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En lo que constituye un decomiso histórico por su cantidad y valor de la droga, oficiales de la Fuerza Pública se incautaron la tarde de hoy de 10.000 dosis de crack gracias a un retén que mantenían en El Alto de Coris, del cantón Central de Cartago.
Se trata de una vía alterna que comunica desde Desamparados, hasta San José con la Vieja Metrópoli, donde el Ministerio de Seguridad Pública reforzó la presencia policial para combatir diversos delitos, entre ellos, precisamente, el trasiego de importantes cantidades de drogas desde la capital y viceversa.
La ilegal mercancía fue valorada en 10 millones de colones y sería parte de una “entrega” que un traficante intentaba hacer llega a al menos 10 puntos de venta de drogas, en Cartago, pues las dosis de crack estaban distribuidas en 10 bolsas plásticas cuidadosamente selladas.
El millonario decomiso se logró a las 12:20 p.m. de hoy lunes en un sector donde la Fuerza Pública mantenía un retén vehicular para detectar precisamente hechos irregulares relacionados con contrabandos y drogas, entre otros ilícitos.
“Haciendo historia contra el narcotráfico”, escribió en su cuenta de Tuiter el Ministro de Seguridad Pública, Lic. Celso Gamboa Sánchez, al confirmar el millonario decomiso de droga y reiterar acciones duras, permanentes, contra el narcomenudeo y el crimen organizado en todo el país.
La droga estaba dentro de un bolso negro que un delincuente lanzó desde un auto, a una importante distancia del retén policial, lo que aprovechó para escapar a toda velocidad. La Policía espera detenerlo en cualquier momento.
El Capitán Orlando Cuadra, subjefe de la Fuerza Pública en Quebradilla de Guadalupe de Cartago, informó que se trata del decomiso más grande de crack de los últimos meses y recordó que mantienen controles vehiculares en distintos puntos de Cartago como parte de acciones preventivas que vienen dando resultados muy positivos para la seguridad de toda la ciudadanía. Elaborado por Nicolás Aguilar R., 83-94-23-77 y 2586-4390.
Las organizaciones del Magisterio nacional que sostienen la huelga indefinida por el problema de pago de sus sueldos, realizaron una conferencia de prensa este lunes 19 de mayo, en la cual dejaron manifiesto su llamado a sostener la huelga indefinida, ya que no pueden aceptar que los y las trabajadores de la educación vuelvan a trabajar de gratis, como lo pretende el Presidente de la República en el mensaje televisado el 18 de mayo.
Convocaron a continuar la huelga, para lo cual llaman a las y los trabajadores del Área Metropolitana, a una asamblea este martes 20 de mayo, a las 9:00 a.m., en la Escuela Napoléon Quesada, en Zapote.
Señalaron que los hijos e hijas de los trabajadores de la educación también sufren hambre, y tienen el mismo derecho a la alimentación que el resto de menores de edad del país. Sin embargo, no aceptaron que se achaque al Magisterio la culpa del cierre de los comedores, ya que la labor primordial del Magisterio es la formación educativa. Indicaron que la crisis por el pago de salarios no afecta sólo a las y los trabajadores, sino también a sus familias, y sus comunidades, ya que dejan de percibirse los beneficios para otros sectores económicos, derivados en los gastos en que incurren estos trabajadores.
Los representantes magisteriales hicieron un llamado vehemente a sus compañeros y compañeras a no dejarse presionar, y no aceptar el regreso a las labores in que se hayan cancelado antes los sueldos adeudados, ya que sería equivalente a seguir trabajando de gratis. Indicaron que durante las semanas en que se identificó el problema de pago, los trabajadores fueron pacientes y dieron tiempo a que el problema se resolviese en la vía administrativa. Sin embargo, ya no podía seguir trabajando de gratis, por lo que han recurrido a la huelga como medida de presión.
Consideran que el Presidente de la República ha perdido la perspectiva de cuál es el problema, ya que el mismo no se resuelve intimidando a los trabajadores para que regresen a sus labores, sino que la única solución real es que se cumpla con el pago de salarios. Indicaron que la única solución aceptable son los hechos, no las palabras, porque a las palabras se las lleva el viento.
Al consultárseles por una frase dicha por el Presidente Solís de que “se está agotando el tiempo” Señalaron que esa ha sido la amenaza más grande que ha hecho el Presidente. Fueron enfáticos en explicar que no existen límites para la cantidad de tiempo que se puede extender una huelga, por lo que rechazaron las palabras del Presidente. Recordaron que el incumplimiento de la ley lo está llevando a cabo el gobierno, y no el magisterio, ya que los trabajadores estuvieron laborando varias semanas a la espera de arreglo que nunca surgió, mientas que el que está incumpliendo con su parte es el patrono, que no cancela los salarios.
