Además, las organizaciones sindicales explicaron que rechazan la represión laboral que viene ejerciendo el Ministerio de Educación Pública en contra de los trabajadores de la educación.
Anunciaron que los afiliados del centro de Heredia, Cartago, Alajuela y San José participarán, a las 10 a.m., en una concentración frente a la Casa Presidencial. Simultáneamente, se realizarán manifestaciones en el resto de las regiones del país.
Se trata de la primera de una serie de medidas de presión, que podrían culminar en una huelga indefinida, en una fecha que se establecerá oportunamente, anunció Beatriz Ferreto, Presidente de la APSE.
Estas organizaciones rechazaron el diagnóstico Estado de Situación en Materia de Salarios y Remuneraciones del Sector Público, el anteproyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público, así como la propuesta de la metodología para su aplicación, la cual fue entregada a los representantes sindicales ante la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, el jueves 11 de octubre.
La APSE, el SEC, el Magisterio en Acción y la CGT no se sentarán a negociar con el Gobierno la pérdida de derechos y exigen se discuta una política de salarios que busque hacer justicia con los trabajadores de menos ingresos, afirmaron en un comunicado.
Gilberth Díaz Vásquez, Presidente del SEC, afirmó que “el Gobierno ha emprendido una guerra en contra la clase asalariada, y pretende liquidar las conquistas, derechos y libertades que con esfuerzo hemos logrado los trabajadores”.
“Acudiremos a las instancias necesarias para que se respete el derecho de los trabajadores a asistir a las actividades de sus organizaciones, sin limitaciones ni injerencias de ningún tipo”, anunció Vásquez.
Por su parte, Beatriz Ferreto manifestó que ninguna de las organizaciones que participarán en la protesta del próximo martes, avaló el acuerdo suscrito entre el ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier Rímolo, y la Asociación Nacional de Educadores sobre la obligatoriedad de presentar un comprobante de asistencia a los congresos.
“El hostigamiento laboral contra los afiliados y las afiliadas de las organizaciones, así como el anteproyecto que suprime los incentivos salariales, forman parte de una política economicista del Gobierno, desplegada en diferentes facetas”, añadió.
Añadió que “se está condicionando el otorgamiento de incentivos al desempeño para que los trabajadores pierdan puntos y, por consiguiente, ganen menos”.
Con la metodología propuesta por el Gobierno quedó clara su pretensión de cercenar los derechos adquiridos de los actuales y futuros trabajadores, ya que, expresamente, señala que las anualidades, la dedicación exclusiva y la disponibilidad no son derechos adquiridos, sino expectativas de derecho, y, por lo tanto, podrían perderlas.
Por otra parte, Ferreto anunció que el Directorio Nacional de la APSE aprobó incorporar otros ejes de esta lucha que apenas inicia: Rechazo al hostigamiento laboral del Gobierno y del MEP; Respeto al derecho reunirse y organizarse; Respeto al acuerdo de aprobación de la reforma del artículo 70 de la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional, que reduce las cotizaciones de pensionados y activos del Régimen Transitorio de Reparto; Contra la gran evasión fiscal y la corrupción, y Respeto a la dignidad como trabajadores.
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