Lic. Fernando Berrocal Soto - Me informan fuentes bien autorizadas que, mediante un presupuesto extraordinario del Ministerio de Seguridad Pública, en el orden de los 3.800 millones de colones o sean US$7.6 millones, se ha procedido a la compra de dos helicópteros MD 600 que, como cualquier persona bien informada sabe, son aparatos de lujo y no responden a los requerimientos y necesidades de la función policial y de la Comisión Nacional de Emergencias. Mi primera pregunta es: ¿Por qué dos helicópteros de lujo? Mi segunda pregunta es: ¿Por qué a un costo de US $7.6 millones? Mi tercera pregunta es: ¿Por qué la compra no se hizo de gobierno a gobierno, sino por medio de intermediarios privados?

Señor

Lic. Mario Zamora

Ministro de Seguridad Pública

Presente.

Estimado Señor Ministro:

Usted sabe bien el aprecio personal que le tengo. Conozco su integridad y honradez y nada de lo que a continuación le expongo, tiene que ver con esa dimensión ética de la función pública. 

Me informan fuentes bien autorizadas que, mediante un presupuesto extraordinario del Ministerio de Seguridad Pública, en el orden de los 3.800 millones de colones o sean US$7.6 millones, se ha procedido a la compra de dos helicópteros MD 600 que, como cualquier persona  bien informada sabe, son aparatos de lujo y no responden a los requerimientos y necesidades de la función policial y de  la Comisión Nacional de Emergencias.

Mi primera pregunta es: ¿Por qué dos helicópteros de lujo?

Mi segunda pregunta es: ¿Por qué a un costo de US $7.6 millones?

Mi tercera pregunta es: ¿Por qué la compra no se hizo de gobierno a gobierno, sino por medio de intermediarios privados?

De ser cierta la información, debo señalarle, con el mayor de los respetos, que este es un error sin precedentes para la Fuerza Pública y para el país.

En primer lugar, porque el país necesita, con urgencia, helicópteros de utilidad general y trabajo policial y no dos helicópteros MD 600 de lujo que, más parece una compra para la Casa Presidencial y otras necesidades del Consejo de Gobierno y sus Ministros,  que para llenar la necesidades  del Ministerio de Seguridad Pública y de la Comisión Nacional de Emergencias.

En segundo lugar, porque US$7.6 millones es una suma astronómica de recursos y, con los mismos fondos, se pudieron haber comprado por lo menos  5 o 6 helicópteros de trabajo policial, del tipo Bell-212 o Bell-412.  Mejor aún, se pudo haber negociado un número mayor de helicópteros, quizás hasta 7 u 8, por la vía de gobierno a gobierno y no por medio de intermediarios privados, con los Estados Unidos, con México e incluso con Francia y la Comunidad Europea, que financia la compra de helicópteros Eurocopter AS-350, diseñados para funciones policiales.

México, por ejemplo, en los últimos dos años ha cambiado su flota de helicópteros y bien podríamos haber negociados, con recursos propios o con fondos de la Iniciativa Mérida, triangulando con el gobierno de los Estados Unidos, la adquisición en ese país de helicópteros de poco uso y en buen estado, propios y especiales para  la lucha contra el narcotráfico y para la función policial, incluyendo los que necesita la Comisión de Emergencias para transporte de mayor número de personas en situaciones de calamidad nacional y que son más propios de una actividad cívico-policial.

 El otro punto es que, de ser cierta la noticia y haberse producido una negociación privada, alguien se ganó una comisión y obtuvo una utilidad. ¿No se podría haber evitado esa intermediación, recurriendo a los excelentes contactos y relaciones que nuestro país mantiene con el gobierno de los Estados Unidos y de México o con Francia y la Comunidad Europea? ¿Por qué comprar dos helicópteros de lujo, por medio de intermediarios privados, sin una negociación de gobierno a gobierno o, por lo menos, por medio de una licitación pública y abierta a las mejores ofertas del mercado?

Si la razón era urgencia y necesidad, en lo que estoy de acuerdo, esos criterios se debieron haber aplicado a helicópteros de utilidad general y de función policial, pero jamás a dos helicópteros de lujo, con limitaciones enormes de tipo operativo que, principalmente,  están diseñados para volar de aeropuerto a  aeropuerto, en condiciones de tiempo  muy seguras, con lo que queda eliminada la posibilidad de ser utilizados, por la Comisión Nacional de Emergencias, en situaciones de inundaciones y calamidad nacional.

A este país  le urgen ocho helicópteros de uso policial y para emergencias:

-2  para operar en el Gran Área Metropolita, el Valle Central y el Pacífico Central.

-2  para  operar en Guanacaste,  el Pacífico Norte y  la frontera de Peñas Blancas.

-1  para operar en la Zona de la Frontera Norte, en Upala, los Chiles y San Carlos, hasta la Isla Calero.

-1  para operar en el Caribe y en la zona de Tortuguero y Sixaola.

-2 para operar en la Zona de Golfito, Paso Canoas,  Golfo Dulce, Península de Osa, Punta Burica y el Pacífico Sur.

 ¿Cómo, entonces, el Gobierno de la República destina esos fondos del presupuesto nacional a la compra de dos helicópteros de lujo y no se atiende, con esos mismos recursos, las necesidades  reales y urgentes de nuestra Fuerza Pública, la PCD y  la Sección Aérea? ¿Cómo,  en lugar de asumir en serio la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en el país o la atención de emergencias y calamidades nacionales, se hace una compra que más pareciera destinada a otros fines y al turismo político de los gobernantes?

De conformarse esta información, Señor Ministro, no puedo menos que lamentarla y dejar sentado, ante Usted y el Gobierno de la República, mi más enérgica protesta. El Ministerio de Seguridad no necesita dos helicópteros de lujo. El país lo que necesita son helicópteros de utilidad general, propios para la acción policial y la lucha contra el narcotráfico, la criminalidad organizada, la delincuencia y que, a la vez, sean útiles en situaciones de emergencia y calamidad nacional.  Primero está Costa Rica.

Atentamente,

Lic. Fernando Berrocal Soto

  

Ref. 109-2012