Además, el magisterio tiene certeza de que la huelga mantendrá su carácter legal en todo momento, por el amplio respaldo que ha tenido, por lo que las palabras del Presidente no son más que una forma de atemorizar y sembrar el miedo entre el Magisterio, ya que el mismo Poder Ejecutivo sabe que no puede aplicar sanciones mientras no exista una declaratoria judicial de ilegalidad de la huelga.
Recalcaron que, de haber aceptado la propuesta hecha por el Magisterio, de declarar este problema como emergencia nacional; ya se habrían podido destinar más recursos económicos y humanos para solucionar este grave problema. Lejos de ello cada día se registran nuevos inconvenientes de pago, lo que despierta la desconfianza de las y los trabajadores con las declaraciones de supuestas fechas de pago que anuncia el Gobierno.
Indicaron que la solución al conflicto no son reuniones y comisiones, sino que se cumplan con el pago de salarios adeudados. Fueron enfáticos en señalar que antes de hacer el llamado a huelga, entablaron las conversaciones para procurar un arreglo desde la vía administrativa, sin haber tenido éxito alguno. Dejaron claro que el Magisterio nunca ha roto las conversaciones, ni ha rechazado propuestas como la comisión de verificación del trabajo que hacen en Recursos Humanos del MEP, pero que esas iniciativas no constituyen el arreglo definitivo al problema, ya que el único arreglo posible es el pago.
El magisterio indicó que es tal la catástrofe que se tiene en el sistema de planillas del MEP, que el propio Ministerio de Educación desconoce las cifras exactas de personas afectadas, por lo que invitaron a los periodistas a que soliciten al MEP la información sobre el estado real de las planillas.
En una acción efectuada esta tarde por oficiales del Departamento de Inteligencia Policial (DIPOL) y el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), ambos de la Fuerza Pública lograron el decomiso de 539 cajetillas de cigarros con un valor aproximado a los 500 mil colones.
La acción se dio entre avenidas 6 y 8 y calle 0 del centro de San José, en donde la Policía en coordinación directa con el Ministerio de Salud ingresó a dos locales comerciales. Uno de ellos totalmente cubierto por rejas, en donde se decomisaron las 539 cajetillas.
Esto obedece a la aplicación de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud; estrictamente en los artículos 13 y 15 que obliga a trámites en aduanas para introducir tabaco al país y el artículo 18 que prohíbe vender cigarros sueltos.
El jefe del Grupo de Apoyo Operacional de San José, German Acosta indicó que el local está a nombre de un hombre de apellido Vega y todo lo decomisado quedó a las órdenes del Ministerio de Salud para su eventual destrucción. Elaborado por Patricia Meléndez Siles
La DIS - Sin revanchismo, sin amarillismo y sin misterios
Fuente: Mariano Figueres Olsen | 2014-05-19
La bulla
Alguito de revuelo ha habido en los últimos días alrededor de la restructuración que plantea el nuevo gobierno para la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado, mejor conocida como “La DIS”.
Básicamente las interrogantes provienen de tres tendencias distintas:
Están los que lanzan ataques personales y descalificaciones de todo tipo a falta de fundamento. Son los mismos que en el pasado usaron a la DIS, estando en gobierno o estando en concubinato con el mismo, como una especia de policía política. Dicen, porque no tengo las pruebas, que para agredir, perseguir, levantarles expedientes, escuchar sus conversaciones, asaltar, robar, y varias cosas más, a muchas personas que durante años hemos venido clamando por un cambio de modelo de desarrollo para el país.
En otro grupo están quienes tienen una vida que depende de generar amarillismo. Que por qué tal persona. Que si sabe de seguridad. Que hay contradicciones. Que todo se debe a pagos politiqueros. Que hay sospechosos cambios de opinión. Que todo es una confabulación. Que existen terribles peligros que desde Costa Rica prácticamente amenazan la vida planetaria.
El grupo más grande, por dicha, se conforma de una ciudadanía que quiere saber la verdad, y que sanamente se preocupa cuando escucha tantas historias de conspiración. Ahí hay gente del mundo periodístico que hace todo lo posible por informarse y analizar antes de informar, hay gente de todos los partidos y organizaciones políticas, que independientemente del resultado de las pasadas elecciones comprenden que ahora nos debe cobijar en común solo la tricolor, y ahí también está la gran mayoría de la ciudadanía, que clama por un cambio positivo, que votó por ese cambio, y que está y estará vigilante, como debe ser, sobre la conducción del gobierno costarricense en esta nueva etapa de la historia nacional.
Al primer grupo, hay que decirles que tengan calma, y que tengan paz. No se hará lo que ellos hicieron con nosotros. Vamos a enseñarles que hay una manera mejor de hacer las cosas. Una que respeta la Ley y la dignidad humana. Y hay que pedirles que dejen trabajar primero, porque la mayoría quiere que el gobierno trabaje, y sobre ese trabajo que emitan criterio.
