sábado, 7 de julio de 2012
viernes, 6 de julio de 2012
JARABE EL PODEROSO PRESENTA CHANCES SORTEO 5760 DEL VIERNES 6 DE JULIO 2012
JARABE EL PODEROSO PRESENTA CHANCES SORTEO 5760 DEL VIERNES 6 DE JULIO 2012
El autogolpe moral de la Presidenta Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
El autogolpe moral de la Presidenta
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
La licenciada Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República, ella misma, se ha dado un autogolpe, un autogolpe moral con el desconocimiento que ha hecho del criterio que ha emitido la Procuraduría de la Ética, con respecto a las actuaciones de dos de los más importantes jerarcas políticos de su Gobierno: los señores Luis Liberman Ginsburg (Segundo Vicepresidente de la República) y Leonardo Garnier Rímolo (Ministro de Educación Pública).
Ambos funcionarios, en el ejercicio político de sus altos cargos emitieron sendas cartas de recomendación a fin de que la estatal empresa de hidrocarburos, la Refinadora Costarricense Petróleo (Recope), le otorgara una de esas famosas consultorías a una firma empresarial ligada, familiarmente, al anterior Ministro de Hacienda, el señor Fernando Herrero Acosta; quien tuvo que dejar su cargo en medio de cuestionamientos por no pago de tributos cuando, precisamente, abogaba él por un “paquetazo” de impuestos de gran impopularidad en casi todos los sectores sociales y productivos del país.
Según la Procuraduría de la Ética, “las cartas no son sólo la certificación de experiencia, que es lo que autoriza la ley. Son recomendaciones de las que están prohibidas por la Contraloría General de la República (CGR) y Poder Ejecutivo y como consecuencia es una violación a directrices y principios éticos de la función pública".
Los jerarcas Liberman y Garnier incurrieron, según la indicada entidad, en una falta al deber de probidad, el cual es una regla de principio básico para que el funcionario público procure, en sus actuaciones, proteger y defender el interés público frente a los intereses particulares o propios.
La persona directamente beneficiada con las cartas de recomendación que cuestionó la Procuraduría de la Ética había sido, nada más y nada menos, que asesora en comunicación de la propia Presidenta Chinchilla desde el inicio de su Gobierno hasta que se dio la caída del exministro Herrero (esposo de esa asesora).
Por las “cartitas” de recomendación se generó una contratación directa de 17 millones de colones provenientes de fondos públicos que fueron a parar a los bolsillos familiares privados de esas personas amigas de doña Laura.
El Gobierno dijo que no hará nada en contra de los dos indicados altos funcionarios pues no hubo mala fe. Además, dijo que las normas jurídicas en las que se basó la Procuraduría de la Ética son confusas y tienen contradicciones entre sí. ¡Qué barbaridad!
Ahora resulta que cuando “los de arriba” violan las normas éticas elementales de la función pública, lo hacen de buena fe. Pero sí son “los de abajo”, la normas que estarían violentandono son confusas, son clarísimas.
La señora Presidenta se ha dado un autogolpe moral. Pareciera ser que esta situación es como la gota que derramó el vaso para mucha ciudadanía. Desde las redes sociales de internet, costarricenses que sienten gran indignación están llamando a una marcha llamada “Golpe de Estado simbólico”. Será para el próximo domingo 15 de julio y se han de congregar, pacíficamente, en diversos parques del país, según están indicando.
Desde que tenemos uso de razón, nadie había pensado en que quien ocupara la silla presidencial, debía abandonarla. Hoy son muchas las personas que hablan de adelantar las elecciones presidenciales, de “Golpe de Estado simbólico”.
El Gobierno y, particularmente, la señora Presidenta deben dar un golpe de timónestratégico en esto del combate a la corrupción. La más poderosa señal que se puede enviar en estos momentos en los cuales la indignación popular es, si se quiere, la más alta de los últimos 25 años, es que los señores Liberman y Garnier dejen el Gobierno.
A fin de cuentas el primero es un banquero proveniente del grupo de negocios más poderoso del país. Así que si se va del Gobierno no por ello dejará de tener poder: el poder real, aunque el formal lo decline. En el caso del señor Garnier fácilmente ha de encontrar otra colocación dado su notable curriculum político-profesional.
En el Gobierno piensan que este asunto de las tales cartas de recomendación son “pecata minuta” (algo sin importancia, que no trasciende lo que está sucediendo). Son apenas 17 “milloncillos” que no son nada comparados con los más de 20 mil millones involucrados en el desastre de la trocha.
Sin embargo, el punto es que este asunto se agrega a una cadena de acontecimientos de política pública en los que la ética y la transparencia no están imperando, lo cual desmoraliza a una ciudadanía más que harta de tanta cosa sucia en la Administración Pública, especialmente con el escándalo de la trocha.
Nosotros, que no estamos en ninguna ubicación político-partidista ni pensamos estarlo, vemos esta delicada cuestión sin el prisma electorero del momento y el que está por venir. Sin creernos dueños de la ética ni propietarios de la moral, sí percibimos cuán grande es el nivel de enojo popular, de indignación ciudadana, de cólera creciente en la gente, por los malos ejemplos que salen desde la clase gobernante.
LOS ALQUIMISTAS DEL MOPT -Restricción a circulación desde Heredia-
LOS ALQUIMISTAS DEL MOPT
-Restricción a circulación desde Heredia-
Lo que inició como “medida brillante” para disminuir el consumo de hidrocarburos por parte de la flota vehicular en el gobierno de don Abel, se ha convertido, para los alquimistas del MOPT, en la panacea para los conflictos viales que muchas veces obedecen a su incompetencia.
