Estimados (as) periodistas:
Diputados de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario (ML) y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), recomiendan al Plenario Legislativo improbar la liquidación del Presupuesto Ordinario y Extraordinarios para el ejercicio económico del 2011.
Los legisladores Manrique Oviedo (PAC), Walter Céspedes (PUSC), Patricia Pérez (ML) y Martín Monestel (PAC), suscriben el Dictamen Negativo de Mayoría presentado en la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos (28-8-2012), en cumplimiento de lo establecido en los artículos 89 y 194 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, así como del artículo 181 de la Constitución Política.
Contacto: Manrique Oviedo Guzmán (Cel. 8864-8554)
Síntesis del Informe:
1. La Contraloría no avala el Informe de Resultados Físicos de los programas ejecutados que emite la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda por cuanto no cumple con requerimientos de evaluación establecidos por la Ley de Administración Financiera en su artículo 52.
A pesar de haberse señalado reiteradamente estas deficiencias, para el período 2011 Hacienda no ha sido capaz de concretar una solución que permita medir “el costo de unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos.”
El informe de MIDEPLAN se avala “parcialmente” dado que, a pesar de contener datos sobre el avance y logro de metas, no se informa de los recursos invertidos para la ejecución de cada meta, incurriendo también en incumplimiento del artículo antes citado.
En consecuencia, no se tiene garantía de que los recursos públicos se están utilizando en forma eficiente y que la ciudadanía esté recibiendo servicios efectivos y de calidad.
2. La formulación de objetivos, metas e indicadores de resultados agravan los problemas señalados.
Desde períodos anteriores, se ha señalado que existe una seria debilidad desde el inicio del proceso de presupuesto al incorporar objetivos y metas con muchas inconsistencias que al final de período resultan de poca o ninguna utilidad para evaluar el uso de los recursos.
En este mismo sentido, se han encontrado una serie de deficiencias en los recursos del presupuesto que se transfieren para ser ejecutados por otras entidades en las cuales se generan grandes contradicciones en sus objetivos que llevan a dudar de que los recursos se utilicen con eficiencia.
3. En general, los informes guardan algunas formalidades sobre lacantidad de recursos que se ejecutan, sin embargo las debilidades que hemos observado apuntan a una grave desatención de la “calidad” de los servicios que está recibiendo la población.
En tanto no se le retribuya a la población cantidad y calidad en los servicios y que estos respondan efectivamente a sus necesidades, no es posible darle el visto bueno a la forma en que se están utilizando los fondos públicos.
Un ejemplo muy representativo se observa en el documento de liquidación del presupuesto del CONAVI al cual se le transfieren muchos miles de millones del presupuesto nacional.
El programa presupuestario 01 “Administración Superior” consignó lo siguiente:
Meta: “Ejecutar el 95% del presupuesto en el período correspondiente”
Indicador: “porcentaje de ejecución presupuestaria del período”
ARTÍCULO 52.- Envío de informes a la Contraloría General de la República
(…)
Tanto el informe de resultados físicos de los programas como el informe sobre el cumplimiento de las acciones estratégicas que elaborarán el Ministerio de Hacienda y el de Planificación Nacional y Política Económica respectivamente, incluirán los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. De conformidad con las disposiciones constitucionales, la Contraloría deberá remitir estos informes y su dictamen a la Asamblea Legislativa.
4. Liquidación de la denominada “Trocha Fronteriza 1856”
Como han aceptado las diferentes personas que han comparecido ante la Comisión de Ingreso y Control de Gasto el inicio de las obras de acceso al Río Colorado y demás puestos fronterizos y policiales se iniciaron sin existir ningún decreto de emergencia, se hicieron en rutas que no eran nacionales, no existía el presupuesto asignado para ese fin, ni se hicieron las modificaciones presupuestarias requeridas.
Se comenzó a ejecutar obra amparados en el mecanismo ordinario de contratación directa utilizando el Decreto Ejecutivo 35765-MOPT, publicado en la Gaceta Nº 40 del 26 de febrero del 2009; sin embargo obviaron una serie de requisitos que los principios de la Ley de Contratación Administrativa disponen y que no podían ser obviados.
El documento de ejecución del presupuesto de CONAVI para este período muestra que se ya se habían efectuado pagos significativos a algunas empresas:
“En el segundo trimestre se invirtieron ¢8.082,7 millones. Los principales proyectos en los que se invirtió en el segundo trimestre fueron los siguientes:
Es importante considerar que seis de los proyectos contenidos en los cuadros anteriores y sus correspondientes erogaciones, se sustentan en el Decreto de Emergencia No. 36440-MP.
Resulta improcedente que tales erogaciones se puedan sustentar en el referido decreto en tanto el mismo entró en vigencia el 21 de febrero y según declaraciones de funcionarios de CONAVI ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, los trabajos se habían iniciado en diciembre del 2010.
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