Integrantes de los Círculos Bolivarianos Morazánicos confirmaron en esta capital que seguirán las protestas hasta el retorno del presidente de la República, Manuel Zelaya, aunque ahora están obligados a adoptar "nuevas alternativas".
Uno de los miembros de esa agrupación popular, Ángel Alvarado, explicó que debido al estado de sitio, entre las 10:00 p.m. y 5:00 a.m., se ven obligados a la "distribución de los compañeros en lugares seguros durante la madrugada" a fin de evitar redadas masivas.
"Estamos casi en la clandestinidad para poder resistir", denunció.
Centrales campesinas y obreras, explicó, mantienen el llamado al paro general en todo el país que va en ascenso, aunque todavía funcionan entidades privadas.
Junto a la suspensión de garantías constitucionales, los golpistas comenzaron el reclutamiento forzoso de jóvenes, incluidos menores, para nutrir las fuerzas militares, aseguró Alvarado.
Tenemos confirmación, dijo, de civiles sacados a la fuerza de sus casas por los militares a cargo del reclutamiento en las afueras de Tegucigalpa y en varios departamentos.
Según Alvarado, el gobierno de facto trata de desmentir esa situación, pero familiares de los jóvenes están en comunicación con organizaciones de derechos humanos para realizar las denuncias.
En tanto, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Padilla Suncery, fue sustituido a la fuerza y reemplazado por un representante del golpismo, alertó un miembro del movimiento popular en esa ciudad, Erasto Reyes.
La coordinadora del colectivo parlamentario del partido Unificación Democrática (UD), Silvia Ayala, confirmó que para proteger la vida del alcalde hubo que sacarlo del país.
Ayala explicó que otros funcionarios electos por el pueblo, en municipios de Santa Bárbara y otros departamentos, se sumaron a las manifestaciones populares y también son objeto de represión.
Militares armados tomaron las oficinas de varias alcaldías e impiden el acceso a esas instalaciones; además, fueron congeladas las cuentas bancarias de gobiernos municipales, aseguró la legisladora.
Los diputados de UD, indicó, nos declaramos en desobediencia, no acatamos ninguna orden del gobierno ilegal encabezado por Roberto Micheletti.
Al menos 10 parlamentarios del gobernante Partido Liberal tampoco asistieron a la farsa armada en el Congreso Nacional para nombrar a Micheletti como presidente de la República y por esa razón sufren el hostigamiento del ejército.
Ese es el caso, precisó, de los legisladores Elvia Argentina, Carolina Echeverría y Simón Azcona.
La suspensión de garantías ciudadanas como libertad de expresión, inviolabilidad del domicilio, derecho a la libertad bajo fianza y la de no ser detenido sin orden judicial, abren las puertas para más brutalidad, sostuvo Ayala.
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