A los segundos, por favor estudien, por favor infórmense. El amarillismo es lucrativo, pero solo en el corto plazo. Las cosas que cuestan saben mejor. Cuando en el trabajo se suda la camiseta, se comienza a dejar de ser desechable y se comienza a ser indispensable. Y hay que decirles que observen a la sabia naturaleza, donde a la fuente de agua que se le tira barro solo se logra secar la fuente. Pero además, con todo respeto, es más productivo informar correctamente.
Ahora bien, lo que más interesa, al menos me parece a mí, es la materia informativa, sin misterios, el trabajo en positivo, los motivos de la propuesta, y la explicación de la misma. O sea, cuales son los motivos y puntos principales de la propuesta de restructuración de la DIS, trabajo en el cual se quiere escuchar e incorporar puntos de vista de distintos sectores de nuestra sociedad. Sobre eso vamos a elaborar en la segunda y tercera parte de este artículo.
El Motivo
¿Por qué es necesario el trabajo en inteligencia para nuestro país?
Vivimos en la era de la información. Pero eso no quiere decir que automáticamente eso nos ponga en la era del conocimiento. Hoy hay demasiadas fuentes, canales y variedades de información. Las hay tanto útiles como inútiles, y cuesta discernir qué es qué, entre tanto ruido.
En el plano externo, en un mundo globalizado e interconectado, nuestro país debe contar con la mejor calidad de información, con el objetivo de buscar ser más competitivos, así como de identificar las amenazas externas que tengamos enfrente. En el plano interno, el fortalecimiento de la democracia, y para ello de la democracia participativa, requiere de intercambios de información, de una mejor comunicación dentro de la sociedad, y de herramientas eficientes que nos permitan interpretar la información para detectar necesidades ciudadanas, y que las mismas puedan ser atendidas oportunamente y en apego a los valores democráticos que nos definen como país.
Así pues, lo que se busca es que se pueda, entre las enormes cantidades de información legalmente disponibles, procesar la información para crear “inteligencia”. Cuando esa inteligencia se pone al servicio de las instituciones que deben atender necesidades ciudadanas, y/o enfrentar retos externos, ese producto se convierte en inteligencia estratégica. De ahí que lo que se busca es dar un salto cualitativo en el manejo de información e inteligencia, para mejorar la gobernabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
¿Por qué esas funciones no las podrían cumplir otros organismos del Estado?
Por dos motivos. Primero porque muchas veces la inteligencia del Estado contiene información que es sumamente sensible, información que será clave para la toma de decisiones al más alto nivel político, y cuya responsabilidad última recaerá en la Presidencia de la República, por lo que obviamente el organismo de inteligencia debe depender directamente de esa misma autoridad. Estas decisiones pueden ser de distinta índole, desde temas de seguridad hasta temas de política pública, comercio y relaciones internacionales.
Segundo, porque una democracia sana, y precisamente porque no todos pensamos igual, requiere de pesos y contrapesos que defiendan la pluralidad, por lo se hace necesario entre otras cosas la independencia entre poderes y también la separación clara de responsabilidades dentro de un mismo poder. Así, en nuestro caso, la responsabilidad del mantenimiento del orden y la seguridad recae constitucionalmente en el Poder Ejecutivo. Dentro del Ejecutivo, la creación de inteligencia de Estado es función del Ministerio de la Presidencia. Esto por los motivos explicados arriba, en el sentido de que la autoridad sobre la inteligencia debe ir de la mano con la responsabilidad que conlleva esa inteligencia, o sea en la Presidencia misma. Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que en nuestro país, el equivalente más cercano a ejército (que por dicha y visión preclara no tenemos), es nuestra Fuerza Pública bajo el Ministerio de Seguridad, y no es conveniente, por el principio de poder civil sobre el militar, poner a la inteligencia de Estado ni sus componentes de seguridad de integridad física y política de la Presidencia, en manos del equivalente del poder militar, si no que en manos propias de la Presidencia de la República, vía el Ministerio de la Presidencia. Lo que sí es correcto, es que la vigilancia, el mantenimiento del orden, la prevención y eventual represión de actos de delincuencia, sean responsabilidades del Ministerio de Seguridad. Por su parte, al Poder Judicial le corresponde constitucionalmente resolver todo lo relativo a las causas judiciales de cualquier índole.
¿Por qué es necesaria una Ley para regular la materia de producción de inteligencia en el país?
Porque precisamente por falta de esa Ley, es que en ocasiones se ha actuado en contravención a los mejores principios democráticos, y la producción de inteligencia o las funciones y prioridades del organismo encargado, han estado a la orden y antojo del gobierno de turno. Para avanzar hacia la profesionalización en la producción de inteligencia, y desterrar la politiquería de la misma, es necesaria una Ley que la convierta en un servicio transparente, eficiente, y con visión de corto, mediano, y largo plazo.
