Grupos de opositores se enfrentaron hoy a la policía frente a la Asamblea Nacional de Panamá en incidentes motivados por el debate de proyectos de ley del oficialismo que prevén la venta de acciones del Estado en compañías de electricidad y telefonía.
A las puertas de la Asamblea, en el centro de la capital, grupos de sindicalistas y simpatizantes de la oposición quemaron neumáticos y se enfrentaron a empujones con la policía antidisturbios, que lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes.
Los incidentes incluyeron enfrentamientos entre agentes y diputados opositores, mientras que la tensión en el interior de la Asamblea llevó a que se registraran gritos, empujones y amenazas de golpes entre legisladores de oposición y afectos al Gobierno del presidente Ricardo Martinelli.
La iniciativa de la mayoría oficialista de aprobar una reforma legal para permitir la venta de acciones del Estado en las empresas telefónica y eléctrica, así como de ratificar a tres magistrados de una sala del Supremo designados por Martinelli, generaron las protestas.
La sesión legislativa, convocada de manera extraordinaria, ya había sido suspendida ayer en medio de desórdenes provocados por el público presente en la sala, por lo que la Asamblea amaneció hoy rodeada de policías que impedían la estrada de espectadores.
Algunos diputados opositores denunciaron que fueron rociados con gas pimienta cuando forcejeaban con los policías, a los que reclamaban su presencia en la sede legislativa y que impidieran la entrada a grupos de simpatizantes opositores agolpados en la calle.
El diputado Rubén De León, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentó algunos síntomas de ahogo tras ser rociado con gas pimienta, pero fue atendido por los servicios médicos del Parlamento y se incorporó a la discusión en el pleno.
El oficialismo anunció el lunes, tras la suspensión de la sesión después de que dos simpatizantes opositores irrumpieran en el hemiciclo, que tomaría medidas para "garantizar la seguridad" de los diputados y periodistas.
"No puede haber debate hoy (...) porque mientras quieren pasar (el oficialismo) la venta de las acciones (...) el pueblo panameño se está despertando", afirmó De León al exigir la suspensión del debate de este martes.
El diputado opositor, lo mismo que sus correligionarios, exigió dicha suspensión "hasta que se aclare quién ordenó" la presencia de la policía en la sede legislativa, lo que, insistió, infringe las normas de ese poder del Estado.
El oficialismo insistió este martes en que los desórdenes forman parte de un plan político que atribuye a la oposición.
En el pleno del lunes el ministro de Finanzas, Frank de Lima, explicó que el Gobierno quiere vender su 49% de acciones que posee de la telefónica Cable & Wireless y que depositará cerca de la mitad de lo obtenido en el recién creado Fondo de Ahorro Panameño.
Cable & Wireless ingresó en el mercado panameño en 1997, al comprar por 652 millones de dólares el 49% de las acciones del entonces estatal Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel), mientras que el restante 2% quedó en manos de los trabajadores.
El Gobierno también ha expresado su intención de vender el 49% de las acciones que posee en las empresas eléctricas, entre ellas la española Unión Fenosa, para invertirlo en proyectos nacionales.
La oposición rechaza esas ventas por considerar que el Gobierno de Martinelli está endeudando al país.
La mayoría oficialista también quiere ratificar en este período de sesiones extraordinarias la designación de los tres magistrados de la Sala V de la Corte Suprema de Justicia, creada durante el gobierno del Ernesto Pérez Balladares (1990-1994).
La reaparición de la Sala V es rechazada por la oposición porque, según sus dirigentes, permitirá a Martinelli "controlar" el Supremo al haber nombrado siete de los doce magistrados que la integrarán, lo que en realidad no impide la ley.
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