WALTER RODRIGUEZ CAMPOS DIRECTOR DE LA VOZ DEL PUEBLO
MODELO, SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD
DEL MODELO ELÉCTRICO DE COSTA RICA
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Nuestro país está siendo sometido a un proceso de transformaciones de profundo carácter estructural; transformaciones que se profundizaron con la imposición del TLC con Estados Unidos y que van dirección contraria al bienestar de las grandes mayorías.
Tales transformaciones están inspiradas en las concepciones neoliberales de concentración de la riqueza y de desaparición de todas aquellas entidades que habían venido siendo pilar fundamental de lo que en otro momento conocimos como el Estado Social de Derecho, como el Estado Benefactor, como el Estado Solidario.
En los últimos tiempos, ha estado en el tapete de la discusión de las esferas políticas y económicas que hegemonizan el poder real en nuestra Patria, el tema energético; concretamente, el tema de la electricidad que, hasta la fecha, ha estado principalmente en manos, del ICE.
A lo largo de los últimos años son incontables las iniciativas de proyectos de ley que de una u otra manera buscan transformar, radicalmente hablando, la concepción de la prestación del servicio eléctrico a la población nacional; para quitarle su histórica y tradicional concepción de servicio público solidario, convirtiéndolo en mera mercancía, con fines de lucro y para acrecentar los capitales privados que ya se han introducido en este estratégico aspecto de la vida nacional.
Así ocurrió, por ejemplo, con la ley 7200 que autorizó la cogeneración eléctrica privada que por muchísimo tiempo sangró las finanzas del ICE, llegándose a un escandaloso punto en que produciendo apenas el 12 % de la generación eléctrica nacional, se llevaban para sus arcas privadas casi el 30 % del presupuesto del sector eléctrico del ICE. ¡Negocio redondísimo!
Ahora estamos de cara a una nueva ofensiva del capital para incrementar el negocio con el suministro de energía eléctrica. La Administración Arias Sánchez primero, y la actual, junto con las cámaras empresariales y algunos medios de comunicación ya conocidos, han estado fomentando nuevas iniciativas de ley para ampliar la inserción del capital privado en la generación eléctrica.
Solamente que, ante lo que resultó ser un escandaloso negocio al amparo de la ley 7200, bastante cuestionado legal, moral y éticamente; ahora emplean el chantaje del miedo, alegando que el ICE es “incapaz” de ofrecer toda la energía necesaria que el país ocupa en el corto, mediano y largo plazo; y, por ende, hay que abrirle el campo al sector privado, prácticamente sin restricciones de ningún tipo. Se ha llegado al colmo de pretender alarmar a la ciudadanía con supuestos apagones que “ya tenemos encima”, sino se aprueba el actual proyecto de ley de electricidad.
Por el contrario, algunas fuerzas parlamentarias para las cuales la promoción del bien común sigue siendo un valor democrático, están promoviendo otra iniciativa de ley dentro de la cual el ICE quedaría “armado” para realizar una nueva fase de su exitosa carrera en el ámbito del suministro de electricidad a la población, de tal suerte que tuviera las herramientas suficientes para implementar la planificación de construcción de sus nuevos proyectos para la provisión de la demanda eléctrica por venir.
Sin embargo, es tal la glotonería de ese capital eléctrico que la mencionada iniciativa de ley fue rechazada ad portas, sin siquiera permitir un debate mesurado e integral de una legislación que tendrá un poderoso impacto en el futuro del país.
Por suerte, la destrucción del exitosísimo modelo de suministro de energía eléctrica que nos brinda el ICE, no se ha consumado, gracias a la resistencia diversa que se ha venido ejerciendo en el mismo parlamento y fuera de él, a través de argumentaciones sumamente sustentadas, técnica y científicamente, de que el ICE, si se lo permiten y si le dejan de poner trabas y zancadillas, puede seguir produciendo la demanda futura de electricidad nacional.
Esa labor patriótica y cívica de impedir la transformación del modelo eléctrico nacional en una cuestión de mera mercancía para el lucro privado, requiere del apoyo de la gente, del pueblo, en estos momentos donde se nota un incremento en la presión para desmantelar el papel del ICE en dicho modelo.
Con mucha alegría y esperanza nos hemos enterado de que las organizaciones sindicales y gremiales del ICE, agrupadas unitariamente en el ya histórico FIT-ICE, están decididas a manifestarse en defensa de este patrimonio público que es el modelo eléctrico a cargo del ICE; y que harán explícita su defensa del mismo con una primera acción de calle en el mes de la Patria, setiembre, ya encima.
Como vemos, está en puertas una acción ejemplarizante en el marco de lo que denominamos Sindicalismo Ciudadano, pues los gremios del ICE levantan esta bandera del servicio eléctrico con sentido patriótico y nacionalista, a favor de toda la población. En este contexto, todas las organizaciones sindicales y sociales debemos sumarnos a tal esfuerzo
Además, haciendo gala de su actitud responsable para con estas causas, el FIT-ICE tiene ya en preparación una propuesta alternativa sobre el tema de las necesidades eléctricas futuras del país, fomentando una discusión nacional sobre el futuro eléctrico de Costa Rica.