La Propuesta
¿Qué NO debe hacer la dirección de inteligencia estratégica del Estado, y además se propone que le quede prohibido por Ley?
- NO debe realizar tareas represivas ni cumplir funciones policiales o judiciales.
- NO debe realizar ningún tipo de espionaje político.
- NO debe participar en cualquier tipo de actividad político-partidista.
- NO debe ingresar en domicilios o residencias sin consentimiento de la persona u orden de un juez.
- NO debe privar de libertad o detener a ninguna persona.
- NO deben sus agentes recibir beneficios ni dineros fuera de su remuneración legal, de nadie, con motivo del cumplimiento de su deber.
- NO debe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por motivo de su grupo étnico, fe religiosa, acciones privadas o de opinión política, o por la actividad lícita que desarrollen.
- NO debe influir de manera ilegal en la situación institucional, política, policial, social, económica de política exterior, u opinión pública del país.
- NO debe revelar o divulgar ilegalmente información de cualquier habitante u organización del país.
- NO debe impedir el libre tránsito de cualquier ciudadano en el territorio nacional.
- NO debe impedir el libre pensamiento de cualquier ciudadano.
- NO deben sus agentes prestar servicios pagados o gratuitos a personas o empresas en materia de seguridad.
¿Qué SÍ debe hacer la dirección de inteligencia estratégica del Estado, y además se propone que para eso se le faculte por Ley?
- Recoger información de cualquier manera lícita para servir como centro de detección de necesidades ciudadanas, para trasladar dicha información a las instituciones que deben atenderlas.
- Proveer información a las altas autoridades como herramienta de una adecuada rendición de cuentas en el manejo de la cosa pública.
- Detectar de manera lícita, investigar y analizar la información necesaria para prevenir hechos que impliquen riesgo para la soberanía, la independencia, la integridad territorial.
- Detectar, investigar e informar acerca de terrorismo, crimen organizado, corrupción en la función pública, narcotráfico y demás actividades que atenten contra la seguridad y estabilidad nacional.
- Proveer información y coordinar las acciones necesarias ante posibles amenazas contra la integridad física y política de los máximos representantes de los Supremos Poderes de la República.
- Promover el desarrollo de recursos humanos y de la doctrina de inteligencia, y realizar estudios e investigaciones para el ejercicio y perfeccionamiento de la actividad de inteligencia.
- Coordinar y asesorar la actividad de inteligencia, prestando apoyo a las instituciones de seguridad e inteligencia, tanto nacional como internacional.
- Participar en lo que se le solicite en la elaboración de políticas gubernamentales en materia de seguridad.
- Elaborar informes periódicos de inteligencia, para la Presidencia de la República y los ministerios u organismos que esta determine.
- Suministrar a todos los órganos de la Administración Pública, la información de que disponga que sea útil para el cumplimento de sus funciones.
- Coordinar adecuadamente y en estricto resguardo de nuestra soberanía con los organismos internacionales homólogos.
- Apoyar en materia de inteligencia a la actividad policial y judicial nacional.
Esa es en resumen y sin misterios la propuesta de cambio positivo que se le quiere dar al manejo de la inteligencia y seguridad del Estado costarricense.
(*) Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS)
Fuerza Pública aprehende a sospechoso de robo de ganado
Sujeto trasladaba 21 cabezas de ganado a las 3:00 de la madrugada.
Oficiales de la Fuerza Pública, destacados en Guatuso, aprehendieron la tarde de ayer a un hombre de apellidos Jarquín Zarate por el presunto robo de ganado.
El sospechoso fue aprehendido sobre el puente río Frío en Guatuso de Alajuela a las 3:30 a.m. a tres kilómetros de la finca en la que presuntamente fueron sustraídas las 21 cabezas de ganado.
El director regional de la Fuerza Pública, Comisionado Reynaldo González, informó que “el sujeto fue aprendido intentando robar ganado de una finca en donde el y dos sujetos más arriaron 21 cabezas de ganado por una distancia de tres kilómetros dentro de la finca, aprovechando portillos y callejones, la rápida reacción de la policía de Guatuso genera la aprehensión del sujeto ya que los otros que andaban con el se dan a la fuga por unos potreros cuando notan la presencia policial”.
Al sospechoso se le decomisaron varias herramientas entre ellas segueta, alicate, entre otros elementos.
El aprehendido fue puesto a la orden del Ministerio Público; junto con el ganado y las herramientas. Elaborado por Sergio López, 8706-4713
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, rechazó que mantuviera deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), contrario a lo que denunció el diputado liberacionista, Antonio Álvarez Desanti.
Con respeto a las deudas que supuestamente mantenía la Fundación Universidad de San José manifestó que el cedió la presidencia de esa sociedad desde 2001 a Greivin Arrieta.
Así lo mostró en documentos entregados a los medios de comunicación este miércoles en conferencia de prensa.
