¿Puede Costa Rica sobrevivir al déficit fiscal más alto de su historia?
Soluciones que propone el gobierno son impopulares
Costa Rica enfrenta el peor déficit fiscal de su historia, que llegaría al 7,1% de la producción nacional para el final de este año y al 7,9% en 2019.
El gobierno de Carlos Alvarado entró con el vigor necesario para enfrentarlo y en casi dos meses, ya se han aplicado varias medidas y se anunciaron acciones para contrarrestarlo.
Pero, ¿cómo el país entró en esta asfixiante realidad? ¿Cuál es el efecto de un PIB comprometido? Y lo más importante, ¿podrá sobrevivir al déficit fiscal más alto de su historia?
Hay una serie de hechos desafortunados para el Estado que le han llevado a deber cifras millonarias:
1. Los impuestos constituyen el principal ingreso de cualquier gobierno, en el país los más populares son tres: el de ventas (un 13% que pagamos todos los consumidores) y el que cancelan las empresas y trabajadores sobre sus ingresos y utilidades (renta), además del impuesto selectivo de consumo.
Solo con los primeros dos, el Gobierno obtiene el 70% de su dinero, así que si la recaudación de estos está mal, las finanzas estatales también.
2. Otro componente importante es la producción realizada por las empresas públicas propiedad del Estado o las ganancias obtenidas del alquiler o uso de propiedades o servicios públicos.
3.También existen otras vías más excepcionales de obtener recursos públicos; por ejemplo, la venta de determinados activos y la privatización de empresas.
4. O la captación de recursos mediante el endeudamiento en el mercado financiero internacional, conocida esta última como colocación de bonos o títulos de deuda.
5. El principal problema que ha tenido Costa Rica es que desde 2009, la recaudación ha crecido a un ritmo menor y los gastos aumentaron mucho.
Por lo tanto, las autoridades se han visto obligadas a pedir más préstamos para pagar créditos viejos y sus responsabilidades cotidianas, comprometiendo las finanzas públicas.
¿Qué es el déficit fiscal?
En primer lugar hay que definir qué es el déficit fiscal, un término que con solo escucharlo ya genera dolores de cabeza.
Un déficit es una carencia o falta de algo y en este caso se llama fiscal porque hace referencia a los recursos del Estado (fisco).
Simplemente se trata de la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos que tiene. Hoy, el Estado desembolsa casi cinco veces más dinero del que recibe.
Supongamos que la situación del gobierno es igual a la de una familia que gana ¢100 al mes pero gasta ¢150, la diferencia es el déficit.
Ahora, ¿cómo financia la familia esos ¢50 que le faltan?: recurre a deudas. Lo normal es que solicite un préstamo a un banco o a un tercero.
El gobierno lo hace igual, pide financiamiento a través de instrumentos llamados bonos, para hacer frente a sus responsabilidades fijas.
Gastos elevados
Hasta mayo pasado, los egresos del gobierno sumaron casi ¢2,6 mil millones y se destinaron principalmente al pago de intereses y compromisos fijos como salarios del sector público.
Es justamente allí donde se encuentra la principal preocupación, pues debe cancelar hasta 113 pluses salariales como anualidades, carrera profesional y otros que pueden duplicar el sueldo devengado por un funcionario.
Y lo peor es que solo el 5% de ese dinero se puede reducir, es decir, el gasto se ha convertido en una bola de nieve sin freno.
Si el ritmo sigue así, para este año la deuda superará los $30 millones, convirtiéndose así en la mitad de la producción.
¿Cuándo empezó el problema del déficit fiscal en Costa Rica?
Desde 1980, las finanzas públicas han presentado déficit, de hecho, en ese periodo sólo en 2006 y 2008 hubo superávit (más ingresos que gastos), esto pone al país en una situación compleja, pues no tiene muchos antecedentes a su favor.
Posteriormente, se mantuvo entre el 2% y el 4% de la producción nacional, hasta 2002, cuando empezó el aumento indetenible que padecemos en la actualidad, principalmente porque los intereses de los créditos viejos ya empezaban a sofocar al gobierno.
Algunas reformas fiscales transitorias, aranceles e impuestos sobre las ventas fueron otros de los principales responsables de ese panorama.
Incluso, esa responsabilidad de pago desplazó una parte del gasto social que era prioridad para el país.
Quizás el escenario que más se asemeja al actual es el que se enfrentó durante 1980, bajo la administración de Rodrigo Carazo Odio.
En una nota previa publicada por LA REPÚBLICA, se explica que en aquel año, al igual que hoy, el Estado gastaba más de lo que recaudaba y el consumo interno era mayor que la capacidad exportadora.
En cuanto a la situación externa, el país afrontaba por un lado la crisis del petróleo que afectó a todo el planeta, sumada a una reducción de los precios de las exportaciones.
El PIB se retrajo un 10% en dos años, el desempleo aumentó un 50% y el tipo de cambio explotó, pasando de ¢8 a ¢65.
