Gobierno da paso atrás con represa en Río San Juan y abre a debate el tema ambiental

Frenan proyecto Brito

* Niegan permisos a empresa brasileña y la mandan a actualizar información
* Apareció Marena con orden presidencial de detener toda amenaza al Lago Cocibolca y dialogar con la comunidad científica
* END, destacando la alerta que sobre el proyecto hicieran expertos en recursos acuáticos, logró sensibilizar a las autoridades nicaragüenses

José Adán Silva | jsilva

El gobierno de Nicaragua echó paso atrás con el proyecto hidroeléctrico Brito y ordenó al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) frenar cualquier amenaza al Lago Cocibolca y al Río San Juan, así como de abrir a debate el tema con expertos y ambientalistas. INTERNET/END

El gobierno de Nicaragua echó paso atrás con el proyecto hidroeléctrico Brito y ordenó al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) frenar cualquier amenaza al Lago Cocibolca y al Río San Juan, así como de abrir a debate el tema con expertos y ambientalistas.

Así lo anunció ayer la ministra del Ambiente, Juana Argeñal, en un debate televisivo realizado ayer en el programa Estudio 24 horas, del Canal 8, en el que participaron, además, el viceministro ambiental Roberto Araquistain, el biólogo e investigador del Centro de para la Investigaciones en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA), Salvador Montenegro, y Víctor Campos, del ambientalista Centro Humboltd.

Ante una serie de publicaciones periodísticas de EL NUEVO DIARIO en torno a la queja y denuncia de científicos y ambientalistas sobre un grave daño ambiental al Río San Juan, Lago Cocibolca y costas de San Juan del Sur, si se autorizaba la construcción del proyecto, la funcionaria reveló que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, orientó al Marena y al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales dialogar con la comunidad científica del país sobre la viabilidad del proyecto, con la finalidad de evitar un daño ecológico que afecte los principales cuerpos de agua.

Portazo a brasileños

Eso llevó al Ministerio del Ambiente y otras instituciones del Estado a concertar una reunión con varias organizaciones científicas y ambientales, y negarle los permisos ambiental y de inicio de operaciones a la empresa brasileña Andrade Gutiérrez, a la cual el Ministerio de Energías y Minas le extendió una autorización temporal de estudio de viabilidad para evaluar el impacto del proyecto energético.


El diálogo con la comunidad científica-ambiental se realizó, según Argeñal, “en aras de analizar y establecer una respuesta de consenso donde se valoren y evalúen los posibles impactos al ambiente, a las riquezas naturales y en este caso el Proyecto Brito, al río San Juan y al Lago de Nicaragua de una forma integral”.

Argeñal anunció, además, que mediante los modelos de Poder Ciudadano del Gobierno se consultará también a la población afectada.

Tal y como lo había informado EL NUEVO DIARIO, la ministra confirmó que la empresa Gutiérrez Andrade, solicitó el permiso ambiental en el mes de junio de 2010 y que posteriormente, al recibirla, se hizo una exploración en los sitios de construcción de la obra.

Proyecto “congelado”

“Se le presentó (el proyecto) a los alcaldes en conjunto con las diversas autoridades y se ha llegado a la conclusión y ya se le ha dado a conocer a la Empresa Gutiérrez Andrade, que hasta el momento el proyecto no reúne los estudios, ni los datos como para que el Ministerio del Ambiente pueda en primer lugar, emitir términos de referencia, porque los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental son las vías de acciones que tienen que emplear los que van a desarrollar el proyecto en aras de disminuir los impactos ambientales”, anunció la funcionaria.

De acuerdo con Argeñal, el proyecto Brito no se ha autorizado, ni se ha aprobado, más allá del permiso temporal del Ministerio de Energías y Minas.

Se abrieron al debate

Fuentes ambientalistas confirmaron a EL NUEVO DIARIO que el Gabinete de Gobierno del presidente Ortega se reunió esta semana con la comunidad científica ambiental del país, para analizar en conjunto la viabilidad del Proyecto Hidroeléctrico.

Este megaproyecto, que busca represar las aguas del Río San Juan y crear un embalse en el Lago Cocibolca para generar 250 megavatios de energía a partir del agua—que luego sería vertida en las costas de San Juan del Sur en el mar Pacífico--, ha sido calificado como peligroso e inviable por la comunidad científica, dado que causaría un impacto sin precedentes en los cuerpos de agua de la nación.

En la reunión, en que estuvieron presentes personalidades afines al tema ambiental, como Centro Humboldt, Fonare, CIRA, Fondo Natura, Fundenic, Guardabarranco y otras, estuvieron presentes funcionarios y técnicos del Ministro de Energía, Marena, Magfor, ENACAL, entre otros.

Millones en juego

Ahí escucharon el peligro que significa no sólo para las especies marinas y el ecosistema, sino también para los cientos de poblaciones que podrían utilizar las aguas del Cocibolca, en el futuro, para beber y satisfacer necesidades de alimentación, turismo y trabajo.

Ahí se sostuvo que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), podría costar unos 10 millones de dólares y que es “poco probable que sea realizado dado que necesitaría la aprobación de los grupos ecologistas y del Parlamento Nicaragüense, quienes desde ya están en desacuerdo con el proyecto”.

El costo de construcción se estimó en 600 millones de dólares e implicaba la afectación de miles de personas que serían reubicadas de las riberas del río y el lago.

Ambientalistas satisfechos

Víctor Campos, del Centro Humbolt, reiteró que ellos mantenían la preocupación por la eventual aprobación del estudio, “porque se trata de 150 megavatios de generación de energía a partir de comprometer nuestro principal recurso de agua dulce potencialmente potabilizable para consumo humano”.

Demandó que cualquier decisión sea tomada como nación, “como país, porque comprometer este recurso, debe de ser una cuestión que debe de contar con el respaldo de la mayoría de los sectores nicaragüenses”.

Del mismo se expresó el director del CIRA, Salvador Montenegro, quien inició el proceso de denuncia contra el proyecto Brito, el cual a su criterio nunca será viable ni económica, ni social, ni ambientalmente.

Siempre inviable

“Hay que reconocer que el gobierno ha asumido la responsabilidad de analizar con cuidado y dialogar con los diferentes actores que tenemos algún nivel de participación. Hecho trascendente, porque garantiza que el tema puede ahora ser examinado de manera transparente, objetiva, públicamente”.

“Y este análisis estricto, absolutamente apegado a los hechos, va eventualmente a mostrar la absoluta inviabilidad de proyectos como éste que si bien tienen un sustento técnico, al final el precio que terminaríamos pagando los nicaragüenses resulta desproporcionadamente alto en torno a los beneficios; recordemos que se trata de iniciativas de más de 35 años que fue formulada cuando las condiciones de nuestro país físico-natural eran muy diferentes a las actuales”, observó Montenegro.