De la denuncia de deuda de la sociedad anónima Gaspar del Norte, el Ministro constató que esta mantiene un arreglo de pago. Esta sociedad pertenece a su padre y Segnini aparece como representante legal.
A su nombre tampoco mantiene deudas, de acuerdo con los documentos entregados.
Segnini no pedirá que Alvarez le brinde una disculpa pública, y se refirió a él como “exjefe de campaña de Johnny Araya”, cargo que ocupó durante la campaña del Partido Liberación Nacional.
El Ministro dijo estar claro que todo se trata de una comparsa de denuncias en busca de debilidades del nuevo gobierno.
MEP obsequia 6.5 millones de colones a hija de Asesora Supervisora en Limón
Saludos queridas almas: Mientras miles de educadores están que se los lleva el Chamuko porque el Ministerio de Educación les retiene su salario, ya sea en forma completa o parcial; en la zona de Limón, el MEP le ha regalado 6.5 millones de colones a la hija de Trudy Clark Howard, la Asesora Supervisora del Circuito 08 de Cahuita, quien también está en la directiva regional del Colegio de Licenciados y Profesores en Limón, y en la directiva de COOPEMEX (La que llevaron a la quiebra, por cierto doña Trudy fue de las que aprobó el pago de dietas adelantadas). Como entenderán, por su posición de Asesora Supervisora, tiene injerencia en los nombramientos de su circuito.
El caso de la joven Trudity Amauri Givans Clark, inicia el sábado 14 de mayo de 2009 cuando es nombrada misteriosamente con la ayuda de su madre (la Asesora Supervisora) como profesora de Estudios Sociales en la Telesecundaria Cahuita con "full time" sin tener un solo título que la acredite como educadora, pues es "aspirante", y a juzgar por su edad en el momento del nombramiento (20 años recién cumplidos) este Chamuko apuesta sus cuernos a que la muchachita venía saliendo del colegio.
Ahora, lo insólto es que esta muchacha la nombran el 14/05/09 y se fue a dar a luz cuatro días después, el 18/05/09, o sea, los estudiantes de la Telesecundaria de Cahuita no tuvieron lecciones en todo el año, y tras de eso, la nombraron nuevamente desde el 01 de febrero de este año, hasta que un grupo de profesores pegó el grito el cielo porque les estaban quitando lecciones para dárselos a una mujer sin ningún estudio como docente solo porque era hija de la Asesora Supervisora, y lograron que la cesaran el 03/05/2010.
Y más insólito aún es que el Ministerio de Educación le pagó puntualmente a esta muchacha desde la segunda quincena de mayo del 2009 hasta la primera quincena de mayo de 2010 Y NO LE REBAJARON NI UN SOLO CENTAVO POR INCAPACIDADES. Así que el MEP le regaló a la hija de Trudy Clark Howard la suma de 6 498 511 colones. Y lo irónico es que cuando una docente que está titulada queda embarazada y se acoge a su licencia de maternidad, el MEP le clava los desproporcionados rebajos por concepto de incapacidad rápidamente.
Desde esta Tribuna Infernal, solicitamos al Ministro de Educación que pare este relajo y siente las responsabilidades disciplinarias del caso, primero por el nombramiento irregular de la hija de Trudy Clark Howard y segundo, porque la mujer se largó del MEP y no hay forma ahora de cobrarle las incapacidades y las ausencias. Cómo se ve que la Dirección Administrativa del MEP en Limón se maneja como una pulpería, donde nombran en puestos docentes a hijos o amigos de los encargados de nombramientos del MEP.
Y como este Chamuko siempre tiene pruebas de los chorizos que denuncia, aquí les dejamos los documentos que prueban lo dicho en este post (recuerden hacer click para agrandar):
El presidente Luis Guillermo Solís sorprendió esta mañana a los vecinos de Casa Presidencial al visitarlos en sus casas de habitación, en Zapote, San José, para presentarse.
Solís llegó tocando puertas y timbres y diciendo "upe".
"¿Ay pero por qué trajo tanta cámara?", le dijo Marcela Méndez, de 20 años, quien salió a atender la puerta en pijama.
"Ojalá que no nos saquen del barrio", le dijo él. Méndez calificó la visita de increíble y dijo que era la primera vez que la visitaba un inquilino del edificio de al lado: la Casa Presidencial.
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, visitó este miércoles a los vecinos de Casa Presidencial. (ESTEBAN OVIEDO. )
"Es un presidente amigo del pueblo, que no se esconde", dijo la joven.
Más adelante, se encontró la casa de María Salazar, hija del escritor Carlos Salazar Herrera. quien le obsequió un libro de su padre.
"Hasta que estoy temblando, me hubiera vestido", comentó.
Fred Bacon, esposo de Salazar, dijo que la visita era un símbolo de transparencia, al igual que quitar las vallas de seguridad en la zona.
Algunos aprovecharon también para pedirle un permiso especial de ingreso a las calles del barrio cuando estás se ven bloqueadas por protestas.
