martes, 21 de octubre de 2008

Acusan a Oscar Arias de prevaricato por emitir decreto ejecutivo



Decreto declara minería como asunto de "interés y conveniencia nacional"

Por emitir resoluciones contra la ley o basándose en hecho falsos

Haber considerado un proyecto minero que claramente perjudica el ambiente, la economía y la salud de las personas, ignorando votos vinculantes emitidos por la Sala Constitucional días anteriores, llevaría al presidente de la república Oscar Arias a ser investigado, junto con el ministro de ambiente, Roberto Dobles, por presunto delito de prevaricato.

Tal investigación fue abierta por la Fiscalía General de la República.

El decreto y el negocio

La emisión del decreto ejecutivo en cuestión se debió a que según la Ley Forestal, no se puede hacer uso del suelo en un área boscosa a menos de que el proyecto sea declarado de interés nacional, lo que llevó al gobierno a incurrir en la emisión de tal documento.

La concesión del proyecto, que se desarrollaría en Crucitas, San Carlos, estaría en mano de la empresa Industrias Infinito S.A., que es subsidiada por una transnacional canadiense llamada Vanessa Ventures Inc. Para el desarrollo del proyecto se solicitaba la tala de más de 190 hectáreas de bosque, y tal decreto lo permitiría.

La Sala Constitucional emitió días antes una resolución la cual prohíbe la tala de la especie de árbol "Almendro", la cual es necesaria para impedir la extinción de la lapa verde. Dicha zona boscosa, según abogados ambientalistas, cuenta con gran cantidad de árboles de esta especie.

Las resoluciones de la Sala Constitucional son vinculantes para todo ciudadano, incluyendo al mismo presidente de la república y sus ministros. El haber hecho caso omiso a los votos de estas resoluciones, conllevó a que la Fiscalía iniciaria el proceso de investigación por presunto prevaricato contra estas personas, quienes claramente estaban advertidas de la gravedad de la situación.

 

El impacto

A pesar de que el concesionario debe de presentar un documento de estudio de impacto ambiental, éste no cuenta con la validez suficiente que debate contra la experiencia de la minería tanto dentro como fuera de Costa Rica, cuyas consecuencias, ocasionadas mediante el residuo de cianuro y otros químicos, la sedimentación y la inutilización del suelo explotado, tiene graves consecuencias irreversibles en la salud humana y en la economía.

La empresa se habría comprometido a realizar un plan de reforestación de la zona, en un plazo que no precisan pero que mencionan es cercano a los 11 años.

El proceso de minería daña gravemente el suelo, el paisaje natural, y contamina la tierra, los acuíferos y ríos cercanos que generalmente se encuentran cerca de estas zonas explotadas por el enorme uso de agua que conlleva el proceso de explotación.

Una vez emitido el decreto, de inmediato la concecionaria inició las obras y causó gran daño ambiental, según informa el presidente de Unión norte por La Vida (UNOVIDA). Al día de hoy las operaciones se encuentran suspendidas por la acogida que tuvo ayer el recurso de amparo presentado por representantes de la misma organización.

 

Próximas actividades

Ante todo esto, el jueves en la mañana en Ciudad Quesada los ciudadanos y grupos ecologistas realizarán un "piquete" frente a las instalaciones la empresa Industrias Infinito S.A., concesionaria de las obras. Según Edgardo Araya, allí mismo estarán realizando una exposición fotográfica demostrando el daño causado por la minería abierto, por lo que invitan a la ciudadanía e interesados en asistir.

Las organizaciones ecologistas opuestas a la minería brindarán una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa este viernes a las 10 de la mañana.

El viernes 14 de noviembre a partir de las 9 de la mañana se realizará una marcha desde el liceo de San Carlos hacia el edificio municipal de la localidad.

En los próximos días, se están planeando sobrevuelos en la zona para poder identificar y demostrar el daño causado, así como para realizar los estudios que puedan dar a conocer cual es el área afectada, pues el ingreso a la zona es de difícil acceso.

Estos últimos datos fueron facilitados por el abogado Freddy Vargas, y confirmados por Edgardo Araya, abogados ambientalista y presidente de Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), quien también interpuso el recurso de amparo que detuvo las operaciones de tala en la zona.

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