Con el apoyo de la Corte, el ejército y Iglesia y partidos tradicionales, el presidente fue derrocado por un grupo de militares que lo secuestró. La situación fue condenada enérgicamente por los gobiernos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, y Venezuela, entre otros. |
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue derrocado hoy por un grupo de militares que lo secuestró y trasladó a Costa Rica, en un golpe de estado avalado por la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, que designó en su reemplazo a su hasta ahora titular, Roberto Micheletti. Zelaya fue sacado de su residencia esta madrugada por un grupo de al menos 22 militares encapuchados que antes tiroteó la casa y luego lo llevaron a la base aérea militar, contigua al aeropuerto de Tegucigalpa, desde donde fue trasladado a San José, la capital de Costa Rica. Mientras Zelaya, con la misma ropa de dormir que vestía en el momento en que lo sacaron de su casa, daba entrevistas y hasta una conferencia de prensa junto al presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, los militares desplegaban tanques, helicópteros y soldados armados para mantener el control de Honduras. Hubo varias horas de incertidumbre, que se agudizó poco después del mediodía, cuando el secretario del Congreso Nacional (unicameral), José Alfredo Saavedra, leyó un texto atribuido a Zelaya, en el cual el mandatario supuestamente presentaba su "renuncia irrevocable" junto a la de todo su gabinete. Sin embargo, minutos después, en declaraciones que formuló desde San José a la televisora estadounidense CNN en Español, Zelaya dijo dos veces que eso era "totalmente falso" y agregó: "Yo nunca he renunciado ni nunca voy a usar ese mecanismo cuando he sido elegido por el pueblo". A la confusión contribuyó el corte generalizado de energía eléctrica y de las telecomunicaciones, e incluso de la señal de CNN apenas emitió las declaraciones de Zelaya, hechos que fueron denunciados por la prensa local e internacional y hasta por el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens. Las dudas comenzaron a disiparse por la tarde, cuando la Corte Suprema de Justicia se responsabilizó por el golpe de estado al afirmar que había ordenado a los militares "detener" a Zelaya, aunque no aclaró si también dispuso que se lo trasladara a Costa Rica. Poco después, el Congreso Nacional (unicameral), en una sesión extraordinaria, resolvió "improbar" (desaprobar) la gestión de Zelaya, destituirlo y nombrar en su lugar a Micheletti, empresario transportista de 61 años, diputado desde 1982 y hasta entonces presidente del parlamento. Micheletti era el sucesor constitucional natural de Zelaya, pues el vicepresidente Elvin Santos había renunciado para dedicarse a la campaña proselitista, ya que en las elecciones internas del año pasado fue consagrado candidato presidencial oficialista para los comicios generales de octubre próximo. Al asumir como mandatario ante los legisladores, Micheletti prometió desarrollar una política de conciliación con todos los sectores y agradeció el apoyo de la Iglesia católica y el Ejército a la operación que derivó en el derrocamiento de Zelaya. Sin embargo, poco después se anunció que regía en todo el país el toque de queda a partir de las 18, según informó CNN. La Corte Suprema, así como partidos políticos tradicionales, la Iglesia y los principales jefes militares se oponían a una consulta popular no vinculante que Zelaya quería realizar hoy para preguntar a los hondureños si están de acuerdo o no en convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la carta magna. Luego de haber sacado a Zelaya del país, los militares se incautaron del material electoral para impedir la consulta y secuestraron a la canciller Patricia Rodas, cuyo paradero se desconocía esta noche, y a otros funcionarios, especialmente alcaldes que habían puesto en marcha la consulta en sus ciudades. También fueron secuestrados brevemente y golpeados los embajadores en Honduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Juan Carlos Hernández, Mario Duarte y Armando Laguna, según denunciaron sus respectivos gobiernos. El golpe de estado fue condenado enérgicamente por los gobiernos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, entre otros. También manifestaron su rechazo diversos organismos multilaterales, como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Río, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Sistema de Integración de Centroamérica (SICA), la Unión Europea (UE) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó hoy una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, que produjo una declaración de condena al golpe de estado y convocó a una reunión extraordinaria de cancilleres para el martes, en aplicación de la Carta Democrática Interamericana. |
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