Ahora resulta que para enfrentar las consecuencias del “hueco” de la ruta General Cañas, se publicaría un decreto que restringirá la circulación de vehículos en y desde la ciudad de Heredia, cual si los heredianos no estuviéremos severamente afectados ya con la restricción vehicular aplicada en el área metropolitana. Medida sinsentido similar a la que alguien propuso a partir del aeropuerto Juan Santamaría para disminuir el paso por el puente de la platina.
Ojalá alguien le hable al oído al ministro Luis Llach para que más bien valore los casi siniestros resultados de la restricción en general, que mientras por un lado no ha provocado una disminución en el consumo de gasolina, sí ha afectado múltiples procesos productivos que el país requiere.
Freddy Pacheco León
Heredia
El agujero negro ético de la administración Chinchilla
28 de junio de 2012 por Juan Carlos Hidalgo
El país se paralizó ayer por el enorme cráter que apareció en la autopista General Cañas. Sin embargo, un cráter aún más grande salió a relucir en el magro historial ético de la administración Chinchilla: La decisión de la presidenta de ignorar por completo el informe de la Procuradoría de la Ética que encontró que el vicepresidente Luis Liberman y el ministro de Educación Leonardo Garnier “violaron todos los principios de la ética en la función pública” al escribir cartas de recomendación para que la firma Procesos, del matrimonio Herrero Rodríguez (amigos personales de Chinchilla y Garnier), ganaran un contrato de asesoría de imagen con Recope. Al ignorar este informe, emitido nada menos que por el propio abogado del Estado, la presidenta Chinchilla manda un mensaje inequívoco de que el suyo es un gobierno de compadres y comadres donde la ética y la integridad en la función pública constituyen saludos a la bandera.
No es exagerado decir que este parece ser uno de los gobiernos donde más predomina la corrupción en tiempos recientes. Hace poco La Nación informó que la Fiscalía pidió auxilio ante la avalancha de casos de corrupción que han entrado en los últimos meses. El caso más grosero es el de la trocha fronteriza (apropiadamente titulada “choritrocha”), en la que se han gastado ¢40.000 millones en un proyecto que se realizó sin los más mínimos estudios técnicos y donde se entregaron contratos millonarios a empresas de construcción sin experiencia y sin equipo. Cuando las irregularidades empezaron a aflorar y la presidenta le pidió la destitución al ministro de Transportes, Francisco Jiménez, algunos pensaron que Chinchilla había desempolvado su eslogan de campaña de “firme y honesta”. Sin embargo, con el pasar de las semanas, y conforme se desentierran más instancias de corrupción alrededor de la trocha, la presidenta ha empezado a minimizar la situación, y su gobierno hasta ha insinuado que quienes destapan el chorizo están sirviendo a los intereses de Nicaragua.
La destitución de Jiménez fue el simple sacrificio de un peón con tal de proteger a fichas más importantes. Mario Álvarez, asesor personal de la presidenta en Casa Presidencial, está acusado por el TSE ante la Fiscalía por irregularidades en el manejo de fondos de campaña. Jorge Walter Bolaños, su ex tesorero de campaña, sigue en el cargo de representante de Costa Rica ante el BCIE a pesar de estar igualmente denunciado ante la Fiscalía. Cuando la Procuradoría de la Ética determinó que hubo múltiples irregularidades en la piñata de puestos diplomáticos en la Cancillería, la presidenta se limitó a pasar a René Castro de Relaciones Exteriores al MINAET. Cuando una asesora de Chinchilla chantajeó a Un Techo por Mi País para que le diera dos casa al gobierno a cambio de permitir la libre importación de materiales para la construcción de viviendas, la mandataria la justificó como un mal entendido. Y ni qué decir del “lamentable descuido” de su ministro de Hacienda evasor de impuestos, a quien Chinchilla defendió hasta que su continuidad en el gobierno se hizo insostenible.
Y ahora viene la cereza en el pastel con la decisión de ignorar por completo el informe de la Procuradoría de la Ética sobre Liberman y Garnier–quienes además, si tuvieran un mínimo de vergüenza, ya habrían renunciado. El Ejecutivo alega que el marco jurídico es “confuso” y que por lo tanto no tomará sanciones. Sin embargo cabe señalar que las directricez infringidas han sido emitidas por el mismo Poder Ejecutivo (además de la Contraloría), y queda por verse si hubo también alguna violación a la Ley contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción, que la misma Laura Chinchilla votó favorablemente siendo diputada. El Ejecutivo no puede alegar un marco jurídico “confuso” pues es el mismo abogado del Estado el que se lo está aclarando en el informe: hubo una clara violación del principio de integridad. Punto. El mensaje que la administración Chinchilla está mandando con dicho argumento del marco jurídico “confuso” es que ciertos funcionarios están por encima de la ley.
El informe es confidencial hasta que la presidenta decida hacerlo público. Es lo mínimo que puede hacer. Pero el tema medular del asunto es que tanto Liberman como Garnier escribieron cartas de recomendación para una empresa cuyos dueños eran el entonces ministro de Hacienda y su esposa a pesar de que un funcionario público en dicha posición no puede hacer eso. Se puede considerar hasta como tráfico de influencias. Más turbio aún es el hecho de que las cartas de recomendación a favor de Procesos fueran escritas antes de que siquiera Recope sacara a licitación el contrato de marras. ¿Cómo sabían de la licitación de antemano? Claramente todo el asunto huele mal y la decisión de la presidenta de ignorar por completo el informe de la Producadoría le añade hedor al caso.
A estas alturas lo que ya tenemos claro es que este gobierno no tiene nada de honesto, y en lo único en que es firme es en su alcahueteo a la corrupción. La interrogante es, ¿cuánto más le vamos a permitir a la presidenta la soberbia y la falta de respeto que todos los días le demuestra a los costarricenses?
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