Desde la semana pesada está disponible el texto del informe del Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente, el señor John H. Knox. Este experto independiente forma parte de los 37 mandatos temáticos en materia de derechos humanos actualmente funcionando en el marco de las Naciones Unidas (ver listado oficial), conjuntamente con 14 mandatos por país (ver listado oficial). A estos debemos añadir los 9 órganos de tratados (ver listado oficial) encargados de velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados en esos instrumentos internacionales. El informe de John H, Knox fue elaborado a raíz de la visita efectuada en Costa Rica en julio-agosto del año 2013: se trata de un documento que ha sido poco divulgado en medios de prensa así como por parte de las autoridades salientes de Costa Rica.
El contexto de la visita de John H. Knox:
Cabe recordar que al finalizar su visita en suelo costarricense (y de manera preliminar) el experto había señalado durante su conferencia de prensa que: "No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los Gobiernos" (ver nota de La Nación del 2/08/2013). Estas declaraciones intentan, por parte del experto, hacerle eco a la profunda indignación suscitada en Costa Rica (y en el extranjero) por la muerte del ambientalista Jairo Mora Sandoval en una playa de Costa Rica en mayo del 2013: el ecologista había hecho público las amenazas recibidas por su organización en relación a la labor que desarrollaba, consistiendo en registrar nidos de tortugas marinas en las playas del Caribe. Por alguna extraña coincidencia, el arresto de varios sospechosos de su muerte se dio justo 24 horas antes de que concluyera la visita del experto independiente (ver nota del 31 de julio del 2013 de La Nación). Más allá de las valoraciones que se puedan hacer sobre esta interesante coincidencia de fechas, cabe recordar las infortunadas declaraciones del entonces Vicepresidente de Costa Rica, Alfio Piva, sobre la muerte de Jairo Mora, precedida por lo que algunos ambientalistas describieron como una peligrosa deriva discursiva de las máximas autoridades de Costa Rica en contra de ecologistas que resumimos en junio del 2013 de la siguiente manera: “Más allá del deterioro del Índice de Desarrollo Humano, un discurso presidencial de octubre del 2010 a la fecha inexplicado, un llamado público de un ecologista pidiendo presencia policial que termina con su muerte, y unas desafortunadas declaraciones del Vicepresidente Alfio Piva a una cadena internacional constituyen el marco factual de las celebraciones del Día del Ambiente en Costa Rica, convertido en un día de profundo luto y consternación en este 2013” (Nota 1). Un ecologista con amplia experiencia de campo sugirió en un artículo pistas de investigaciones que al parecer no fueron exploradas, o de manera algo somera (Nota 2) en relación a algunas tortugas poco visibles en Costa Rica. A pocos días del cambio de autoridades, el pasado 26 de abril del 2014, el Ministro de Ambiente René Castro procedió a rebautizar el Refugio Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo con el nombre de Jairo Mora (ver nota de CRHoy): un reconocimiento póstumo a la figura de Jairo Mora en una zona sumamente sensible desde el punto de vista social, pero que no se adecúa del todo a las denominadas "garantías de no repetición" que ha ordenado, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los Estados en caso de asesinatos de líderes ecologistas y sociales. Declarar una nueva área protegida en la zona de Moín en la que encontró la muerte Jairo Mora (y bautizarla con su nombre) y hacer público un reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad (tal como solicitado por varias entidades ecologistas) hubieran posiblemente sido acciones mucho más acordes con lo ordenado, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 contra Honduras (caso del asesinato de la líder ambientalista Kawas Fernández – ver texto de la sentencia del 2009, en particular medidas ordenadas por la Corte Interamericana en los párrafos 200-215). En Costa Rica, la actitud de las autoridades en el caso de Jairo Mora azuzó la indignante sensación de impunidad relacionada con crímenes o actos de intimidación contra ecologistas, llevando al Presidente de la Federación Costarricense de Organizaciones Ecologistas (FECON) a exigir más respeto a su memoria (ver artículo de Mauricio Álvarez). Permanecen sin ser sancionados varios crímenes de ecologistas, incluyendo el caso de cuatro de ellos cuyos cuerpos aparecieron sin vida en Moravia y en La Uruca a finales de 1994 e inicio de 1995 (caso AECO) (ver nota de prensa) (Nota 3).
