San José, 26 Oct (ElPaís.cr) – El Jefe de fracción de la bancada del Frente Amplio (FA), Gerardo Vargas y el diputado Edgardo Araya discutieron ante el plenario legislativo los posibles riesgos de aprobar un
El Congreso inició este lunes el análisis del expediente 17. 246, Ley de aprobación del acuerdo entre ambos países para promoción y protección de inversiones.
Los frenteamplistas se mostraron molestos, debido a que este acuerdo lo perciben como una “jugada política” entre las demás fracciones legislativas, ya que se puso a votación una moción para posponer todos los proyectos y conocer dos expedientes, entre ellos la iniciativa de Mypimes y el tratado bilateral en cuestión, el cual no conocían ni se los consultaron.
Vargas, explicó que un tratado como el que está en discusión requiere un análisis profundo ya que según dice, partiendo de las experiencias de litigios internacionales que normalmente son perjudiciales para los Gobiernos el país no debería arriesgarse a una situación similar.
“Los arbitrajes internacionales son en esencia un negocio multinacional de cientos de miles de dólares para empresas de abogados internacionales que lucran con ésta figura legal que esta fuera de los tribunales de los países firmantes de los tratados de inversión” señalo el Jefe de Fracción del Frente Amplio.
Por su parte, el diputado Edgardo Araya Sibaja, alertó que el texto sometido a discusión contiene graves vacíos jurídicos para defender los recursos naturales, principalmente el agua.
“Considero que es inaceptable la actitud de los y las diputadas del PAC que con tanto fervor criticaron otros tratados comerciales, mantengan hoy, una actitud de pasividad ante éste tratado que contiene serios peligros para la soberanía jurídica, para las finanzas del Estado y para el agua de nuestro país”, comentó Araya Sibaja.
El FA pide consultar algunos artículos inmersos en el acuerdo a la Corte Suprema de Justicia para determinar que éstos realmente no violenten el ordenamiento jurídico nacional, especialmente el 8 y 9, que eventualmente podrían obligar al Estado costarricense a recurrir a un arbitraje internacional renunciando a su soberanía jurídica.
Araya Sibaja recordó ante el congreso que del año 2007 al 2015, el último arbitraje internacional le ha costado al país 13.600 millones de colones.
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