ingreso de armas de guerra a Honduras a través de furgones, así como el reclutamiento de campesinos por militares nicaragüenses para entrenarlos a este lado de la frontera.
Según las fuentes atribuidas a Álvarez, las fuerzas de seguridad catracha cuentan con testigos que estarían bajo la protección de las autoridades militares, quienes presuntamente informaron de la organización de grupos armados con fines de “desestabilización de Honduras”.
“Informaciones de Inteligencia”
“Nos han informado que se están reclutando hondureños para ser capacitados fuera del país. Esto también lo estamos investigando y es parte de la operación que se está llevando a cabo en el Bajo Aguán”, dijo el ministro de Seguridad Óscar Álvarez, sin aportar mayores pruebas que “informaciones de inteligencia”.“La información que tenemos es que han estado moviéndose hasta Nicaragua”, agregó el funcionario.
Álvarez dijo que las estructuras de Seguridad, unidades de la Policía y del Ejército de Honduras, también han confirmado el tráfico de armas de guerra como AK-47, M-16 y “otras de mayor potencia, que podrían estar siendo utilizadas por grupos que quieren desestabilizar la democracia en nuestro país”.
La presencia de “grupos armados irregulares” fue denunciada previamente, el pasado martes, por el propio presidente hondureño, Porfirio Lobo.
El ministro de Seguridad “secundó” la “denuncia” de Lobo, quien se encuentra seriamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos y organismos de seguridad por no aclarar la muerte en serie de periodistas independientes, las masacres ejecutadas por guardias privados en la zona de Bajo Aguán, el aumento de la inseguridad ciudadana en las calles y la infiltración de los narcos en las Fuerzas Armadas, a las que recientemente le “robaron” un avión bajo custodia en una base militar.
También ofrecen denunciarnos
Según la emisora nacional, HRN, a la que Álvarez dio información de la “invasión de extranjeros provenientes del lado de Nicaragua”, Honduras estaría documentando “todo lo necesario” para hacer un planteamiento ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y “denunciar” a Nicaragua por este tipo de “acciones”, de las cuales no han mostrado más pruebas que los informes de “inteligencia militar”.“Han estado moviéndose hacia Nicaragua, lo cual es una preocupación pues ya en el pasado, de los años ochenta, los hondureños fueron reclutados, llevados a Nicaragua y entrenados en Cuba en Pinar del Río, para tratar de desestabilizar el orden y la democracia en nuestro país”, dijo.
“No sabemos si el gobierno de Nicaragua tiene o no conocimiento, pero sí sabemos que están moviendo personas hacia el territorio nicaragüense para ser capacitados y entrenados en el uso de armas de guerra”, reiteró.
Amenaza migratoria
El titular de Seguridad apuntó que “se han girado instrucciones y pidiendo apoyo a Migración, para que cualquier persona extranjera que se encuentre en el país, se identifique y explique el propósito de su estadía en ese lugar, de tal forma que si no justifican su presencia o con pasaportes falsos, sea detenida y procesada de conformidad con la ley”.Citando al funcionario, los medios catrachos dieron diversas versiones de cifras: unos estimaban que serían unas tres mil personas “presuntamente militares nicas”, las que estarían entrenando a campesinos para formarlos en guerrillas en la zona fronteriza con Honduras.
Otros dijeron que los tres mil “extranjeros” estaban dentro de territorio catracho movilizándose como “tropas irregulares” y asentándose en campamentos cercanos a la frontera, adonde estaban llevando a campesinos para entrenarlos militarmente.
Y otros medios, citando a “fuentes ligadas a la cancillería de la República”, “informaban” que en “las últimas horas en la frontera entre Honduras y Nicaragua, se estaría entrenando militarmente un grupo aproximado a los tres mil civiles hondureños”, con armas de guerra provenientes “de la frontera sur”, es decir, de Nicaragua.
La denuncia de las “fuentes de inteligencia” de las Fuerzas Armadas de Honduras ocurren apenas una semana después que se reportaran las muertes de al menos 20 labriegos, la desaparición de una decena más, y una cantidad de heridos y desplazados en tierras agrícolas de Bajo Aguán, durante el desalojo violento de unas fincas propiedad del empresario Miguel Facussé Barjum, uno de los empresarios a quienes los simpatizantes del depuesto presidente Zelaya calificaban como promotores del golpe de junio de 2009.
Sobre el tema, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón, informó la última semana que promoverá una denuncia contra el empresario Miguel Facussé, por 19 asesinatos contra campesinos en el Bajo Aguán, cometidos presuntamente por más de 100 guardas de seguridad y ex militares al servicio del empresario que respaldó públicamente a Lobo en la pasada campaña electoral.
Los campesinos asesinados, desaparecidos y otros perseguidos, están aglutinados en Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y reclaman la propiedad de valiosas tierras que eran estatales y que pasaron, en una oscura transacción, a manos de los Facussé, según las denuncias subidas a las redes sociales y pequeños sitios web en Honduras.
