No me voy a callar
Julio Rodríguez, desde su columna En Vela, en La Nación, me ha atacado desde hace casi 30 años
Como expresidente soy, ante todo, un ciudadano libre. Sin embargo, don Julio Rodríguez quiere que renuncie a mi derecho de poder decir lo que pienso. Que calle sobre los problemas que aquejan a Costa Rica. Que me doblegue bajo la línea editorial o de su columna de opinión, pero no con argumentos serios y fundamentados, sino con insultos y ataques personales, como lo ha hecho desde hace casi 30 años.
Pero no me voy a callar. No solo porque abonaría su cinismo magistral, su fanatismo y su intolerancia, sino que no lo haré porque implicaría dejarlo hablando solo desde su tribuna soberbia e impoluta. Desde esa misma tribuna en la que, escudado bajo la etiqueta de periodista, ni rinde cuentas, ni reconoce verdades, ni acepta errores, ni se retracta de falsedades, ni se arriesga a trabajar por su país más allá de la silla de su escritorio. En este triste episodio del conflicto con Nicaragua, no me callaré porque estoy convencido de que el Consejo de Seguridad de la ONU es una opción que tenemos los costarricenses para defender nuestra soberanía.
Acudir a la ONU. Debemos y podemos acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, porque los mecanismos regionales y mundiales no son excluyentes. Ni en tiempo ni en derecho. Tampoco fueron diseñados para resolver todos los conflictos entre los países, desde los más banales, hasta los más complejos. El nuestro es uno de los conflictos más complejos, pero no porque no ha habido muertos ni disparos, sino porque estamos hablando de un crimen de agresión militar a un país sin ejército.
Desde un inicio, el Gobierno de la República fue enfático en calificar la acción nicaragüense como una invasión militar. Estas afirmaciones son palabras mayores que requieren mecanismos de solución con mucha más legitimidad, presteza y fuerza vinculante, si pretendemos la retirada definitiva del Ejército nicaragüense de la isla Calero, así como detener el daño ambiental. Eso es lo que queremos todos los costarricenses, incluidos muchos usuarios de las redes sociales cuyas opiniones don Julio desprecia en su habitual tono burlesco.
El informe del Secretario General de la OEA, aprobado por el Consejo Permanente, no reconoce en ningún momento la tesis costarricense de que las Fuerzas Armadas de Nicaragua deben de retirarse de nuestro territorio. No, lo que hace es pedir el retiro del Ejército para que nuestra Presidenta y el comandante Ortega se sienten a dialogar, como si nuestra soberanía fuera objeto de negociación. Ahora nos toca esperar hasta el 7 de diciembre para que en una reunión de cancilleres dicho informe sea discutido y ratificado. En definitiva, lo que la OEA aprobó no fue lo que pedimos.
Esa es la justificación política detrás de mi propuesta, pero existe también una legal. El artículo 52.4 de la Carta de la ONU es claro en que se puede convocar al Consejo de Seguridad cuando un país cumpla con la condición que señala el artículo 34 de dicha Carta, que dice: “' toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia' o situación que puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.” Este artículo se apega a la tesis defendida por Costa Rica. No somos los únicos en invocarlo al mismo tiempo, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pues ya lo hicieron en su momento otras naciones, incluso Nicaragua. La labor diplomática en el Consejo de Seguridad no será fácil debido al sistema de vetos existente, y por la estrecha relación que hay entre Rusia y Nicaragua que incluye, entre otras cosas, ayuda económica. La ONU no nos ofrece certezas, pero sí una oportunidad para defender nuestra dignidad.
Vuelvo a ser enfático en que debemos respaldar las acciones del gobierno de la presidenta Laura Chinchilla. Es el deber de todos los costarricenses y el mío como expresidente. Mis sugerencias van tan solo en el sentido de alinear los fines que perseguimos con los medios de que disponemos, para detener el intento de Daniel Ortega de modificar en forma unilateral una frontera clara y reconocida por la CIJ. Don Julio insistirá en descalificar mis argumentos y en criticarme personalmente por hacerlos públicos. A diferencia mía, él tiene vía libre para publicar tres veces por semana lo que se le ocurra sobre cualquier tema o sobre mi persona, mientras que yo solo le respondo cada diez años. Allá él si quiere seguir difamándome. Pero sí debo ser claro en afirmar, en respuesta a su columna del viernes 19, que no me da pena defender lo que creo. Tampoco me da pena, ni temor, defender a Costa Rica, como posiblemente a él sí le dio, cuando en 1987 se alineó con el presidente Ronald Reagan y “la contra” nicaragüense para oponerse a mi Plan de Paz para Centroamérica.
Argumento infame. Hoy, don Julio está usando el mismo argumento infame de hace 23 años, al afirmar que si Daniel Ortega ganaba las elecciones en 1990, quedaba en evidencia que el único propósito de mi iniciativa de paz era legitimar su gobierno. Dice ahora que mi sugerencia de acudir a la ONU es “hacerle un favor a Ortega”, olvidando que el año pasado mi gobierno defendió con firmeza nuestra integridad territorial ante las absurdas pretensiones de Nicaragua, que son las mismas de ahora. En ningún momento permitimos que una mal planteada política de buena vecindad hipotecara nuestra soberanía. Cuando Edén Pastora intentó iniciar el dragado, tomamos las medidas necesarias para evitar cualquier afectación a nuestro territorio, tarea liderada con total éxito por mi canciller Bruno Stagno.
Don Julio ha estado cerca y lejos de gobiernos, con oficina en Casa Presidencial durante la administración de don Rodrigo Carazo, o sin ella. En la actualidad es un importante asesor de doña Laura Chinchilla y de doña Viviana Martín, y como tal vetó a algunos aspirantes a ocupar diputaciones y cargos públicos, cual Rasputín criollo. Pero existe un abismo muy grande entre servir a los intereses de un pueblo y creer que los intereses del pueblo deben ser idénticos a los suyos. Don Julio nunca reconocerá que sería bueno para el país acudir a la ONU en estos momentos. Y no lo haría no porque no se pueda convencer de ello, sino porque implicaría desdecirse. Y eso, para quien cree tener el monopolio de la verdad y de la moral, es pedirle lo imposible.
Los gobernantes, en cambio, entendemos que el momento de reconocer errores y enmendar rumbos llegará inevitablemente. Esa es la naturaleza de la tribuna de la democracia. Hoy ya no estoy en ella, pero si tuviera que decir por qué no a la ONU, lo diría. Por ahora, don Julio, mi opinión es sí a la ONU. Usted, no lo dudo, seguirá utilizando su libertad para injuriar, difamar y, de vez en cuando, opinar. Imponer restricciones sobre nuestros pensamientos o abusar de nuestros derechos, es socavar la base de todas las demás libertades. Difundir esa adverten-cia es para mí una tarea sagrada, y por eso no me voy a callar.
