A través de un comentario en la página de crhoy.com y a raíz de una serie de publicaciones realizadas por este medio en las que se expone el proceso de nombramiento de Rivera y Wedel en el CETAC y el MOPT así como la contratación de Wedel como asesora legal de CACISA (que es la supervisora de diversas obras para el MOPT–CONAVI entre ellas la Trocha Fronteriza, Rivera aseguró que no existe “conflicto de intereses”, argumentando además que: -“El caso de Dora Wedel es lo mismo en menor medida que el de don Pedro Castro, quien ha trabajado con CACISA, y era antes de asumir (la cartera del MOPT) consultor de las constructoras Sánchez Carvajal y Hernán Solís y de Constructora OAS Ltda; su libertad y ausencia de conflicto de intereses viene de que él como Dora Wedel no es socio ni apoderado ni miembro de Junta Directiva de esas empresas”, señaló Rivera.
El viceministro insistió en que en el caso “de empresas que contratan con la Administración, el conflicto de intereses posible se da cuando el funcionario es dueño, apoderado o miembro de Junta de una persona jurídica que pretende contratar con la Administración. La prohibición no se puede trasladar a los empleados o proveedores de servicios porque no son dueños ni apoderados. Lo contrario es atentar contra la libertad de trabajo”.
Sin embargo, para el Ministro Pedro Castro los casos no son tan similares como Rivera asegura. Castro aseveró que no se puede hacer una comparación puesto que cuando él realizó los trabajos para las empresas mencionadas por Rivera, “fue en el ejercicio libre de mi profesión” (…) y lo que la Ley indica es que no puede existir ningún tipo de parentesco entre las personas que trabajan para una determinada empresa con algún jerarca o funcionario de la institución que contrata a la empresa”.
“No, realmente no hay comparación, cuando yo realicé el trabajo como consultor fue de una manera muy puntual, yo no tenía ningún tipo de restricción y estaba en el ejercicio liberal. Lo que la Ley contempla es que una empresa que involucre a una persona que tenga algún ligamen hasta cierto grado de parentesco con un jerarca si tendrá problema, por lo que si existe una diferencia importante”, agregó Castro.
Con base en lo que específica la misma Ley, Castro, indicó que él desconoce el trasfondo de la relación entre el matrimonio Rivera-Wedel, la empresa CACISA, CETAC y MOPT, al menos desde el punto de vista legal. Pero, señaló que desde el punto de vista de la empresa (CACISA) que la presenta a ella (Dora Wedel) como parte de la misma, “considero que sí habría algún tipo de impedimento”.
Por su parte Rivera, escribió en nuestra página que “a Dora Wedel la nombraron la Presidenta y el Ministro de entonces, escogida de una nómina de personas conocedoras del tema jurídico administrativo relacionacionado con el CETAC, por sus veinte años como Directora Jurídica (del MOPT) y otros tantos en la práctica privada. Yo no participé en su nombramiento y ella en su condición de directora está ubicada en el CETAC que está fuera de mi competencia. En esto no hay conflicto posible porque estamos del mismo lado”.
El ministro Castro dijo que los abogados del MOPT serán los encargados de resolver al respecto y definir si existe o no conflicto de intereses.
“Ya conversé con la directora jurídica del CETAC y le pedí que se manifieste en dos o tres días máximo y especifique si existe algún tipo de conflicto con que doña Dorita forme parte de la Junta, ya que es un tema legal y yo no soy abogado. Primariamente me indicaron que CACISA no fue contratada de forma directa sino que aparentemente ha sido través de una especie de subcontrato dentro de una obra de una constructora”, dijo Castro.
Además de solicitar esa información, Castro aseguró que pidió -de forma paralela a Concesiones y CONAVI- la información para determinar si existe alguna complicación en los contratos otorgados a CACISA y dijo que esta misma semana (a más tardar jueves o viernes) tendrá un criterio.
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