Proyecto de referéndum de la CCSS
Asociación pretende privatizar 3 puestos de Junta Directiva
· Diputados de la Comisión Especial Investigadora de la CCSS recomiendan a la ciudadanía abstenerse de firmar la solicitud de consulta popular
Los diputados que integran la Comisión Especial Investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la Asamblea Legislativa rechazan el proyecto de consulta popular que pretende modificar la ley constitutiva de la institución.
La iniciativa, promovida por un ente privado, propone que los tres puestos que nombra el Poder Ejecutivo dentro de la Junta Directiva de la CCSS, sean designados por la Asamblea General de la Asociación Nacional de Asegurados de la CCSS (ANACCS).
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó la recolección de firmas para convocar a un referéndum que decida sobre la aprobación o rechazo del proyecto.
Los representantes de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario (ML), Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN) firmaron un manifiesto en contra de la iniciativa.
Para los legisladores, es grave que un grupo privado como ANACCSS tenga la potestad de nombrar los representantes de la Junta Directiva de la CCSS. El manifiesto denuncia, además, que ANACCSS carece de reglas claras para una elección, lo cual generaría falta de transparencia y exclusión.
El manifiesto solicita a la ciudadanía abstenerse de firmar la solicitud de referéndum y exigir claridad sobre los objetivos del proyecto. El texto es firmado por Walter Céspedes Salazar (PUSC), Gustavo Arias Navarro y Carmen Granados Fernández (PAC), Alfonzo Perez Gomez, Carolina Delgado Ramírez y Siany Villalobos Arguello (PLN), Rita Chaves Casanova (PASE), José María Villalta Florez-Estrada (FA) y Patricia Pérez Hegg (ML).
“Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión Legislativa, sin distingo de Partido Político, manifestamos nuestro rechazo a la iniciativa que intenta ser objeto de referéndum; ya que en la realidad, resulta contrario a los principios de participación y democracia, que falazmente dicen que propicia”, señala el manifiesto.
Las y los legisladores coinciden en la necesidad de abrir espacios de participación efectiva, para las aseguradas y asegurados, en todas las instancias de la CCSS, incluyendo la Junta Directiva, para garantizar la transparencia y la equidad en la toma de decisiones.
Contacto: Diputada Carmen Granados Fernández (Cel. 8703-6819)
Contacto: Diputado Gustavo Arias Navarro (Cel. 8380-6347)
MANIFIESTO PÚBLICO
La Comisión Especial Investigadora de la Caja Costarricense del Seguro Social, manifiesta ante la ciudadanía y las organizaciones sociales, lo siguiente:
CONSIDERANDOS
1. Que el Plenario Legislativo encomendó a esta comisión especial evaluar e investigar las causas, responsabilidades y responsables de los problemas de la Caja Costarricense de Seguro Social y proponer las soluciones y los correctivos necesarios para que esta cumpla los objetivos constitucionales asignados.
2. El 18 de octubre de 2011, el Dr. Walter Muñoz Céspedes y otros, presentan oficio ante el TSE para la convocatoria de un referéndum en la modalidad de iniciativa ciudadana o referéndum ciudadano.
3. Mediante resolución Nº 2915-E9-2012 del TSE del 16 de abril de 2012, se autoriza la recolección de firmas con el texto corregido a criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
4. El proyecto de ley que se pretende someter a referendo busca reformar el artículo 6, inciso 3) de la Ley Constitutiva de la CCSS para sustituir los tres representantes de la junta directiva que hoy nombra el Poder Ejecutivo, por representantes de las personas aseguradas que serían nombradas en la Asamblea General de la Asociación Nacional de Asegurados de la Caja Costarricense del Seguro Social que se estaría convocando para tal efecto.