Bajo Aguán: Masacres, versiones confusas y rastro narco-militar
El sitio donde ocurrió la masacre fue en la finca El Tumbador, sembrada de palma africana. Según la historia, Temístocles Ramírez de Arellano, un puertorriqueño nacionalizado estadounidense, dueño original de las tierras, fue obligado a vender al Estado sus 5.724 hectáreas en el Bajo Aguán, por presiones militares.
Esas tierras fueron pasadas al Instituto Nacional Agrario (INA) para fines de Reforma Agraria, pero el gobierno de Honduras instaló ahí a finales de los 70 y durante los años 80, el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde los expertos estadounidenses entrenaron a tropas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas y nicaragüense en labores de torturas, espionaje, sabotajes y acciones contra objetivos “comunistas”.
Según el director de la Policía Nacional, José Luis Muñoz Licona, las “primeras capturas de los supuestos miembros de grupos armados que operan en el Bajo Aguán podrían iniciar en las próximas horas”.
Los operativos para “capturarlos” iniciaron desde el 17 de noviembre a raíz de una denuncia del presidente Lobo sobre el tráfico de armas de guerra en la zona, donde se “informó” de la circulación de unas mil AK-47 y fusiles M-16.
Lobo Sosa no aclaró en poder de quién estaba el “armamento”, pero expresó que “sea quien sea que las tenga, si son los del crimen organizado, narcotráfico, los empresarios, cualquiera que tenga armas de grueso calibre va fijo, es decir vamos a caerle encima”.
“De momento no se han encontrado armas de uso ilegal ni personas de otras nacionalidades en los operativos realizados en el Bajo Aguán, Colón”, aseguró el martes el director de la Policía Nacional.
Fotos de los medios escritos publicaron, a raíz de las masacres de campesinos, a labriegos muertos cargando en sus manos fusiles de guerra, pero el movimiento campesino a cargo de la protesta negó que estuvieran armados, y acusó a la Policía y al Ejército de “armar” los cuerpos para “justificar el crimen masivo”.
En búsqueda del armamento, efectivos del Ejército y la Policía se tomaron esta semana las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en Sinaloa, Colón, para investigar la supuesta relación con el “armamentismo” en la zona.
Denuncias a granel
De acuerdo con los “informes de inteligencia”, las “armas” que circulan en la conflictiva zona del Aguán, habrían ingresado vía terrestre por la frontera con Nicaragua, ocultos en furgones y contenedores.Sin embargo, el pasado 15 de noviembre, las autoridades de Seguridad denunciaron a los medios que además de narco-avionetas, estarían ingresando al territorio furgones “llenos de dólares” producto de actividades del narcotráfico desde México y Guatemala.
Hasta la FARC
No es la única versión. Esta semana el director de la Policía Nacional de Honduras, José Luis Muñoz Licona, afirmó a los medios hondureños que estaban tras la pista de células guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales estarían comandando los actos violentos registrados en el Bajo Aguán.La primera vez que se tuvo noticias de que grupos armados colombianos estaban arribando a Honduras, fue el 12 de septiembre de 2009, cuando el periódico colombiano El Tiempo publicó un reportaje donde ex paramilitares afirmaban haber sido convocados a una reunión en la que les ofrecieron venir a cuidar fincas y casas en Honduras.
Además, vendrían a apoyar las acciones a favor del golpe de Estado, a cambio de un sueldo en dólares, libres de vehículos, pago de vivienda y comida.
Según El Tiempo de Colombia, la reunión de reclutamiento se habría efectuado en predios de la hacienda “El Japón”, en el Magdalena Medio, la cual le había sido incautada al narco Jairo Correa Alzate, y que en teoría estaba en manos del Gobierno, pero que fue arrendada a particulares.
Uno de los participantes en la reunión le dijo a El Tiempo de Bogotá que algunos de los asistentes a la reunión eran miembros del grupo paramilitar dirigido por Eduardo Cifuentes, “El Águila”, quienes querían salir de Colombia porque la DEA les había abierto investigación por narcotráfico.
El informante del diario colombiano aseguró que, para entonces, a mediados de septiembre de 2009 ya había salido uno de los reclutadores con un grupo hacia Centroamérica y que había otro grupo que estaba concentrado en un campamento de la hacienda “El Japón”, la cual se extendía por más de mil hectáreas.
miércoles, 24 de noviembre de 2010
PAC celebra fallo histórico en favor del ambiente y la vida
San José.- La Fracción Parlamentaria del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), de centroizquierda, celebró hoy la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo "a favor del ambiente y la vida", que "evidencia una vez más el grave error en que incurrió la administración de Oscar Arias al declarar de interés público el proyecto de minería a cielo abierto de Crucitas".