Algunos aspectos analizados:
La situación de varias familias de la comunidad ubicada en el Refugio Mixto de Vida Silvestre en Gandoca Manzanillo (sujetas a órdenes de desalojos y demolición de sus casas) es también parte de las preocupaciones del experto independiente (entre otros muchos temas): pero desde una perspectiva muy distinta. Recordemos que la peculiar situación de los pobladores en Gandoca Manzanillo dio lugar a una entrevista al mismo Alfio Piva de cierto interés en el 2012, seguida por la presentación de un proyecto de ley fuertemente cuestionado por organizaciones ecologistas costarricenses (ver manifiesto colectivo), que terminó siendo objeto de una consulta facultativa y declarado inconstitucional por parte de la Sala Constitucional de Costa Rica a finales del 2012. La reciente “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur" aprobada en febrero del 2014 constituye un segundo intento del Poder Legislativo (ver nota de prensa) no exento de limitaciones (en particular en materia ambiental, según funcionarios del mismo Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea): la angustia de muchos pobladores de Gandoca Manzanillo (muchos de ellos arraigados desde más de 100 años en la zona) podría mantenerse si el Estado no procede rápidamente a resolver este delicado tema.
El informe señala de igual manera, entro otros temas, el problema que enfrentan las poblaciones indígenas afectadas por los numerosos proyectos de represas hidroeléctricas, en particular el Proyecto El Diquis, que ha dado lugar a tres visitas a Costa Rica del Relator de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Su visita en abril del 2011, y el informe del 30 de mayo del 2011 (vertexto completo) fueron seguidos por una visita de seguimiento a Costa Rica en julio del 2011 (ver nota). En el 2012, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó “Solicitar al Poder Ejecutivo la derogatoria del Decreto Ejecutivo N.° 34312-MP-MINAE, el cual Declara de conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, del 6 de febrero de 2008, publicado en La Gaceta, en el tanto este no tiene como sustento los estudios ambientales y los soportes técnicos necesarios para su legalidad” (ver texto completodel pronunciamiento del CU de la UCR).
Algunas recomendaciones de John H. Knox:
En la parte final del su informe, el experto detalla algunas recomendaciones que responden a algunos de los desafíos en materia de derechos humanos que Costa Rica viene acumulando desde varios años. En particular, entre muchos otras conclusiones, (punto 63) el hecho que: "Costa Rica /.../ tiene varios retos que superar: en primer lugar, es sumamente inquietante que haya comunidades, entre ellas algunas de etnias minoritarias, que estén bajo la amenaza de ser expulsadas de los hogares que han ocupado por generaciones, debido a la interpretación estricta de las leyes que rigen las áreas protegidas y la conservación. No debería imponer un costo indebido a las comunidades que tienen profundas raíces históricas en las zonas de importancia ambiental. El derecho a un ambiente sano no tiene por qué estar en conflicto con otros derechos fundamentales". En el punto 64 leemos que: " /.../ con respecto a todos los ciudadanos, el experto independiente recomienda a Costa Rica que siga aumentando sus esfuerzos por hacer participar a las personas y comunidades que tienen un interés más directo en la protección de determinadas zonas a fin de aprovechar sus capacidades e intereses". En el punto 65, el experto recuerda a Costa Rica algunas de las obligaciones internacionales con respecto a las poblaciones indígenas, objeto de varios desarrollos (puntos 47 a 50 de su informe) en los siguientes términos: "en lo que se refiere al proyecto hidroeléctrico El Diquís, el experto independiente recomienda al Estado que siga celebrando consultas con los pueblos indígenas que puedan resultar afectados, aprovechando la labor de facilitación del equipo de las Naciones Unidas en el país y teniendo en cuenta que las consultas deben tener por objeto conseguir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados". Habíamos tenido la oportunidad de desmenuzar brevemente el alcance de las valoraciones hechas por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas a raíz de su visita a Costa Rica, análisis al que nos permitimos remitir el lector (ver artículo).
En el punto 67, leemos que. " /.../, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica". Se trata de un señalamiento hecho público en el 2013 por las mismas organizaciones ecologistas de Costa Rica a las autoridades (ver nota del Semanario Universidad). Siempre en esta misma línea (punto 68), el experto (posiblemente informado de la peligrosa tentación de algunos sectores que consiste en criminalizar la protesta social), "recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos".
En unas de sus últimas recomendaciones (Nota 4), el Experto Independiente recuerda a Costa Rica que lleva varios años con recomendaciones similares no acatadas, al indicar que: "el experto independiente recomienda a Costa Rica que examine nuevamente las recomendaciones formuladas en 2009 por la experta independiente de entonces sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, con vistas a renovar los esfuerzos por dar cumplimiento a esas recomendaciones". Se trata de las recomendaciones - algunas de carácter urgente - contenidas al final del informe presentado en junio del 2009 por la Experta Independiente Catarina Albuquerque (Portugal) de las Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos con relación a la situación imperante en Costa Rica (ver documento completo descargable aquí).
