FISCALÍA GENERAL EMITE DIRECTRIZ PARA ATENCIÓN DE CASOS POR ROBO DE CABLE
• Órgano señala grave afectación a las personas usuarias del servicio y alto costo económico para el país.
• Jerarca del MP destaca impacto en teletrabajo y prestación de servicios en hospitales.
Tatiana Vargas Vindas
hvargasv@poder-judicial.go.cr
22 de julio del 2020. La Fiscalía General de la República emitió el viernes pasado una circular administrativa que pretende unificar criterios jurídicos para la investigación de casos relacionados con la sustracción de cable y otros insumos de infraestructura de telecomunicaciones, propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
En el documento, la jerarca del Ministerio Público (MP), Emilia Navas Aparicio, señala que la prestación adecuada de servicios públicos es una manifestación de los Derechos Humanos, y que la Sala Constitucional ha reconocido la electricidad y las telecomunicaciones como servicios básicos.
“Este tipo de delincuencia afecta la economía del Estado, pero afecta también la vida cotidiana de 
las familias y la prestación de servicios en hospitales y centros de estudio, y, en la actualidad, afecta de manera importante el teletrabajo que realizan cientos de personas durante la pandemia, pues impacta en los servicios de electricidad, internet y telefonía”, explicó la Fiscala General. (Vídeo con declaraciones: https://www.youtube.com/watch?v=e_qeOKnS8js&feature=youtu.be)
Además, recalcó que el país debe enfrentar gastos asociados con la reposición del cable o material sustraído, para reconectar el servicio. Esto implica el desplazamiento del personal técnico especializado y la reparación de daños, lo que representa pérdidas millonarias, según datos del ICE. (Ver gráfico adjunto).
Por su parte, Irene Cañas Díaz, presidenta ejecutiva del ICE, destacó la importancia de la directriz e hizo un llamado a denunciar el delito.
“Todos los esfuerzos que el ICE realiza por llevar conectividad y electricidad a una comunidad, se ven truncados. El robo de cable afecta nuestra infraestructura, pero más aún la posibilidad de contar con servicios, que hoy más que nunca son esenciales para Costa Rica. Las personas pueden denunciar confidencialmente al 8000–ICESOC (423762) o al 9–1–1”, dijo. (Se adjunta audio con declaraciones de Cañas).
El MP trabajó en la circular, luego de que autoridades del ICE externaran su preocupación por el crecimiento del robo de cable y el perjuicio que este trae. De acuerdo con la Fiscala Navas, un equipo de la Fiscalía General y del Instituto tuvo reuniones para exponer sus criterios y, luego, la jerarca se reunió de manera virtual con ese equipo.
Disposiciones. En el documento se establece que, al momento de recibir una denuncia, el personal fiscal debe disponer de todas las diligencias de investigación que permitan la búsqueda de prueba útil, pertinente y necesaria.
Para ello, el funcionario o funcionaria coordinará los trámites que correspondan con el Organismo de Investigación Judicial y otras instituciones, con el fin de lograr la individualización de las personas imputadas (en caso que para ese momento no lo estén), la determinación de los niveles de participación en los hechos, las posibles vinculaciones entre casos similares a nivel nacional y la averiguación sobre el tipo de estructura en la que se encuentren organizadas las personas investigadas, entre otros aspectos.
La fiscala o el fiscal del caso también deberá contrastar oportunamente los hechos y circunstancias con el delito y sus agravantes, tomando en consideración aspectos como la existencia de un grupo organizado, situación en la cual se aplicará la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que permite valorar la utilización de técnicas de investigación como el rastreo de datos móviles o la intervención de las comunicaciones, entre otras.
El personal que atienda este tipo de causas en todo el país también deberá valorar los bienes dañados o sustraídos, la prestación de servicios públicos esenciales afectados, los daños materiales causados, y la afectación al acceso de la ciudadanía a servicios básicos como electricidad, internet y telecomunicaciones.
“Cuando la fiscala o el fiscal valore ese tipo de aspectos, determinará la procedencia o no de solicitar medidas cautelares ante el Juzgado Penal, luego de analizar de manera particular los peligros procesales, para que no se afecte el proceso de investigación. Por la naturaleza de los hechos que implica la sustracción del cable y materiales relacionados a la infraestructura de telecomunicaciones y electricidad, normalmente se emplea fuerza sobre las cosas, e implica habitualmente la afectación a bienes y servicios de interés público; por lo tanto, no sería procedente la aplicación de criterios de oportunidad, ni otras medidas alternas que son incompatibles con este tipo de hechos delictivos”, explicó la fiscala Navas.
La circular administrativa establece que, para una adecuada tramitación de estos casos, el personal debe tomar en consideración el mantener un contacto y coordinación con el ICE, pues este podría proporcionar información relevante para la investigación.
