Director de la PCD persigue a funcionario por denunciar irregularidades en caso de exdiputada Maureen Ballestero

Saludos queridas almas: El año pasado, un oficial de la Policía de Control de Drogas (PCD) denunció anónimamente al Semanario Universidad, que había sido asignado como chofer personal de la diputada Maureen Ballestero, sin existir convenio que le diera un agente de la PCD como empleado a la diputada Ballestero. Aunque no se conocía la identidad del denunciante, un oficial es actualmente perseguido por el Departamento Disciplinario del Ministerio de Seguridad Pública. Como curiosidad, el Director de la PCD es cuñado de la exdiputada aviadora. Este tipo de situaciones, solo ponen en evidencia que los funcionarios públicos no pueden denunciar irregularidades, porque serán perseguidos. Si ustedes leen la resolución que se aporta al final de este post (de la cual se protegen los nombres por ser funcionarios de la PCD) el director de la PCD se basa en conjeturas y suposiciones para solicitar un procedimiento disciplinario contra uno de sus agentes. Se hicieron denuncias en la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción sobre el caso Ballestero y como resultado, no se sanciona a los altos jerarcas y políticos, sino que administrativamente se persigue al denunciante. Esto es un claro mensaje del gobierno para amedrentar a los funcionarios públicos (No olvidemos la cacería de brujas que se tienen contra los funcionarios del Ministerio de Hacienda por pegarle el color al exministro Herrero). Desde este Infierno repudiamos la persecusión contra este oficial, y vemos con preocupación que la única salida que tienen los funcionarios públicos, es realizar sus denuncias de forma anónima en internet o en los medios de comunicación tradicionales. Lamentablemente en este país, solo cuando se hacen escándalos es que las cosas mas o menos caminan. Además si los funcionarios denuncian ante las instancias administrativas o judiciales, existe gran probabilidad de ser perseguidos, y cuando eso suceda,NADIE estará allí para apoyarlos, y les tocará invertir de su propia bolsa para abogados y extenuantes procesos, con el peligro latente de quedarse sin brete. Hasta que no exista una real protección a los denunciantes, no se puede confiar en el Estado. No podemos parar la lucha contra la corrupción en este país, los funcionarios públicos y los ciudadanos en general, somos los llamados a fiscalizar lo que ocurre en la función pública y a denunciar las irregularidades que aparezcan. Pero se deben tomar medidas para preservar la seguridad propia. ¡Al infierno la persecusión laboral contra funcionarios que denuncian actos de corrupción!