Comunicado de prensa: población quiere a León Cortés libre de incineración
• Crece rechazo a plan del Alcalde y empresa privada
• ADI San Pablo ratifica nulidad de acuerdo que le daba terreno a incineradora
El Alcalde y una empresa privada quieren convertir León Cortés en el primer cantón quemador de basura. Pero una creciente oposición quiere que sea el primer cantón libre de incineración en Costa
Rica.
La propuesta “León Cortés libre de incineración” es del Grupo ecologista León Cortés y cuenta con el apoyo de organizaciones sociales y cada vez más personas del cantón. El Grupo pretende establecer una prohibición total de esa técnica en el cantón, pero dado que la Ley 8839 de manejo de residuos no la prohíbe, están trabajando en un proyecto de ley para modificarla y eliminar la posibilidad en todo el país.
“Esa idea se la hemos presentado a las comunidades y ya contamos con el texto para un acuerdo municipal ajustado a la Constitución Política, al Código Municipal y la legislación nacional. Si el Consejo Municipal no nos apoya tendrá explicarle al país por qué”, dijo Octavio Quirós Quirós del Grupo Ecologista.
Contrario a lo dicho por el Alcalde, este colectivo argumenta que León Cortés y la zona de Los Santos no han escogido la incineración. “Eso es totalmente falso. La planta para quemar basura parece un acuerdo del Alcalde Quesada con una empresa privada, cuyos impactos nunca se dieron a conocer a la población”, explicó Carlos Bernal Castro, integrante de la organización.
“Lo único que dicen es que quemando la basura solucionarán un problema que las Administraciones locales no han atendido y por eso siguen incumpliendo la ley”, añadió. Es previsible que la planta gasificadora arruine las iniciativas de manejo de residuos que operan en la zona, pues los requeriría como materia prima para quemar.
El proceso de información y organización en las comunidades fue reforzado por un acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de la ADI de San Pablo del 27 de agosto 2015, que ratificó la nulidad del acuerdo que cedía 10.000 m2 para instalar la gasificadora. Cristhoper Meza explicó que “este acuerdo es trascendental para volver a la legalidad porque había sido la Junta Directiva, no la Asamblea, la que el 11 de mayo de 2013 cedió el terreno de la ADI en el cerro El Abejonal”.
Señaló también que “eso reveló un serio tráfico de influencias pues la Municipalidad propició el acuerdo de la Junta Directiva sin explicar las implicaciones de una planta para quemar basura”.
A partir de ese acuerdo está previsto pedir a Setena la nulidad del proceso y el archivo del expediente D1-8972-2013-Setena, que ya de por sí presenta numerosas y graves omisiones y debilidades técnicas que la empresa no ha solventado. Entre otras, que ni siquiera “especifica el tipo de desechos sólidos que se van a procesar” y que la empresa no presentó “los estudios de: geotecnia, hidrología, riesgo antrópico, geología básica, hidrogeología, arqueología y amenazas naturales correspondientes”, según Resolución del 31/3/2014 de Setena.
De acuerdo con el Grupo Ecologista el rechazo a la planta gasificadora está creciendo. Ni el mismo Consejo Municipal, que asombrosamente se declaró “neutral” ante la idea de la planta, parece manejar la información sobre el negocio privado que se quiere montar. “Nosotro.as hemos llevado la información sobre el proyecto a las comunidades. Les hemos explicado el Estudio de impacto ambiental y los innumerables riesgos para la salud humana y la naturaleza que la incineración provoca. Uno de los puntos más sensibles es el peligro para los mantos acuíferos que abastecen de agua a Frailes de Desamparados, La Angostura, San Antonio, San Pablo, La Cuesta, entre otras, pues es sobre éstos que se pretende instalar la gasificadora”, explicó Dayana Meza, integrante del Grupo.
Los ecologistas presentaron consultas al Ministro de Salud, al MAG y otras instituciones sobre los riesgos que implica ese proyecto, pero no ha obtenido respuestas técnicas satisfactorias. De acuerdo con David Clavo, “seguimos a la espera de respuesta a la carta que le entregamos en la mano al Presidente de la República el 31 de enero de 2015, en la que le preguntamos si él, como dijo el Alcalde de León Cortés, apoya esa planta gasificadora”. Calvo, vecino de León Cortés y Presidente a.i. del Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, insiste en que han estudiado cuidadosamente y que virtualmente los cultivos de la zona, como café, aguacate, frutícolas de todo tipo, y el turismo comunitario y de naturaleza, sufrirían los impactos negativos por los desechos sólidos, gaseosos y líquidos que la incineración provoca.
La gasificadora convertiría a León Cortés y a Los Santos en zona receptora o “importadora” de basura, pues la empresa requiere 40 toneladas diarias y en Dota, Tarrazú y León Cortés juntos se generan 18,74 toneladas por día, según la tesis de Matías Monge y Kevin Carranza de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la UCR. “Esa planta jamás tendría la materia prima suficiente para funcionar y solo eso la hace inviable, ya que en promedio hasta el 80% de los residuos son reutilizables de distintas maneras, lo cual hace insignificante el volumen de basura local para quemar”, argumenta Carlos Bernal Castro.
Otro asunto en discusión es si el ICE está dispuesto a comprar el único megavatio que esa planta generaría, “obviando todos los riesgos que implica, sabiendo que el país cuenta con una sobre oferta de electricidad, y que debemos orientarnos sin ninguna demora hacia el uso de energías limpia”, dijo Octavio Quirós. La empresa de electricidad local CoopeSantos R.L. ya había definido que no compraría ese megavatio.
Desde inicios del 2015, en paralelo al proceso de organización social, que es acompañado por la Asociación Proyectos Alternativos, PROAL, el Grupo Ecologista de León Cortés está implementando acciones como una campaña educativa casa por casa, talleres de clasificación, reutilización y reducción de residuos, y sesiones informativas con organizaciones de las comunidades, con el apoyo de la Escuela de Química de la UCR. Además, este colectivo impulsa una propuesta para el manejo integral de residuos, que ellos mismos elaboraron junto con PROAL, el ITCR, la UCR y la UNED, y que ya cuenta con el apoyo de ADIs y numerosas comunidades y organizaciones del cantón.
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