A la contralora general de la República, Marta Acosta, no le faltan frentes de batalla. Ya tiene su pugna legal con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), conflicto de algún sector de Gobierno y también diferencias con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el vacío para ejecutar sanciones temporales sobre funcionarios municipales de elección popular.
Acosta asegura que no lo hace en balde. Dice que es su deber hacer que las sanciones se ejecuten y evitar que la impunidad se rebalse en el sector municipal, que de por sí es débil y expuesto a peligros mayores. Por ejemplo, el crimen organizado, dice Acosta, tal como lo ha advertido el TSE.
Así habla la contralora a tres meses de las elecciones municipales, que permitirán colocar a 6069 cargos en los gobiernos locales del país.
¿Qué consecuencias cree puede tener la falta de sanciones sobre el sector municipal?
No habrá ningún resultado si las sanciones se quedan en el limbo y si nadie las ejecuta, pero, más allá del costo para la Contraloría, es el tema de la impunidad que se está generando.
Lo que usted dice es que el TSE alcahuetea la impunidad.
Mire, yo he tratado de comprender la posición del Tribunal y no he podido. Ellos argumentan que no hay una norma jurídica expresa que ellos pueden aplicar esas otras sanciones, pero para nosotros es claro que quien puede lo más, puede lo menos: si pueden retirar credenciales, pueden suspenderlas también. Esa actitud del Tribunal favorece esa impunidad y, con esto, debilitamos la lucha contra la corrupción, lo cual me parece gravísimo.
Justo ahora cuando el tema municipal cobra importancia.
Esto no es de oportunidad por la campaña. Son casos de hasta el 2009. Es que esto coincide con la presa de procedimientos administrativos. Ahora estamos sacando esa presa y, dentro de ella, hay sanciones a funcionarios municipales. Como no se ejecutan, es mi labor intentar resolverlo, sea por vía de juicios o que el Tribunal cambie de posición.
¿No ha dialogado sobre esto con los magistrados?
Ya en el pasado se han dado esas conversaciones. Notas han ido y venido y no ha habido una reacción positiva del Tribunal frente a la tesis nuestra.
¿Dónde está puesta entonces la esperanza?
La Sala I ha dicho que los tribunales contenciosos sí tiene competencia, como en el caso en que ordenó al TSE ejecutar la sanción. El TSE sí acepta la validez de otro proceso contencioso. Me confundo cuando dicen que no reconocen lo que diga otro tribunal en materia electoral.
Imagínese como un elector va ir a votar sin saber si el alcalde tiene una sanción pendiente y quiere reelegirse...
Tenemos que adaptarnos a los entornos y mejorar las maneras de interpretar la realidad y las necesidades sociales. Vea qué delicado: hay personas para reelegirse con sanciones pendientes que no son de conocimiento de los electores y, bueno, la gente va a ciegas. Eso no es transparente.
¿Cuánto afecta esto al sector municipal?
Nos preocupa un sector que ya es débil en el manejo de finanzas, en contratación, control, desviación de fondos, nombramientos, etcétera. Hay niveles altos de morosidad, casos de gestión lamentables, con tasas desactualizadas y cantones con servicios no sostenibles. Algunos no actualizan tasas porque eso tiene implicaciones políticas. Hay tantas cosas que ocurren en las remuneraciones sin sustento. Todo esto genera debilidades grandes; muchos gobiernos locales no están a la altura de las necesidades ciudadanas, aunque sí hay algunas municipalidades que trabajan bien.
¿Hay politización?
Hay un problema político partidario que no los deja avanzar, pero también hay un tema que se da en algunos casos y es que el personal no es idóneo, sobre todo en las rurales. Hay gente con buena intención, honesta y trabajadora, pero no conocen de contratación o presupuesto. No todo es corrupción, pero tampoco todos tienen el conocimiento necesario. Eso debería verlo la gente ahora que vienen las elecciones.
¿Diría usted que es corrupto el sector municipal?
Uno no puede generalizar, pero sí hay casos importantes, sobre todo en territorios costeros...
¿Por qué costeros?, ¿qué tiene que ver costas y corrupción?
Hay temas de permisos que hemos visto. Hay un tema que nos preocupa mucho, el de eventuales infiltraciones del narcotráfico. Es muy delicado y uno no puede señalar muy fácil, pero hay casos para ver con cuidado, con el otorgamiento de algunas concesiones o permisos.
¿Y qué hacen ustedes?
Mucho pasa por los controles y el apego a la legalidad. No podemos ir más allá acá en la Contraloría, pero podemos detectar irregularidades y denunciarlas, aunque no todo se logra sancionar. Hasta ahí podemos llegar.
¿Y la gente qué debe hacer?
Deben fijarse bien por quién votar. Se necesita gente capaz y también honesta, con una hoja de vida limpia. Sobre las sanciones, es muy difícil que la ciudadanía se informe. Es un punto ciego para la mayoría de los ciudadanos en cada municipio.
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