Tres parecen ser elementos fuertes a considerar al respecto. Primero, que la electricidad no puede ser reducida a una mera mercancía para propósitos de lucro privado; segundo, que debemos, como país, ser responsables en el manejo, preservación y utilización de las fuentes de energía renovables; y tercero, que el Estado debe seguir dando este servicio con fines sociales y de manera exitosa como lo ha hecho hasta el día de hoy, a través del Costarricense de Electricidad (ICE).
Página de opinión
Miércoles 24 de agosto de 2011
Artículo semanal del
Secretario General de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IMPUESTO AL RECIBO DE LUZ
PARA FINANCIAR A LOS BOMBEROS
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
En la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, los diputados y las diputadas integrantes de la misma han votado afirmativamente un proyecto de ley (expediente legislativo No. 17.881), para financiar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, mediante un impuesto mensual que se cobraría a los recibos de la luz, de un 1.75 %.
Todos los y todas las costarricenses siempre hemos sentido orgullo por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Lo seguimos teniendo. Lo que sí molesta y conviene comentar es que se le debe hablar claro a la población e indicarle que este impuesto surge en el marco de la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos, ante la apertura del mercado de seguros, lo que ha determinado que dicha entidad afrontaría, según algunos, un serio desequilibrio financiero si no se le encuentran nuevos recursos para su sostenimiento; punto de quiebra al que podría llegar en el 2013.
Costa Rica, gracias al Instituto Nacional de Seguros (INS), había logrado tener el mejor cuerpo de bomberos de toda la América Latina, el cual, nunca, nunca, tuvo problemas financieros. Sus problemas empezaron cuando en el marco de ese TLC, se aprobó la “Ley Reguladora del Mercado de Seguros”, que convirtió al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en un “órgano de desconcentración máxima”, con lo cual el mensaje y la directriz que se le dio, en términos populares, lo podemos traducir como “vaya y se la juega solo”.
Según la ley que viene para financiar a dicha y prestigiosa entidad, a través de un 1.75 % de impuesto al recibo de luz, impuesto que será mensual porque mes a mes hay que pagar la electricidad que consumimos; “no estarán sujetos al pago de dicho tributo, los abonados cuyo consumo mensual sea igual o inferior a cien kilowatts hora (100 kWh)”.
Es decir que los pobres de los más pobres no pagarán este nuevo impuesto (esto está bien), pero, otra vez volvemos sobre lo mismo: reforzar sobre la deteriorada situación económica de las capas medias de la población, la clase media, el peso del sistema tributario costarricense, para cargarle sobre sus golpeadas espaldas, tanto lo que de manera directa establece el mismo, como lo que lo que por vía indirecta se le cobra, a lo que en otro momento había sido el “bastión” de la democracia costarricense.
Dicho impuesto, que no solamente se aplicará a la luz consumida en nuestros hogares, será pagado también por las diversas actividades productivas y empresariales; con lo cual (como es lógico suponer), seguramente terminará siendo trasladado a los bolsillos de las personas consumidoras.
Se dirá que este nuevo impuesto es “justo” porque pagará más quien consuma más electricidad, a partir de los 100 kWs. Pero este no es el punto. El punto es que siempre saldrá perdiendo la gente de “abajo” (dentro de la cual ha hay que incluir a la clase media), pues ésta no tiene escapatoria alguna a la hora de que la “capturen” en el pago de impuestos: vía recibos, vía planilla salarial, vía compras directas (impuesto de ventas, por ejemplo), etc.
Así que la iniciativa legislativa sigue fortaleciendo la injusta estructura tributaria costarricense que es abrumadoramente regresiva: pagan más proporcionalmente hablando, quienes menos tienen; y, al lado opuesto, quienes acumulan más y más cada día, tienen menos carga tributaria.
La justificación que dan los altos jerarcas del Cuerpo de Bomberos cuya directiva está presidida por el ilustre y polémico don Guillermo Constenla Umaña (que, a la vez, es Presidente Ejecutivo del INS), en declaraciones a Diario Extra indica que “Queremos más estaciones para bajar los tiempos de respuesta en cada emergencia y el principal objetivo es poder inaugurar unas 4 estaciones por año”. Además, se tiene“que velar por varios incidentes al mismo tiempo, tales como accidentes de tránsito, e incendios de distintas magnitudes”. También alegan que “queremos más estaciones pero al mismo tiempo requerimos de más personal para poder dar un mejor servicio a la población que va en aumento de forma considerable”.
Pensamos nosotros que una supuesta falta de recursos no es real toda vez que este estratégico servicio público sigue estando bajo la responsabilidad del INS, según lo establece la “Ley reguladora del Mercado de Seguros”. La misma establece que para el financiamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se tienen los ingresos del 4% de las primas de los seguros que se vendan en el país; las multas, cobros o resarcimientos por esa ley; los intereses o réditos del fondo; y las donaciones de entes nacionales o internacionales.
Asimismo se establece que en caso de algún tipo de déficit para el Fondo de Bomberos los mismos serán cubiertos por el Instituto Nacional de Seguros. Entonces, ¿por qué ponerle una nuevo impuesto a la clase trabajadora?...
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Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP
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