Este fallo de los tribunales refleja la voz mayoritaria de los costarricenses que se han manifestado en oposición a la minería en Crucitas a través de marchas, caminatas, signos externos y hasta huelgas de hambre. También, esta resolución positiva para el país es resultado de una lucha de más de 15 años de las comunidades organizadas de la zona norte reunidas en el Frente Norte contra la Minería, dijo el partido de oposición costarricense.
“Costa Rica da una señal al mundo de su verdadero compromiso con el medio ambiente. Nuestro país debe abandonar el doble discurso que han manejado los últimos gobiernos en el tema ambiental, y debe comprometerse de una vez por todas con un modelo de desarrollo, ecológicamente sustentable y autóctono”, manifestó el diputado Claudio Monge, gerente de temas ambientales de la Fracción del PAC.
El fallo del Tribunal Contenciosos Administrativo refuerza la tesis sobre las gravísimas implicaciones ambientales y a la salud humana que provoca la operación de la mina a cielo abierto.
“Nuestro país quiere un modelo de desarrollo que respete al medioambiente y la promoción de un estilo de vida ecológicamente sostenible. La juventud y las futuras generaciones agradecerán mucho esta decisión en favor del ambiente y la vida”, enfatizó Juan Carlos Mendoza, jefe de Fracción.
Costa Rica: juicio histórico sobre minería a cielo abierto Un tribunal dictará una sentencia sobre un controvertido proyecto de minería que ha provocado rechazo entre costarricenses y que es observado en otros países de la región
El Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica dictará este miércoles una sentencia histórica en torno a un controvertido proyecto de minería a cielo abierto que ha despertado el rechazo de la mayoría de los costarricenses y que es seguido con interés en otros países latinoamericanos.
Se trata del caso sobre el proyecto minero Las Crucitas, ubicado en la zona norte de Costa Rica, en Cutris de San Carlos, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
El juicio se realiza contra el Estado y la trasnacional canadiense Infinito Gold, que busca extraer oro de la mina Las Crucitas.
La controversia
El proceso legal fue iniciado por varias organizaciones ambientalistas como la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), entre otros, quienes solicitan que se reviertan tanto los permisos ambientales otorgados para la extracción del oro en la mina, como el decreto del ejecutivo de hace dos años que avaló la minería.
La parte demandante argumenta que el estudio de viabilidad ambiental no corresponde con el de la concesión minera.
Los ambientalistas rechazan el proyecto de explotación aurífera pues consideran que se causarán daños irreparables tras la contaminación y erosión del frágil ecosistema.
Esto debido a que este tipo de minería utiliza cianuro y conlleva la tala de árboles, sobre todo del almendro amarillo, variedad en peligro de extinción en Cutris de San Carlos.
Pero el consorcio minero por su parte, asegura que no habrá daños al medio ambiente y el Estado sostiene que el proyecto sólo traerá beneficios económicos para el país.
El gobierno de Costa Rica afirma que el beneficio se derivará del cobro de impuestos y de la inversión comunal de la empresa a cargo del proyecto.
Infinito Gold busca extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto con un valor mercantil que superaría los US$1.000 millones, pero las obras en Las Crucitas se han retrasado unos 23 meses por diferentes problemas legales.
En América Latina
Fue tal el revuelo provocado por el caso que este mes Costa Rica se convirtió en el primer país de Latinoamérica en poner freno a la extracción de minerales a cielo abierto tras la aprobación parlamentaria de la reforma a la Ley de Minería, por considerarla "la forma de minería más devastadora", dijo uno de los diputados que la votó.
Sin embargo, el caso de Las Crucitas no se ve afectado por esta modificación legislativa, al haberse entregado la concesión hace dos años.
A diferencia de las explotaciones subterráneas, las explotaciones mineras a cielo abierto se desarrollan en la superficie del terreno y para su explotación en ocasiones es necesario excavar, a través de explosivos o con medios mecánicos, los terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forma el yacimiento.
El fallo de este martes en Costa Rica es observado atentamente por otros países en donde existen controversiales proyectos de minería como Argentina, Perú y Bolivia.
En Argentina se sigue con atención este proceso. La corresponsal de la BBC en ese país Verónica Smink informó que en septiembre el Senado aprobó una Ley de Protección de Glaciares que, se prevé, tendrá un fuerte impacto sobre la actividad minera en el país.
Los ambientalistas señalan que la minería a cielo abierto en las zonas glaciares y periglaciares altera el ecosistema y pone en peligro una de las principales fuentes de agua dulce, pero la iniciativa fue duramente criticada por las provincias que dependen en gran medida de la minería como fuente de empleo y de riquezas.
Entre tanto en Perú se espera que la economía crezca este año cerca de 9%, cifra en su mayoría derivada de la actividad minera, pero el país al igual que Bolivia no escapa a la controversia que rodea algunos proyectos auríferos.
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