En la sesión de hoy la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia bajo la Presidencia de la diputada Gloria Bejarano Almada dictaminó afirmativamente de manera unánime el Proyecto de ley No. 17.927 “Reforma a varias leyes sobre la prescripción de daños causados a personas menores de edad”.
La iniciativa plantea la reforma del artículo 31 inciso a) del Código Procesal Penal, para que cuando se trate de delitos cometidos en contra de personas menores de edad, el término de la prescripción penal empiece a correr a partir de que la víctima haya cumplido la mayoría de edad.
“Dictaminamos por unanimidad este proyecto porque responde a una lucha en defensa de los derechos de las personas menores de edad”
Así mismo, se modifica el artículo 868 del Código Civil, de manera que la regla general que establece para todo derecho y su correspondiente acción la prescripción a los 10 años, se contemple que en el caso de personas menores de edad “… la acción para reclamar daños y perjuicios empezará a correr a partir de que la persona afectada haya cumplido la mayoría de edad”.
Finalmente, se modifica el numeral 198 de la Ley General de Administración Pública, Ley N º 6227, de manera que para los casos de reclamos por daños y perjuicios ocasionados a personas menores de edad, el plazo de prescripción empiece a correr a partir de que la persona afectada haya cumplido la mayoría de edad.
Esta iniciativa encuentra su justificación al darle respuesta oportuna a un tema de igualdad y trato equitativo para las víctimas menores de edad, ya que con la propuesta del año 2007, operada mediante ley 8590, los plazos de prescripción propuestos solo eran aplicables a delitos sexuales…..Con esta iniciativa se extiende dicha protección a todos los delitos en los que aparece como víctima una persona menor de edadconfiriendo un mayor grado de protección a estas personas, lo que también se respalda en la norma 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, ratificada por Costa Rica mediante Ley Nº 4534del 23 de febrero de 1970.
Dicho proyecto fue iniciativa del diputado Villalta Florez-Estrada.