Algunas perspectivas:
Tanto el informe de John H Knox (2014) como los informes de James Anaya en relación al Proyecto Hidroeléctrico Diquis (2011) y el informe de Catarina Albuquerque (2009) sobre Agua y Saneamiento fueron elaborados por estos expertos internacionales en derechos humanos a raíz de una visita in situ a Costa Rica. Posiblemente pocas veces en la historia un Estado haya sido objeto de tantas visitas de distintos relatores o expertos independientes en materia de derechos humanos en un plazo de tiempo tan corto. Si bien este hecho debe ser celebrado como una saludable apertura de Costa Rica al escrutinio técnico de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, puede también señalar el vigor de los movimientos sociales y de las comunidades de Costa Rica para llamar la atención sobre la ausencia de respuestas del Estado a sus legítimos reclamos y derechos. También se puede entender como una consecuencia lógica ante una peligrosa deriva del Estado costarricense en materia ambiental: en el 2009, se señalaba que el Estado “ha dejado de ser el mediador entre entes privados y comunidades y ha pasado a ser el generador de conflictos por decisiones tomadas sin diálogo” (Estado de la Nación, Informe XVI, p. 207)
Conclusiones:
Estos tres informes de las Naciones Unidas coinciden todos en señalamientos sobre problemas no resueltos y posibles vías de acción, tomando como base el respeto a los derechos humanos y la participación de las comunidades. La lectura detallada de cada uno de esos señalamientos evidencia que muchos de ellos coinciden con los exigidos por las organizaciones sociales desde muchos años ante un “parco aparato estatal, incapaz de aprender de sus propios yerros” (ver nuestro artículo de junio del 2011:Biodiversidad, suelos, destrucción y silencios). Similar sensación se deprende de otro artículo recientemente publicado (en relación a otro proyecto cuestionado, ver artículo de Allan Astorga, marzo del 2014: Aeropuerto en Osa: repitiendo errores del pasado). La referencia hecha por John H. Knox a las recomendaciones externadas a Costa Rica en el 2009 por su colega Catarina Albuquerque (y a la fecha no implementadas) confirma esta misma sensación.
Esperemos que un futuro relator o experto independiente de las Naciones Unidas no deba dentro de unos pocos años referirse al incumplimiento de las recomendaciones señaladas por sus antecesores por parte del Estado costarricense. Hacemos de igual manera voto para que las nuevas autoridades de Costa Rica encuentren en todas y cada una de estas recomendaciones una útil hoja de ruta para guiar su accionar en los próximos años en Costa Rica. El alarmante deterioro de la situación ambiental heredado de las últimas administraciones y las golpeadas comunidades esperan ansiosas un cambio de actitud del Estado costarricense.
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Nota 1: Véase nuestro breve artículo, BOEGLIN N. “Estado, protección del ambiente, desarrollo y derechos humanos”, El Pais.cr, 6 de junio del 2013, disponible en este enlace: http://www..elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/82085
Nota 3: En una opinión jurídica de la Procuraduría General de la República (PGR) de 1997 en respuesta a una solicitud del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Naranjo (Opinión Jurídica: 004 - J del 23/01/1997), la PGR concluye de manera categórica que "1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental. 2.- De acuerdo con las autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales. 3.- Los órganos del Estado desarrollaron una labor profesional, técnica y dentro de un tiempo prudencial en el esclarecimiento de las muertes de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante Montaño y David Maradiaga Cruz". Documento en posesión del autor y disponible para el lector si así fuese requerido.
Nota 4: la versión en español de este documento elaborado por el experto independiente John H Knox está disponible aquí, texto completo o bien puede ser solicitado al siguiente correo: cursodicr@gmail.com. De igual manera, la versión en inglés del mismo informe está disponible en este enlace que corresponde al sitio elaborado por el mismo John H. Knox. O bien puede ser solicitada y será remitida oportunamente por correo electrónico.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
750 voluntarios pretenden recoger 125 mil firmas a finales de julio para luego solicitar al TSE un referéndum
Un total de 18 mil firmas fueron recolectadas en una semana por el grupo que busca legalizar la marihuana para uso medicinal en el país a través de un referéndum.
La iniciativa, llamada Movimiento Cannabis Medicinal Costa Rica, inició la recolección de firmas el pasado lunes 5 de mayo y aspira obtener 125 mil a finales de julio, para luego solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) un referéndum donde los ciudadanos decidan si aprueban o no el uso medicinal de esta droga.
El director de la organización, Gerald Murray, indicó que rompieron las expectativas que tenían y que la mayoría de las personas que los apoyan tienen edades que rondan entre los 18 y 35 años.
DIRECTOR DEL MOVIMIENTO CANNABIS MEDICINAL, GERALD MURRAY
Murray dijo que el Movimiento Cannabis cuenta con 750 colaboradores que ayudan a recoger las firmas en todo el país.
Según los promotores de esta iniciativa, la marihuana tiene beneficios para enfermedades como el cáncer, esclerosis múltiple, anorexia, depresión, estrés, ansiedad, trastornos de sueño, entre otras.
Este movimiento argumenta que el proyecto busca crear una industria medicinal y turística que podría generar al país ingresos de hasta $1.000 millones por año, los cuales serían distribuidos en salud, infraestructura, educación, seguridad y turismo.
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