Se avecina huelga histórica
“Golpearán duramente nuestros salarios si no nos movemos”
Eliminar los incentivos salariales, imponer el salario único, disminuir las pensiones, gravar el salario escolar y el aguinaldo y restringir el crédito, son algunas de las amenazas del Gobierno neoliberal de Laura Chinchilla contra los trabajadores de la educación y del sector público en general.
La presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Beatriz Ferreto, advirtió que “mínimo vamos a perder, en el sector educativo, el 50% del salario si no nos movemos”.
“Pero la historia nos ha enseñado que no debemos llamar a huelga sin preparación; por eso, estamos en la etapa de información y concienciación sobre cuáles son los objetivos y los peligros de esta lucha”, aseveró la dirigente a los estudiantes del primer nivel de la Escuela de Formación Sindical Luisa González Gutiérrez el sábado 9/2/2013.
Hay suficientes motivos en este momento para declarar una huelga, y “la APSE está haciendo todos los esfuerzos necesarios para ir en unidad con las demás organizaciones sindicales porque todos somos trabajadores de un mismo patrón y todos saldremos perjudicados con las políticas antidemocráticas del Gobierno”.
Contra el salario. “La Asamblea Legislativa tiene los votos suficientes para quitarnos nuestros derechos, como hicieron con los médicos, que les cambiaron el cálculo de los sobresueldos”, explicó Ferreto López.
La supresión de los pluses salariales está contemplada en el anteproyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público.
Esta iniciativa gubernamental también elimina el subsidio de las incapacidades, las cuales no serán calculadas para otros derechos laborales, como el aguinaldo.
El ministro de Hacienda, Édgar Ayales, consideró “inadmisible” que no se grave con el impuesto de renta el aguinaldo y el salario escolar. “Aunque la presidenta Laura Chinchilla dice que se debería empezar por gravar a los sectores más poderosos, los trabajadores quedamos notificados de la intención del Gobierno”, advirtió la dirigente.
De gravarse el aguinaldo y el salario escolar el sueldo del trabajador tendría una rebaja del 25%. Existe un millón 800 mil trabajadores de la empresa privada que se verían afectados con la reducción del aguinaldo, pero si alzan la voz son despedidos de inmediato.
Mientras tanto, las grandes empresas no pagan impuestos, debido al tratado TLC Estados Unidos-Costa Rica, pero para cubrir el déficit fiscal les caen encima a los trabajadores.
“El ministro Ayales, empoderado a raíz de lo que les hicieron a los médicos, anunció que impulsarán proyectos de ley sobre los incentivos, y prueba de ello es que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura, convocó, para el jueves 21 de febrero, a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, a fin de discutir el anteproyecto de ordenamiento de las remuneraciones”, informó la presidenta de la APSE.
Recordó que el gobierno liberacionista envió, en 1982, a la Asamblea Legislativa, dominada por los oficialistas, el proyecto de Ley de Incentivos de Profesionales en Ciencias Médicas, tras una huelga de médicos que duró 42 días; sin embargo, ahora se desdice de lo que les dieron y alegan que esos derechos laborales tienen quebrado el fisco.
La Caja Costarricense del Seguro Social está en problemas financieros por la evasión fiscal, la morosidad de los patronos, la pérdida de miles de millones en medicamentos vencidos, los sueldos de los puestos gerenciales, entre otras causas, pero no por los salarios de los trabajadores.
La dirigente insistió en la buena preparación para ganarle a un gobierno que sabe que cuenta con los votos necesarios para quitarnos derechos, como zonaje, zona de menor desarrollo, anuales, recargos, incentivo didáctico, aguinaldo, dedicación exclusiva y carrera profesional.
El informe del grupo de los notables también propone el salario único y la obtención de los incentivos con base en la productividad. En las actas de esta comisión se recomienda el cierre de plazas y disminuir el monto de las pensiones de los gremios.
Menos créditos. Otra de las causas de la próxima huelga es la presión del Gobierno en la política crediticia de la entidad financiera de los trabajadores de la educación.
El Banco Central recomienda a la Caja de ANDE que disminuya la cartera crediticia y realice otros cambios; de lo contrario, será multada con sumas cercanas a los ¢6.000 millones, al estar bajo la normativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), lo que favorecería a los entes financieros privados.
Se trata de una directriz emanada del Gobierno liberacionista como parte del plan para mantener el valor del colón y sostener el índice inflacionario falsamente bajo.
“No obstante, somos nosotros los que tenemos la palabra. Se trata del dinero que nos rebajan por ley mes a mes, y ahora nos vienen a decir que a los dueños de la Caja de ANDE no nos pueden prestar”, dijo la presidenta de la APSE.
Pensiones. Cuando empiecen a pensionarse los 70 000 trabajadores de la educación del Régimen de Capitalización Colectiva, administrado por la Jupema, los recursos, presuntamente, se podrían agotar.
Dadas las exigencias de la Superintendencia de Pensiones (Supen), que responden a una directriz del Gobierno de Laura Chinchilla, se pretendía retrasar la edad para pensionarse entre los 60 y 65 años y bajar el perfil de beneficios.
Sin embargo, tras el rechazo categórico de la APSE y del Magisterio, se integró una comisión con el objetivo de buscar la manera de aumentar la cartera crediticia para nutrir las arcas del sistema de pensiones del magisterio.
La presidenta Ferreto López dijo que hay que prever que cuando vayamos a la huelga nos pueden rebajar el salario, como ya lo hicieron con los trabajadores de la CCSS, pero las pérdidas no son comparables con las generadas si el Gobierno logra imponer su política salarial y de empleo público.
Norma Umaña
Prensa APSE
24-47-78-00, ext. 307
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