5. La Asociación Nacional de Asegurados de la CCSS es una organización privada que inició funciones ante el Registro Nacional el 11 de mayo de 2011, es decir tan solo 5 meses antes de que se solicitara al TSE la recolección de firmas para el Referéndum. Ésta asociación fue fundada únicamente por 23 personas, y de acuerdo con el acta constitutiva, para poder votar en la Asociación Nacional de Asegurados de la CCSS se requiere ser miembro fundador o activo, y para estar activo se necesita la aprobación unánime de la Junta Directiva y pueden ser expulsados por la mitad más uno de la Asamblea General, a solicitud de la Junta Directiva, controlando quienes ingresan y quienes se mantienen.
6. En el proyecto de ley, no se regula el funcionamiento de la asamblea, por lo que queda a la libre conveniencia de los fundadores, la operación de dicha Asociación privada; es decir, quedan con absoluta discrecionalidad para definir en sus estatutos, la forma en que regularán la participación de los asociados en la designación de los miembros de la junta directiva. De manera que, una institución autónoma tendría nombramientos definidos ex lege por una institución privada; lo cual es altamente peligroso y desnaturaliza la separación entre lo público y privado.
7. El artículo 10 de la Constitución Política, impide la usurpación de las funciones públicas; pero, con lo contenido en el proyecto para el referéndum de la CCSS, la asociación señalada estaría sustituyendo al organismo de dirección de una entidad pública; situación que ni una ley podría venir a autorizar. Porque además, en su carácter privado, quedaría exenta de los controles públicos necesarios para garantizar la transparencia.
8. La Ley 4-3 permite que el Poder Ejecutivo sea quien nombre la dirección de todas las autónomas, lo que no permite tener gerencias modernas con alta capacidad técnica y representación de la ciudadanía. Sin embargo, la representación que debemos buscar, debe garantizarse con mecanismos transparentes y que no generen actos de discriminación o excluyentes para las mayorías, como propone la ANACCSS.
9. A través de la investigación de la comisión especial sobre la problemática de la CCSS, se ha logrado determinar la necesidad de una verdadera participación ciudadana en las instancias de la CCSS, así como despolitizar y tecnificar las decisiones en la junta directiva. Sin embargo, la propuesta de proyecto de referéndum, en lugar de contribuir a esto genera un privilegio odioso a favor de un pequeño grupo de orden privado.
10. Walter Muñoz y la Asociación Nacional de Asegurados (ANACCSS), están justificando este referéndum, señalándole a la ciudadanía que con esta reforma a la Ley Constitutiva se resolverán los problemas de las listas de espera. Esto es un claro engaño, porque las largas filas no se resolverán dándole participación a un grupo privado como pretenden ellos.
11. En el proyecto también se elimina la restricción a que en la Junta Directiva, participen funcionarios de la CCSS (como prevé hoy la Ley Constitutiva), y esto responde a que al quitar la restricción, el señor Muñoz podría llegar a ser miembro de la Directiva de la CCSS, aunque siga trabajando como médico para la institución.
POR TANTO
Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión Legislativa, sin distingo de Partido Político, manifestamos nuestro rechazo a la iniciativa que intenta ser objeto de referéndum; ya que en la realidad, resulta contrario a los principios de participación y democracia, que falazmente dicen que propicia.
Es necesario abrir espacios de participación efectiva, para las aseguradas y asegurados, en todas las instancias de la CCSS, incluyendo la Junta Directiva para garantizar la transparencia y equidad en la toma de decisiones. Pero no es dando, a un grupo privado, la representación de la colectividad, que se logrará este propósito; ya que por definición, al ser privado y sin reglas claras, lo que hace es propiciar la exclusión y la falta de transparencia.
Se solicita a la ciudadanía abstenerse de firmar la solicitud de referéndum y exigir que se le aclare la realidad de los objetivos de la misma.
Se solicita a las organizaciones sociales, tales como el Magisterio Nacional, cooperativas, asociaciones solidaristas, sindicatos, colegios profesionales y otras, que alerten a sus agremiados y a la ciudadanía en general sobre los riesgos que implica el proyecto que se sometería a referéndum.