En 1982 hubo elecciones presidenciales y llegó Luis Alberto Monge junto con un plan de salvación conocido como el Programa de Ajuste Estructural (PAE).
En ese contexto, se aprobó la ley de equilibrio fiscal, se congelaron plazas y salarios, con el fin de bajar los gastos.
Por otro lado, se reestructuraron los ministerios de Educación y de Salud, la Caja de Seguro Social y otros organismos autónomos. La idea era controlar los salarios públicos.
Del lado de los ingresos se incrementaron las tarifas de los servicios públicos y se realizó una reforma tributaria para gravar la riqueza y el consumo, pero menos la producción y el comercio exterior.
Con estas medidas, sumadas a la reestructuración de la deuda y medidas de apertura de la economía se salió del problema, al menos temporalmente, pese a que el gasto siguió siendo mayor a los ingresos.
Hoy, ese fantasma vuelve a asomarse a la realidad costarricense, pero los márgenes para actuar son más reducidos.
¿Cómo se puede solucionar el peor déficit fiscal de la historia nacional?
Un problema de este tipo requiere acciones prácticas y urgentes, que en algunos casos podrían no agradar a todos.
Volvamos una vez más al caso de la familia endeudada y supongamos que sus miembros se proponen reducir los gastos del hogar quitándose algunos privilegios.
Además, consiguen nuevos medios para obtener ingresos.
En un tiempo prudencial, esa medida de reducir costos y ganar más dinero, reduciría poco a poco la deuda y les daría un respiro a las finanzas de ese hogar.
En el caso del gobierno, el principio es el mismo pero el proceso no es tan sencillo.
María del Rocío Aguilar, ministra de Hacienda propone cargas tributarias a servicios que hoy no los tienen.
Ya vimos que la mayor parte de los ingresos del gobierno proviene de los impuestos, de ahí que una de las principales propuestas que tiene el plan antidéficit presentado por Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, consiste en ponerles carga tributaria a servicios que hoy no los tienen.
Así por ejemplo, cosas cotidianas como los viajes en Uber, los libros o hasta utilizar Netflix le saldría un 13% más caro porque el gobierno busca obtener ingresos a como dé lugar.
Esto ocurriría si se aprueba el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para sustituirlo por el de Venta, siempre manteniendo la tarifa del 13%.
Asimismo, el gobierno planteó más de 10 propuestas para cortar de raíz con beneficios “excesivos” que tienen los trabajadores del sector público, lo cual obviamente provocó la molestia de los sindicatos.
Poner un tope a los salarios y pensiones de lujo; las anualidades y la cesantía, son parte de esas medidas que hasta cierto punto han sido impopulares.
No hay que dejar de lado que gravar con un 2% los alimentos de la canasta básica golpearía el bolsillo de los ticos, pero le generará más dinero a Hacienda y por ende se destinaría al pago de la deuda.
Si esto sale como las autoridades lo esperan, bajaría en un 1,7% el déficit en los próximos años.
Siempre en el abanico de propuestas para reducir los egresos está que el presupuesto nacional para 2019 no crezca, salvo para pagar deuda, pensiones y gastos corrientes.
Por último, una medida importante es que Hacienda irá tras los evasores de impuestos o aquellos que han declarado cero utilidades en los últimos periodos, esto incluye personas físicas y empresas.
Enviar a cobro judicial a 800 mil contribuyentes, cobrar sumas pagadas a personas fallecidas, realizar más de mil operativos para frenar el contrabando, ampliar la utilización de la factura electrónica e implementar el registro de accionistas son algunas de las acciones anunciadas por el gobierno para declarar la guerra a los evasores.
La proyección del gobierno es recaudar unos ¢50 mil millones al cierre del año.
Queda pendiente también un paso muy importante en el cronograma del gobierno: que los diputados aprueben el proyecto 20850, conocido como Fortalecimiento de la Finanzas Públicas.
Con esta arma, se dispondrá de más recursos para atacar el problema, esta vez desde la raíz y no proponer medidas que solo “patean la bola” y nos comprometen nuestro futuro; convencer a los diputados de oposición es el principal reto, pues no avalan ese paquete de impuestos.Este es el panorama financiero que enfrenta Carlos Alvarado con el país, si bien se han dado señales que auguran un panorama esperanzador, falta el último paso y el compromiso de todos los involucrados para resolverlo.
Quizás una buena táctica sería echar un vistazo a lo ocurrido en la década de 1980 y desempolvar algunas recetas que dieron resultado en aquella época.
BIOGRAFÍARocío Aguilar | |
---|---|
Cargo
|
Ministra de Hacienda
|
Variable | Variación 2018 |
---|---|
PIB real
|
3,6
|
Demanda interna
|
3,4
|
Exportaciones
|
4,9
|
Importaciones
|
4,2
|
Liquidez total
|
9,7
|
Riqueza financiera
|
12,4
|
Crédito al sector privado
|
6,9
|
Inflación
|
2,6
|
Deuda
|
53,6
|
*(Cifras de cada indicador/variable en porcentaje)
Datos a junio de 2018 |
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