EDITORIAL
Linchamiento electrónico
La imagen de una exfuncionaria, aparecida en las pantallas de computadora en todo el país, es la de la víctima y no la del victimario
El Gobierno deja pasar la oportunidad de defender el derecho a la privacidad y más bien concede importantes efectos a su flagrante violación
El disfrute de la humillación ajena es veneno para el espíritu y, en muchos casos, un ejercicio de suprema hipocresía. Esta semana, el país fue testigo de un linchamiento moral por Internet. Fue un juicio sumario, con participación masiva y conclusiones precipitadas. Al final, la víctima fue ajusticiada, no solo por el Gobierno que la destituyó de su cargo, sino por amplios sectores de la opinión pública, insensibles ante el sufrimiento de un semejante.
Un video íntimo, jamás destinado a la difusión pública, puso al alcance de todos la imagen de una mujer, funcionaria del Poder Ejecutivo, en circunstancias propias de la más reducida esfera privada. La condena, en algunos casos, fue por el contenido del video. En otros, se disfrazó de crítica la torpeza de plantarse ante una cámara en semejantes condiciones.
Los juzgadores no reparan, en ninguno de los dos casos, en que la imagen aparecida en sus pantallas es la de la víctima y no la del victimario. La funcionaria actuó animada por una válida presunción de privacidad. Cuando la mejor doctrina jurídica discierne si en determinado caso hubo violación del derecho a la privacidad, lo hace con arreglo a la existencia o falta de una expectativa razonable de intimidad.
No es lo mismo caminar ligero de ropa por la alcoba hogareña que hacerlo en una terraza abierta. En ambos casos existe la posibilidad de una intrusión, pero en el primero no hay razones para temerla, salvo la comisión de un hecho ilícito. El derecho a la intimidad se extiende a la Internet y quien lo haya violado es un victimario, merecedor del más severo reproche. La prudencia o falta de ella al pasar por alto la previsión de cuanto podría suceder con una grabación íntima, no excluye esa realidad ni puede ser fuente de condena. En el ámbito privado cada cual tiene derecho a decidir su conducta mientras no infrinja la ley.
El día de difusión del video, la prensa también recogió informaciones del conflicto que pudo haber sido su origen. La funcionaria, de acuerdo con las informaciones, fue blanco de una orden judicial dictada para impedirle acercarse a un hombre con el cual tuvo vínculos. La naturaleza de los mensajes intercambiados entre ellos es extraña y hostil.
Los textos se dieron a conocer porque figuran en el expediente de solicitud de las medidas de protección. Algunos de ellos despiertan dudas en relación con la observancia de las fronteras entre lo personal y la influencia derivada de un cargo. “Te vas a quedar sin trabajo en ningún lado”, dice un mensaje atribuido por el demandante a la exfuncionaria.
Las dudas surgidas de esos textos y la denuncia de acoso en sí misma podrían haber fundamentado la destitución. El Gobierno no ha hecho explícitas sus razones y no está claro si la decisión debe ser atribuida al video, al litigio, o a ambos. El acuerdo firmado el lunes por la presidenta Laura Chinchilla no esclarece el punto. El comunicado del Ministerio donde laboraba la funcionaria es ambiguo: “La separación de su puesto se da luego de que en las últimas horas trascendieran informaciones periodísticas y en redes sociales vinculadas a la vida privada (')”.
Según el comunicado, “la separación (') se dará para que ella pueda enfrentar este caso desde el ámbito privado”. Es una redacción extraña, como si la destitución fuera un favor concedido a la funcionaria para mejorar las condiciones de su defensa, descargando de sus hombros los deberes de la función pública. La verdadera explicación no está clara, pero la contenida en el comunicado oficial debe ser descartada. No hay tal favor. Si esa hubiera sido la intención, a la funcionaria se le habría dado la oportunidad de renunciar.
El ministro de Comunicación y el encargado del despacho donde laboraba la funcionaria sí mencionaron el video en declaraciones brindadas a la prensa, con una alusión apenas pasajera sobre el tema judicial.
Al Gobierno le ha faltado claridad. El punto no es ocioso, porque está relacionado con la transparencia y franqueza que tenemos derecho a esperar de las autoridades. Mientras no se esclarezca, será imposible saber si la destitución obedeció a las circunstancias del conflicto judicial o a un juicio moral sobre el contenido del video. Si se tratara de lo segundo, como parece por las declaraciones de los ministros, sería un desacierto.
El Ejecutivo deja pasar la oportunidad de defender el derecho a la privacidad y concede, más bien, importantes efectos a su flagrante violación, con lo cual el vicio adquiere una espuria carta de ciudadanía.
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