domingo, 1 de julio de 2012

Robar una elección es muy difícil en México tras la adopción de reformas políticas, según las autoridades, pero mucha gente cree que todavía se pueden comprar los votos.


Robar una elección es muy difícil en México tras la adopción de reformas políticas, según las autoridades, pero mucha gente cree que todavía se pueden comprar los votos.

    En los últimos días de los comicios presidenciales del domingo, abundaban las denuncias de que los candidatos ofrecían dinero o bienes y violan flagrantemente los límites que hay para los gastos de campaña.

    La mayoría de las denuncias van dirigidas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que según la mayoría de las encuestas recuperará el gobierno luego de ser desalojado del mismo hace 12 años, tras siete décadas de gestión ininterrumpida.

    Un partido acusó a la campaña del candidato del PRI Enrique Peña Nieto de adquirir unas tarjetas conocidas como "monederos electrónicos" por valor del equivalente a 5,2 millones de dólares para regalarlas a los votantes. Son tarjetas expedidas por una de las principales cadenas de supermercados en México, que permitirían hacer compras por un total de 75 dólares cada una en los almacenes de esa empresa.

    Peña Nieto también fue acusado de haber excedido el límite de 330 millones de dólares para los gastos de campaña y de haber comprado cobertura favorable en la red televisiva Televisa.

    Con una ventaja de más de 10 puntos porcentuales en la mayoría de las encuestas, Peña Nieto no siente la necesidad de responder a esas denuncias.

    "Vamos a ganar con su voto, con su participación libre, no coaccionada, no condicionada", afirmó el candidato del PRI la semana pasada en uno de sus actos de cierre de campaña en el estado sureño de Chiapas.

    El Instituto Federal Electoral (IFE), un órgano independiente a cargo de las elecciones nacionales, dice que las tarjetas fueron adquiridas por particulares y que no hay indicios de que se pensase usarlas para comprar votos, pero las autoridades siguen investigando.

    La oficina encargada de delitos electorales de la Procuraduría General de la República dice estar investigando 542 denuncias de compra de votos o de coerción para que voten por cierto candidato desde que comenzó la campaña oficialmente el 30 de marzo.

    Nadie piensa que no hay intentos de compra de votos.

    "El IFE sabe por supuesto que existe", expresó Ricardo Becerra, coordinador de los asesores del instituto. "En un país tan desigual, tan pobre, sin duda hay fuerzas que intentan aprovechar esto".

    Los más de 79 millones de votantes de México elegirán un presidente que servirá por un período único de seis años, así como 500 diputados y 128 senadores. Habrá además elecciones de gobernador en seis de los 31 estados y cientos de contiendas por cargos a nivel estatal y municipal.

    En los comicios presidenciales, se elegirá entre Peña Nieto; Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, de izquierda; Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, que gobernó los últimos 12 años; y Gabriel Quadri, de Nueva Alianza.

    Becerra dijo que el fraude en las urnas es "materialmente imposible" porque el 92% de los 143.151 centros de votación tendrá representantes de los tres principales partidos. Antes de que se abra la votación, los representantes deben firmar las papeletas y cerciorarse de que estén en blanco. Al final de la jornada, se volverán a contar las papeletas y se sellarán en el puesto de votación, lo que impediría su posterior falsificación.

    Habrá unos 700 observadores internacionales, incluido un gran contingente de la Organización de Estados Americanos. No obstante, la cifra es menor a la de 900 observadores que acudieron a los comicios de 1994 y 2000, cuando la incipiente democracia mexicana suscitaba más dudas.

    El PRD, el PAN y el PRI han sido acusados de regalar monederos electrónicos y víveres para captar votos.

    María Dolores Flores Sandoval, de 66 años, recorre calles sin pavimentar de un barrio marginal de Tultitlán, en el estado de México, para tratar de registrar gente que vote por Peña Nieto. Dice que le prometieron pagarle por su trabajo "cuando lleguen" a la presidencia.

    "Trabajo juntando gente para el voto", expresó la mujer, que confió en recibir pronto su dinero, pues pasa hambre.

    César Solaris cobra 7,50 dólares por anteojos que cuestan tres o cuatro veces más, en una oficina de la campaña de Peña Nieto en la Ciudad de México. Describe su tarea como "parte campaña y parte servicio social".

    Un video distribuido por las redes sociales muestra un depósito repleto de comestibles a ser regalados en el estado de Veracruz. El PRD realizó una conferencia de prensa el miércoles pasado en la que mostró 3.000 tarjetas tipo monedero electrónico de la tienda Soriana y dijo que valían 75 dólares y que habían sido distribuidas entre los votantes del Estado de México por el PRI a cambio de la promesa de votar por Peña Nieto el domingo.

    El dirigente del PRI Pedro Joaquín Caldwell negó que su partido estuviese envuelto en ese tipo de actividades y dijo que los rivales de Peña Nieto están tan lejos en las encuestas que denuncian fraudes porque saben que perderán.

