Últimos acontecimientos en Ecuador son duramente criticados por múltiples organizaciones internacionales.

A raíz de los recientes ataques contra la libertad de prensa y libertad de expresión en Ecuador, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha sido extensamente criticado en los últimos días por varios gremios periodísticos y organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa y de expresión, informó el diario La Hora.

La organización internacional de escritores PEN Internacional declaró “su profunda preocupación por el estado de la libertad de expresión en Ecuador” señalando que los últimos acontecimientos en el país son “alarmantes” y van contra los derechos humanos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó la condena a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, coautores del libro “El gran hermano”, como un “fallo judicial” que es “desproporcional” y es un “duro golpe para el periodismo investigativo y fiscalizador”.

Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), dijo que “el Presidente Rafael Correa tiene un extenso registro de utilizar las leyes de difamación para silenciar a periodistas críticos, y esta práctica debe llegar a su fin”.

 Por otro lado, varios periódicos de diferentes países también expresaron su preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Ecuador, explicó el canal de televisión Ecuavisa. Entre los más críticos se encuentran el diario O Globo de Brasil, que publicó un editorial titulado “Correa masacra la libertad de expresión”, y el diario El Tiempo de Colombia que publicó un editorial llamando al presidente ecuatoriano “el Atila de la prensa”.

 Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) criticó los últimos acontecimientos en Ecuador diciendo que la condena a los periodistas es “políticamente arbitraria e inoportuna”. Asimismo, la ley que impide la cobertura periodística durante los periodos electorales “no hace sino reforzar la deplorable impresión de que el ejecutivo busca limitar la circulación de información y de opinión”, añadió la organización.

 Por Liliana Honorato

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