    "Es una acusación absolutamente inverosímil", declaró. "El PRI ya abrió todas sus cuentas y le recuerdo que respecto a los informes de precampaña, el único partido que cumplió con todos requisitos fue el PRI".

    Becerra admitió que la tecnología deja espacio para algunos nuevo métodos de compra de votos, pero dijo que duda que puedan inclinar la balanza.

    "Uno podría decir que antes, en la casa de algún cacique se le daba un sobre con cierta cantidad en efectivo, y ahora dan un tarjeta de crédito con un monto preestablecido", comentó. "Pero me parece muy inverosímil que en 1.000 casos, nadie lo denunciara y nadie lo viera".

    Afirmó que, al margen de lo que la persona acepte o prometa, una vez en la cabina, a puertas cerradas, puede votar por quien quiera.

    "En un país tan desigual, tan pobre, sin duda hay fuerzas que intentan aprovechar esto. A un hombre pobre ni modo decirle que no reciban eso. Tómalo, pero vota por quien sea de su preferencia", manifestó Becerra.

    Al menos tres agrupaciones tienen sofisticados portales a los que el ciudadano común puede enviar denuncias, videos o cualquier material que documente irregularidades. Las redes sociales tienen igualmente sitios para hacer denuncias en tiempo real, algo impensable en las últimas elecciones de 2006, en que Twitter estaba dando sus primeros pasos.

    "Hace seis años no teníamos las herramientas que tenemos hoy", manifestó Carlos

    Gershenson, de "Contamos", una organización que vigilará el proceso.

    López Obrador es el principal rival de Peña Nieto, pero está por lo menos a 10 puntos en la mayoría de las encuestas más recientes. El político izquierdista dijo que hubo fraude en las elecciones que le ganó por escaso margen Felipe Calderón hace seis años, pero nunca pudo probarlo. Otra vez ha estado hablando de irregularidades, lo que hace pensar que tal vez no quiera admitir su derrota si pierde y vuelva a llenar las calles de la capital de partidarios, como hizo en 2006.

    El propio López Obrador reconoce que "2012 no es lo mismo que 2006".

    "Han cambiado las condiciones... en 2006 se valieron de que nos faltaba organización, ahora tenemos organización", dijo, en referencia a los representantes de su partido, que estarán presentes casi en todas las urnas.

    El fraude electoral era una tradición durante los 71 años de gobierno del PRI, incluida la entrega en los centros de votación de cajas con papeletas ya marcadas. Uno de los ejemplos más espectaculares de robo de votos se produjo en 1988. Se cree que Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, ganó esos comicios. Estaba adelante en el escrutinio hasta que una "caída del sistema" informático obligó a suspender el recuento. Cuando se corrigió el supuesto problema, Carlos Salinas, del PRI, estaba arriba y terminó ganando.

    Los obsequios son prácticas en las que incurren todos los partidos y muchos de ellos son legales. No están prohibidos por la ley, siempre y cuando los gastos sean reportados.

    Es bien sabido todas las organizaciones políticas llenan estadios grandes con gente llevada en autobuses y a la que le pagaron almuerzos y le dieron otros presentes. Se les conoce como "acarreados".

    En Contamos, los activistas son en su mayoría jóvenes avezados en la internet y contrarios a Peña Nieto. Dicen que el PRI representa el 85,4% de alrededor de un millar de quejas recibidas por el sitio sobre gastos excesivos de campaña o compra de votos.

    Advierten sobre potenciales métodos nuevos para cometer un fraude.

    En uno, los votantes podrían llevar papeletas ya marcadas para depositarlas en la urna. Entregarían la papeleta original en blanco a quien compró su voto, para recibir su pago.

    Becerra descartó esa posibilidad, al considerar que las nuevas papeletas son muy difíciles de falsificar y se les sella al llegar al puesto de votación.

    En otro ardid, los simpatizantes de un candidato solicitarían que una persona les "preste" su credencial de elector, a cambio de un pago en efectivo. Devuelven la identificación después del día de los comicios.

    Esa posible práctica ha sido retratada en anuncios de la oficina sobre delitos electorales durante la campaña de 90 días, para recordar a los televidentes que resulta ilícita.

    Han surgido también reportes de que algunos votantes recibieron ofertas de dinero a cambio de tomar una fotografía mediante su celular dentro del puesto de votación. El objetivo es que retraten su papeleta tras emitir su voto por cierto partido. Al mostrar la foto a quienes lo contrataron, el votante recibiría dinero en efectivo.

    Las autoridades no han encontrado pruebas decisivas de que esta práctica ocurra.

    Uno de los motivos principales de preocupación es que, incluso si un candidato excedió el límite de gastos en su campaña, el único castigo consiste en una multa después de los comicios, no en la anulación de los resultados.

    Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, dijo que, en estas condiciones, un candidato puede gastar 10 veces más de lo permitido, ganar las elecciones y salirse con la suya mediante una simple multa.

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